19 de noviembre de 2019
19.11.2019

El Gobierno de Canarias incumple la Ley de Servicios Sociales a los seis meses

Expira el plazo para aprobar el catálogo de prestaciones

18.11.2019 | 22:37
Los consejeros de Hacienda, Román Rodríguez, y Derechos Sociales, Noemí Santana, explican los presupuestos.

La Consejería que dirige Noemí Santana, que culpa al anterior equipo, dice que el decreto se demorará entre 8 y 12 meses

El Gobierno de Canarias incumple la Ley de Servicios Sociales. La normativa, que el Parlamento autonómico aprobó por unanimidad, establece un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para que el Ejecutivo apruebe el llamado catálogo de servicios y prestaciones, que básicamente es la lista oficial en que se plasmarán las ayudas a que tendrán derecho los ciudadanos en exclusión social, en situación de dependencia o con algún tipo de discapacidad, por ejemplo. La ley se publicó en el Boletín Oficial del pasado 17 de mayo y entró en vigencia un día después, de modo que fue ayer cuando expiró el plazo de seis meses que tenía el Gobierno para aprobar el catálogo de servicios y prestaciones. Y no habrá aprobación in extremis, tal como han reconocido desde la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, que dirige Noemí Santana.

De hecho, fuentes del departamento del Ejecutivo regional explican que aún quedan por delante entre ocho y doce meses de trabajo y trámites administrativos antes de que pueda promulgarse el decreto. Aunque no puede adelantarse un margen temporal exacto, no será así hasta al menos septiembre del próximo año cuando la Comunidad Autónoma contará al fin con el catálogo de servicios y prestaciones, que no se limitará a enumerar las ayudas, sino que también incluirá la regulación de cada una de ellas.

Este catálogo es un paso fundamental para que la Ley de Servicios Sociales cumpla su principal premisa, esto es, que las ayudas y prestaciones queden blindadas como derechos subjetivos de los ciudadanos de las Islas, lo que obliga a la Administración autonómica a garantizar su disfrute por parte de quienes reúnan los requisitos. El objetivo último, recuerdan desde la consejería, "es que ninguna persona se quede sin protección social".

Sin embargo, el retraso en la tarea que el Parlamento le dictó al Gobierno canario es evidente. Desde la Consejería achacan la demora a la herencia que les dejó el anterior Ejecutivo. "El nuevo equipo se encontró con una comisión técnica especializada a la que se le había encomendado realizar todo el trabajo de desarrollo de la norma. La realidad es que había muy poco trabajo avanzado", afirman.

La Consejería optó por reorientar el trabajo y formar un grupo de expertos y técnicos de distintos organismos para la "definición" de las prestaciones. A las de este grupo se han sumado las aportaciones de entidades sociales, "lo que ha retrasado un poco el procedimiento pero ha permitido la participación de la sociedad civil", ahondan.

La explicación de la inmediata antecesora de Santana al frente de la consejería, Cristina Valido, es muy distinta. La nacionalista, quien a su vez sustituyó en el departamento a la socialista Patricia Hernández en diciembre de 2016, cuando se rompió el pacto de gobierno entre Coalición y el PSOE y Fernando Clavijo destituyó a los cuatro consejeros socialistas, subraya que el Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres está siendo "víctima" de sus propias exigencias.

La exconsejera recuerda que fueron los entonces partidos de la oposición, entre ellos el PSOE y Podemos -el partido de Santana-, los que "a sabiendas de las dificultades de cumplir determinados plazos", presionaron en el Parlamento para incluir en la ley condiciones "que solo tenían como objetivo cercarnos y complicarnos la tarea". Entre ellas este plazo de seis meses para aprobar el catálogo de prestaciones. "Y ahora, cuando se encuentran gobernando, son víctimas de lo que ellos mismos exigieron para que la ley se aprobara por unanimidad", enfatiza Valido. Además, la exconsejera del área social apunta que, en última instancia, su equipo tuvo tan solo un mes para hacer "lo que ahora ellos no han podido hacer en cuatro".

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