La Policía Judicial de la Guardia Civil se personó el pasado 6 de este mes en el Ayuntamiento de Alejeró para solicitar trece expedientes sancionadores de la Policía Local por un supuesto bloqueo en su tramitación por parte del alcalde, Manuel Ramón Plasencia (PSOE), quien fuera presidente de la Federación Canarias de Municipios (Fecam) hasta el pasado 30 de septiembre. Así lo expuso anoche a EL DÍA el propio mandatario local, quien le quita relevancia a la investigación y que se reunirá hoy con el secretario municipal para convocar de forma urgente el pleno que ayer le exigió el único grupo de la oposición, la Agrupación Socialista Gomera.
Según la versión dada por el alcalde, se trata de trece expedientes sancionadores sobre disciplina de tráfico y, en algunos casos, de tenencia de animales. Frente a las fuentes consultadas de ASG, niega que entre los documentos solicitados haya algunos relacionados con obras ilegales y considera que todo obedece a una maniobra más de la oposición para desprestigiar su gestión, aunque lamenta más que, "así, se manche el nombre del municipio".
La intervención de la Guardia Civil obedece a una denuncia previa en la Fiscalía de miembros de la Policía Local, según las fuentes consultadas de ASG. Unas fuentes que temen que el alcalde se haya dedicado a bloquear sanciones para beneficiar a ciertos vecinos.
Por la tarde, ASG en Alajeró emitió un comunicado en el que exigió transparencia a Plasencia "ante el registro realizado por la Guardia Civil". Para este partido, el gobierno local debe "esclarecer los motivos" de esa actuación, de manera que "los ciudadanos del municipio conozcan los hechos". Según subrayan, "ni los vecinos ni los representantes políticos de la localidad conocen el motivo de este hecho, del cual se desprende la forma reiterada de actuar del grupo de gobierno".
ASG deduce que ha de haber "alguna investigación que se desconoce", por lo que considera que "es el momento de saber qué ha sucedido y por qué nuestros dirigentes ocultan información de interés para los vecinos".
Ante la situación, presentaron en la mañana de ayer una solicitud para que se celebre un pleno extraordinario en el menor plazo posible "en el que se dé cuenta de lo sucedido. No se puede seguir gobernando de espaldas al pueblo, actuando como si el resto de representantes políticos no fuéramos parte de este consistorio", señalan en la nota emitida.
Fuentes de ASG apuntan a una posible actuación similar del alcalde con otros expedientes en el pasado, tanto de obras como de sanciones de tráfico y de otro tipo. Plasencia, por el contrario, niega de forma tajante este extremo y explica que, en 2017, "las 95 sanciones de tráfico que hubo, la mayoría de ellas cuando los conductores estaban ausentes, fueron tramitadas y no se bloquearon".
Sobre estas trece que se investiga, apunta que hay alguna a un taxista y se muestra convencido de que no ha habido irregularidades y que todo quedará esclarecido en breve. De hecho, espera que el pleno urgente pueda convocarse para alguno de los primeros días de la próxima semana. Plasencia critica con dureza la actuación de ASG y niega que hubiese "un registro; solo pidieron los expedientes y se les entregaron sin más problema". Además, recuerda que el portavoz de la oposición, Héctor Cabrera, en su calidad de policía local, fue uno de los que promovió las sanciones de 2017.
En las elecciones del 26 de mayo pasado, Plasencia mantuvo la Alcaldía al obtener 6 ediles, pero ASG se quedó a solo 98 votos y acaparó la representación de la oposición con 5 ediles. Esto agudizó la lucha por el poder entre ambas fuerzas, pese a que ASG apostó por el PSOE a escala regional y a su creciente preferencia por confluir, aunque sea con la fórmula de un guión en medio de las dos siglas.
En su nota de ayer, ASG subrayó que seguirá trabajando en pro de los vecinos "desde la cooperación y el diálogo para responder a las demandas de cada barrio".
