En el seno de la Policía Canaria no hay unanimidad a la hora de definir la situación actual de la plantilla. Los propios sindicatos mayoritarios -Co.bas y CCOO- tienen visiones distintas sobre las secuelas que han dejado años de conflictos internos, fluctuaciones en la plantilla y las consecuencias del llamado caso ladrillo, cuyas repercusiones llegan hasta el día de hoy con salidas de agentes y un bajo estado anímico general del que da cuenta un informe realizado por un psicólogo el año pasado, tras mantener entrevistas con la plantilla.

Entre los problemas observados figuran la desprotección, indefensión desde los mandos, división interna, sin espíritu de equipo, toma de decisiones sin tenerlos en cuenta o falta de comunicación. En el informe se expone como retos para este año la necesidad de apoyo político por tratarse de una organización aislada que ha tenido que sobrevivir, donde se hace mucho y de poca calidad y lo que debería es hacerse poco y de más calidad. Ante la ampliación que se prevé lo que se aconseja es "no crecer tanto hacia delante sino afianzar hacia atrás".

Ante las nuevas perspectivas que se abren para el cuerpo desde la entrada del cuatripartito, se demanda que se explique con claridad cuál es el modelo de policía que pretende desarrollar la Consejería que preside Julio Pérez, algo que aún no se ha expuesto a la plantilla.

Los sindicatos han calculado que para que la Policía Autonómica Canaria pueda asumir la totalidad de las competencias que prevé la ley y el Estatuto harían falta hasta 2.500 efectivos, algo que hoy por hoy es una quimera ya que no será una realidad sino a más largo plazo.