Los cabildos plantean una modificación en la designación de sus altos cargos para que se rijan por el mismo sistema que en la Comunidad Autónoma, es decir, que sean nombrados y cesados por quien les elige y no a través de concurrencia pública. Por ello la Federación Canaria de Islas (Fecai) propondrá a los grupos parlamentarios una enmienda parcial a la ley de presupuestos autonómicos para modificar la Ley de Cabildos y que se puedan elegir a los directores generales e insulares por criterios políticos y no de formación, competencia profesional o experiencia.

El artículo 78 de la ley 8/2015 de Cabildos Insulares recoge que "el nombramiento de las personas titulares de las coordinaciones técnicas, direcciones insulares y demás órganos directivos del cabildo insular deberá efectuarse de acuerdo a criterios de formación, competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1".

El presidente en ejercicio de la Fecai, Antonio Morales, explicó que la asamblea de los presidentes insulares trasladará a los grupos parlamentarios una propuesta de enmienda "para que la normativa de aplicación de los directores insulares y directores generales de los cabildos se rija por la misma norma que los altos cargos de la Comunidad Autónoma".

El presidente de la Corporación insular de Gran Canaria justificó que "un director general del Gobierno de Canarias es un cargo político que cesa en el momento que cesa también el cargo público que lo ha designado y esto no sucede en los cabildos". En las corporaciones insulares el nombramiento de un director insular o un coordinador tiene, según la legislación vigente, que pasar por un proceso de concurrencia pública y selección. "Lo que queremos es que los criterios sean los mismos que rijen para los directores generales de la Comunidad ?Autónoma", aseveró Morales.

Competencias políticas

El presidente grancanario puntualizó que se trata de elegir por este sistema a los cargos que tengan competencias políticas, mientras que los responsables técnicos seguirán teniendo un proceso de selección de méritos tal y como contempla la ley. El texto de la enmienda se pasará a todos los grupos políticos del Parlamento y no sólo a los que respaldan al Ejecutivo formado por PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera.

La aplicación de lo estipulado en la Ley de Cabildos y en otras normas como el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público ha traído no pocos quebraderos de cabeza a los cabildos, entre ellos el de Gran Canaria. El nombramiento de directores generales e insulares sin publicidad ni concurrencia ha sido motivo de impugnaciones y recursos en los juzgados y hay varias sentencias que han dado la razón a los recurrentes, tanto grupos políticos de la oposición, como asociaciones profesionales e incluso la propia Comunidad Autónoma.

En el caso del Cabildo grancanario, en varias ocasiones el grupo de gobierno ha realizado nombramientos de altos cargos a dedo pese a las sucesivas anulaciones judiciales, entre ellas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Concretamente, al final del mandato anterior los tribunales habían tumbado hasta cuatro nombramientos por no seguir el procedimiento de concurrencia y selección establecido en la ley. Con la propuesta realizada por los cabildos se evitaría que se repita esta situación, ya que se introduciría una modificación en la Ley de Cabildos para que los altos cargos de signo más política sean designados a dedo como puestos de confianza que cesan cuando termina el mandato o al libre criterio del cargo electo.

La Ley de Cabildos fue aprobada a finales de la legislatura 2011-2015 bajo la presidencia del nacionalista Paulino Rivero. El que impulsó tanto esta ley como la de los municipios fue el exdirigente socialista Francisco Hernández Spínola.