Todas las tardes -salvo cuando se ha desatado alguna ventolera política o se desarrolla un debate crucial como la investidura o los presupuestos generales- la sesión plenaria se remansa. La luz de las lámparas parece atenuarse ligeramente, se escapan algunos plácidos bostezos y se aminoran los corrillos chismosos. El Gobierno y sus señorías han almorzado en los restaurantes y tascas de los alrededores, que da gloria verlos chascando consensualmente, y la digestión invita a tomarse las cosas con una tranquilidad que está más allá del bien y del mal y más acá del almax, y así el pleno entra en una mineralización que dura una hora u hora y media y media, hasta que culmina el trámite estomacal y se evaporan los efluvios alcohólicos. Pero Francisco Déniz, diputado de Sí Podemos, debió almorzar poco, como lo hace la gente de izquierda que no se ha vendido al capital ni a los codillos ni a las cigalas, y decidió ponerle marcha a una proposición de ley presentada por Lorena Hernández, diputada del Partido Popular, que pudiera definirse como una ciudadana vocacionalmente céntrica, centrista y centrada.
Al parecer la señora Hernández sintió auténtica congoja por ciertas afirmaciones del señor Déniz, en las que invitaba a la Consejería de Educación del Gobierno autonómico a revisar los conciertos escolares, cuyo plazo de vencimiento -y en su caso, que lo suele ser, renovación- llegará en el 2023. La sugerencia de Déniz es harto razonable, pero Hernández presentó una proposición no de ley sobre la libertad de los padres para elegir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos. Era relativamente fácil calmar los temores de la diputada Hernández, pero no: se optó por insistir no en que se trataba de una reclamación confusa y confundida, sino en un rasgo de maldad de la derecha españolista. Y eso es a lo que se dedicó Déniz básicamente, a dibujar una conspiración entre los obispos y unos vivales para extraer recursos públicos. Peor aún: Déniz opinó (supuestamente su grupo parlamentario opina) que lo que quieren los padres de derechas es adoctrinar a sus hijos en las monstruosidades del catolicismo, y que los paguemos todos. Los padres de izquierdas -cabe deducir- son buenas personas que no quieren adoctrinar a nadie, y les basta, humildemente, con que sus hijos sean de izquierdas, como ellos. Déniz hablaba con una gran determinación en su habitual estilo pedregoso y divagatorio y con los ojitos muy cerrados: cada vez se parece más al gran Darío López, de Palante Producciones. La única diferencia estriba en que Darío López es gracioso y no pretende saber de lo que habla.
Lorena Hernández se cabreó mucho, aunque lo simuló bastante. Los diputados de la mayoría se dedicaron a cantar coralmente las bienaventuranzas de la educación pública. Ciudadanos y Coalición Canaria presentaron enmiendas. Réplicas y contrarréplicas perfectamente redundantes. Déniz insistió en que él y otros como él estaban en el Parlamento porque existían escuelas públicas, universidades públicas, un sistema de becas públicas. Como el diputado de Sí Podemos cursó sus estudios en los años setenta lo suyo pareció un elogio a la política de becas del tardofranquismo como inmejorable ascensor social. Sin embargo, la mejor intervención del debate -y de la tarde- fue la de Juan Manuel García Ramos, que se limitó a señalar que sería interesante conocer cuántos diputados de los que iban a votar contra la PNL del Partido Popular tenían hijos o hijas en colegios o centros concertados. La indignación ardió en los escaños de la mayoría e incluso el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, le afeó la conducta al diputado y catedrático universitario. "Usted sabe muy bien que eso no es pertinente, le dijo dirigiéndole una severa mirada de reproche. Un reproche un fisco sorprendente. La curiosidad de García Ramos es perfectamente pertinente. Cosa distinta es que sea incómoda porque, en efecto, una docena de diputados que rechazaron la proposición no de ley de los conservadores -calculando por lo bajo- tienen a sus descendientes matriculados en centros concertados.
Más impertinente o inconsecuente, en fin, se antojó la negativa de Nueva Canarias a que se instara a través de otra proposición no de ley acelerar el traspaso de competencias al que obliga el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por las Cortes hace un año. Los del nacionalismo dizque progresista un día se van de copas electorales con CC y otras pues lo de demandar las nuevas competencias no lo ven claro. Para excusarse los novocanarios explicaron que el Gobierno español está en funciones, algo que vacía de sentido una proposición no de ley, pero que no impide reiteradas visitas, promesas y piropos de sus ministros y secretarios de Estado.
La última jornada del pleno -celebrada ayer- ya fue un desmayo que se prolongó agónicamente hasta el mediodía, con comparecencias de la consejera de Turismo y la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación. Son dos consejeras con las que habitualmente no se mete nadie. En el primer caso porque poquísimas de sus señorías (quizás la única excepción es Ricardo Fernández de la Puente, vice de la Caja de Pandora en tiempos de Paulino Rivero) tiene la más pajolera idea de la industria turística; en el segundo, porque la mayor parte de las acciones y los programas de Agricultura y Pesca están alimentados por el sentido común y una cierta tradición de gestión bien hecha. Alicia Vanoostende responde con una invariable cordialidad y precisión a las preguntas de los diputados y sus comparecencias son un modelo de laconismo, respeto a los hechos e información contrastable. Algunas de sus señorías cuchichean con cierta malevolencia que la señora Vanoostende - nacida en Bruselas y licenciada con un excelente expediente en la Universidad Politécnica de Valencia - parece más una eficiente jefa de Servicio que toda una consejera del Gobierno autonómico. Sin embargo, la consejera tiene ya cierta experiencia política acumulada en su isla, La Palma, y no es ni quiere ser una simple tecnócrata. En todo caso, no le vendría mal a este Gobierno, a cualquier Gobierno, que tres o cuatro de sus consejeros pudieran confundirse con jefes de servicio competentes. La tendencia es la contraria: los responsables políticos de los cabildos pretenden seguir designando a los directores insulares a dedo. Se comenta que el Ejecutivo regional los comprende. Los comprende sinceramente. Cuando ayer acabó el pleno y Matos levantó la sesión todo quedó vaciado en apenas dos minutos. Ningún jefe de Servicio corre tanto.
