La fiscal Anticoprrupción, María Farnés, ha remitido un informe a la magistrada del Juzgado Número 2 de La Laguna, que instruye el 'caso Grúas', en el que solicita una ampliación de la exposición razonada que la jueza Celia Blanco ha remitido al Supremo --por la condición de aforado de Fernando Clavijo en calidad de senador--.
El escrito de la Fiscalía ve "incompleto" el expediente de la jueza porque aún está abierta la fase de instrucción, incluida la declaración de testigos, y sostiene que cabe imputarle a Clavijo un delito de prevaricación continuada y mantener el de malversación de caudales públicos.
Así, entiende que ante los incumplimientos "graves" de la concesionaria del servicio, el Ayuntamiento tenía que haber rescatado la empresa y no otorgarle un préstamo de 120.000 euros, funcionando como "una entidad bancaria", y menos aún prorrogar el contrato durante cinco años.
Sobre la compra de las acciones a los trabajadores de la empresa en 2011, la fiscal sostiene que la operación no se comunicó al Ayuntamiento, si bien era conocida por el propio Clavijo en su condición de alcalde.
La Fiscalía tilda de "fraude" que la persona que ostenta la concesión del servicio de grúas "no tiene nada que ver" con la que ganó el concurso público para su adjudicación.
En cuanto al delito de tráfico de influencias, solicita un auto de sobreseimiento porque no ha quedado acreditado que Clavijo haya ejercido alguna influencia sobre los funcionarios o alguna autoridad, sino más bien, "sobre un particular" para que empleara a determinadas personas o les vendiera participaciones de la empresa.
