La Federación Canaria de Islas (Fecai) pretende seguir con su iniciativa de modificar la Ley de Cabildos 8/2015 para flexibilizar la designación de directores insulares y lo quiere hacer con una enmienda a los presupuestos de la Comunidad de 2020 que, en principio, presentará el Grupo Socialista. Este procedimiento, sin embargo, rompe con uno de los acuerdos del actual Gobierno regional, que había decidido desligar durante este mandato la ley presupuestaria de cualquier modificación de normas para que el trámite de enmiendas a las cuentas no se convierta en un cajón de sastre sin la fiscalización previa del Consejo Consultivo de Canarias, que nunca entra en lo enmendado.

Esta modificación trata de permitir a los gobiernos de cada isla elegir a directores insulares de diversos departamentos no solo entre el personal funcionario, sino entre otros perfiles, tal y como ocurre con el Gobierno regional.

El primer sorprendido ayer ante la intención de la Fecai de tramitar el cambio mediante una enmienda a la cuentas fue el propio vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Según admitió a este periódico en los pasillos de la Cámara mientras se desarrollaba el pleno ordinario, desconocía esa pretensión, el contenido de la enmienda ya trabajada y acordada en el seno de la Fecai y la fórmula para consumar el cambio. Frente a este proceso, Rodríguez subraya que existen sentencias del Tribunal Constitucional que han anulado el uso de las enmiendas a los presupuestos para modificar otras leyes y recalcó que es esta razón, precisamente, la que llevó a los miembros del Ejecutivo a acordar que las cuentas regionales no sirvieran para colar cambios en otras normas.

El vicepresidente (NC) dice que tendrán que analizar la situación dentro del Gobierno y de los partidos que lo apoyan para decidir cuál es la fórmula por la que finalmente apuestan, pero la contradicción o, al menos, la descoordinación entre su planteamiento y el de la Fecai y otros grupos gubernamentales resultó ayer palmaria.

Su compañero y portavoz de NC, Luis Alberto Campos, admite que el Ejecutivo había apostado por evitar esta vía para modificar leyes, entre otras cosas porque no se puede pronunciar el Consultivo. No obstante, también matiza que "a veces se bordean estos acuerdos" y recuerda que en el pasado fue una práctica habitual, por lo que no cree que haya problemas para que los firmantes del 'Pacto de las flores' lleguen a un consenso sobre la enmienda.

Aunque no discrepa sobre la necesidad del cambio y de usar para ellos las modificaciones del presupuesto, el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y presidente del Cabildo de su Isla, Casimiro Curbelo, sí teme que lo que se apruebe sea anulado luego a escala estatal o por los juzgados. Eso sí, remarca que, al menos en los cabildos más pequeños, los gobiernos se topan muchas veces con dificultades para encontrar perfiles idóneos entre los funcionarios para labores que considera claramente políticas, por lo que ve bien el cambio.

La enmienda la ha trabajado, sobre todo, la diputada socialista y presidenta del Cabildo de Lanzarote, Loly Corujo, y sus técnicos. Según remarca, el texto está muy bien atado jurídicamente, por lo que rechaza el temor de Curbelo y cree totalmente justificada la medida. De la misma opinión es el portavoz de grupo, Iñaki Lavandera, quien da por hecho que la ley se cambiará como prevén en este trámite.

Sin embargo, otra voz potencialmente discordante dentro del pacto puede ser la de Unidas Podemos. Su portavoz, Manuel Marrero, cree que se debe regular "de una vez" la elección de este tipo de cargos para eliminar "tanta" discrecionalidad de los partidos, aunque se mostró cauteloso sobre la postura final de su partido hasta que lo analicen "con los compañeros de Las Palmas".

La enmienda puede presentarse hasta el próximo 5 de diciembre y se canaliza como disposición final. Este periódico tuvo acceso ayer al documento que ha consensuado y modificado la Federación Canaria de Islas , si bien aún puede experimentar algunos pequeños cambios hasta su presentación. En el primer cambio que formula, y en su apartado número 2, propone que la designación "de los altos cargos de los cabildos que no reúnan la condición de miembros electos de la corporación insular se hará por el Consejo de Gobierno a propuesta del presidente entre personas que reúnan los requisitos de idoneidad exigibles para los altos cargos de la Comunidad, así como los de titulación o condición de funcionario previstos en esta Ley, sin que sea de aplicación el régimen jurídico del personal directivo previsto en la legislación reguladora de los empleados públicos".

También propone que se les aplique el régimen jurídico de los altos cargos de la Comunidad, "salvo las disposiciones de carácter organizativo y los órganos competentes, que se regirán por lo establecido en la legislación de régimen local, en esta ley y en los reglamentos orgánicos que se aprueben por los cabildos".

En su justificación, la enmienda se asienta en un texto de Rafel Jiménez Asensio, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, quien alude a la sentencia del Constitucional número 103/2013 para defender la modificación.