05 de noviembre de 2019
05.11.2019

Similitud de programas entre los cinco aspirantes a presidir el TSJC

Los candidatos priorizan ante el Poder Judicial la potenciación de los juzgados contra la violencia de género y la transparencia

05.11.2019 | 03:12
Similitud de programas entre los cinco aspirantes a presidir el TSJC

Los cinco candidatos a la Presidencia del TSJC presentaron ayer fórmulas y propuestas de gobierno en la administración de justicia en las Islas que, partiendo de un diagnóstico muy similar sobre la situación actual, coinciden en los objetivos básicos a corto y medio plazo y en unas estrategias y medidas concretas coincidentes en lo fundamental. La potenciación de los juzgados contra la violencia de género, la mejora de la transparencia y la cercanía con los ciudadanos, el despliegue de la Oficina Judicial y la creación de la Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife fueron algunos de los elementos mencionados por todos los aspirante a suceder a Antonio Doreste al frente del máximo órgano jurisdiccional de las Islas tras cinco años de presidencia de éste.

Sin un claro favorito en las quinielas, los cuatro hombres y la única mujer que ayer defendieron su candidatura ante la Comisión Permanente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), recalcaron la singularidad que la administración de justicia tiene en un territorio como Canarias y las condiciones especiales en que se lleva a cabo el trabajo de los tribunales, coincidiendo en la necesidad de más medios personales y materiales para hacer frente a algunas de características, como se la región con más litigiosidad de todo el país, el de mayor número de denuncias de violencia contra la mujer, y el de mayor cifra de asuntos pendientes, elementos que además se ven condicionados por la fragmentación territorial y las dificultades que ello conlleva.

Todos estos aspectos fueron mencionados de una u otra manera por los cinco aspirantes a dirigir el TSJC: Auxiliadora Díaz, Pedro Herrera, Juan Luis Lorenzo, Carlos de Millán y José Félix Mota. Todos ellos actualmente en ejercicio en alguna función jurisdiccional en las Islas salvo el último, que aunque también ha ejercicio la función durante 17 años en distintos jugados canarios, actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Aunque sin claro favorito, algunas fuentes judiciales sitúan a Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la mujer número 2 de Las Palmas, y a Juan Luis Lorenzo, decano de los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife, como los candidatos con más opciones y con mayores apoyos en el seno del CGPJ.

A favor de Díaz se mostrarían algunos sectores progresistas del órgano de gobierno de los jueces, sobre todo por su defensa de la perspectiva de género en su visión de la función jurisdiccional y de la administración de justicia. El sector moderado del Poder Judicial apostaría sobre todo por Lorenzo, que ayer protagonizó una defensa de candidatura muy técnica y mucho más concreta y prolija que la de Díaz, más conceptual y dando una visión más de fondo. Del resto de candidatos, no se descarta como una opción alternativa la de Pedro Herrera, magistrado de la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas y que en materia de gestión, aunque en este caso política, ya tiene a sus espaldas haber desempeñado el cargo de viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias entre 2009 y 2011. Muy pocas opciones se otorgan sin embargo a los otros dos aspirantes, Carlos de Millán, presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y a José Félix Mota pese a su ya larga trayectoria en distintas funciones en otros órganos judiciales como la presidenta de la Audiencia Provincial de La Rioja.

La defensa de sus respectivas candidaturas estuvo marcada por un claro mensaje de necesidad de dar un impulso al TSJC y a la administración de justicia en las Islas a través de su modernización y una revisión de su funcionamiento, sobre todo dotándola de más medios personales y materiales. No hubo una enmienda a la totalidad de la etapa de Antonio Doreste, pero sí una idea común de dar un salto cualitativo a este servicio público. Aunque por momentos surgieron los problemas de convivencia interna y de conflictividad entre sectores de la magistratura en Canarias por el caso de la condena del juez Salvador Alba pena de seis años de prisión por sus maniobras judiciales contra la jueza Victoria Rosell, este asunto pasó más inadvertido de lo esperado en este examen de los programas de gobierno por parte de los candidatos. Sólo en una ocasión uno de los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ que ayer 'examinaba' a los aspirantes se interesó por el asunto, y preguntó a Auxiliadora Díaz sobre cómo afrontaría ella este tipo de conflictos en caso de presidir el TSJC. Ni este vocal, Juan Martínez Moya, ni ningún otro se interesó ante los demás candidatos por esta cuestión, lo que extrañó a la única magistrada candidata. Díaz respondió en todo caso que "lo primero que haría sería comunicar inmediatamente a la Sala de Gobierno del TSJC cualquier situación de este tipo", así como "trasladar a la Fiscalía cualquier posible ilícito penal que se pudiera estar produciendo". Según ella, "se puede reconstruir la imagen con transparencia, con colaboración y estar atento cualquier asunto que pueda surgir, porque son hechos lamentables y gravísimos que no se pueden permitir".

Todos los candidatos coincidieron en resaltar los valores de transparencia, apertura al exterior, colaboración con las instituciones y con el Gobierno de Canarias, y en mejorar aspectos esenciales de la administración de justicia como una mayor dotación de las salas, la modernización e informatización de los juzgados.

Díaz: "Perspectiva de género". La magistrada del juzgado número dos de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas apostó por una "justicia más abierta, con transparencia, participación y colaboración" y prometió una "rendición de cuentas frente a la Sala de Gobierno, frente a los poderes públicos, frente a la ciudadanía, y frente al CGPJ". Se comprometió a presentación una memoria anual del TSJC ante el Gobierno y ante el Parlamento de Canarias y por apostó por "consolidar la Presidencia como la portacía natural del TSJC". Dijo que su primera actuación, caso de ser nombrada para el cargo, sería visitar las islas no capitalinas y todos sus órganos judiciales, "donde la falta de medios humanos y materiales es importante". Se comprometió a una mayor "participación de los ciudadanos" y apostó por "incorporar la perspectiva de genero a la hora de tomar decisiones de carácter gubernativo" como realizar una composición equilibrada entre los sexos en los nombramientos de justicia de paz. Identificó el despliegue de la Oficina Judicial como "uno de los grandes retos que tenemos", así como la "puesta en marcha de los servicios comunes generales para dar respuesta al ciudadano de una justicia mucho más eficaz y ágil en cuento que desaparecen los partidos judiciales obsoletos".

Abogó por la construcción de una nueva sede en Santa Cruz de Tenerife, así como por la elaboración de criterios generales y buenas prácticas sobre exenciones parciales de reparto fundamentalmente en los juzgados mixtos con competencia en Violencia sobre la Mujer.

Herrera: "Educando en Justicia". El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas abogó por "abrirnos al principio de actuación colegiada también en la primera instancia, y por trabajar en la creación de un tribunal de instancia 'ad hoc", y por "formulas que ayuden a limitar el progresivo aumento de la litigiosidad" a través de la potenciación del servicio de mediación, que ya existe pero que, según él, "se encuentra algo estancado". "Hay que reforzarlo", afirmó. Cree que hay que dar "mayor consistencia y armonía en el reparto de asuntos entre juzgados, así como facilitar la "unificación de criterios en la asignación de materias". "La automatización de reparto nos podrá ayudar", afirmó.

"La perspectiva de género siempre hay que tenerla presente", dijo el aspirante, porque "la igualdad no solo tiene que ser formal, sino que tiene que materializarse", por lo que defendió que "debe seguir creciendo el programa 'Educando en Justicia' con un contenido en materia de igualdad, y garantizarse la participación equilibrada de jueces y juezas en actividades formativas". "Aspiramos a que los juzgados de la Violencia sobre la Mujer tengan una dedicación exclusiva", afirmó, defendiendo también su "ampliación de su esfera de competencia territorial más allá del partido judicial". También abogó por la colaboración con el gobierno autonómico para la puesta en funcionamiento de la Oficina de Asistencia a las víctimas del delito, y extender la red de puntos de encuentros familiar a todas las Islas.

En materia de Presidencia y Sala de gobierno apostó por incorporar a ésta a los decanos del partido judicial de las dos capitales autonómicas, así como por la elaboración de memoria anual por parte del TSJC. Además, defendió el establecimiento de una tasa la automatización en el reparto de ponencias en las salas u tribunales, y dijo que "es fundamental una Ofician Judicial moderna y operativa".

Lorenzo: "Más juzgados sobre violencia de género". El decano de los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife detalló hasta catorce medidas en relación con los aspectos gubernativos de la Sala de gobierno, y destacó la necesidad de establecer un calendario de reuniones, con convocatoria y nombramiento de ponentes con la antelación suficiente, así como la mejora de la tramitación de expedientes". También mencionó la mejora en la confección de la memoria anual, la necesidad de la creación del gabinete de la presidencia, dar la debida publicidad a toda las normas de reparto, incrementar las visitas de inspección, y un contacto frecuente y directo con toda la carrera judicial de las Islas.

Abogó por mantener las existentes medidas de refuerzo y hacer un seguimiento de su evolución, así como la creación de más plazas, sobre todo una cuarta plaza de la Sala de los Social de Tenerife, una plaza civil más en la Audiencia Provincial de Las Palmas, una de lo mercantil y uno social más en el partido de Las Palmas de Gran Canaria, y una plaza de lo social en Santa Cruz de Tenerife.

Sobre los Juzgados de Violencia sobre la mujer, recordó que Canarias tiene el ratio de denuncias más elevado de España y propuso estudiar la creación de un juzgado más en San Bartolomé de Tirajana y en Arona, así como "comarcalizar esta clase de juzgados en el norte de Tenerife, realizar el porcentaje de liberación de los no exclusivos en todo el ámbito de Canarias y abogar por la puesta inmediata en funcionamiento de las Oficinas de Atención a las víctimas creada por decreto autonómico.

De Millán: "Excepcionalidad geográfica". El presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife centró su plan de acción en la definición de Canarias como "excepcionalidad geográfica y su condición ultraperiférica", que debe marcar todas las políticas y también la administración de justicia. "Debe partirse de la premisa que la realidad de la administración de justicia en Canarias es distinta en cada isla y en cada partido judicial y una cuestión muy importante a la hora de hacer un plan de actuación es el elemento poblacional y su reparto por islas".

El plan de actuación que propuso descansa en tres pilares fundamentales: reducir la litigiosidad, solventar la pendencia de asuntos, y actualizar y modernizar la justicia en Canarias. "Las medidas no solo tienen una finalidad en los efectos, sino también en las actuaciones preventivas por parte de los poderes públicos".

Sobre violencia de género dijo que "debemos detenernos en la perspectiva de la prevención y en la asistencia a la mujeres desde el momento es que se producen las situaciones de violencia o riesgo de correrla", por lo que "hay que intensificar los protocolos". Denunció la "insuficiencia de medios materiales" y dijo que el plan actual "se ha limitado a la creación de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, y queda pendiente la de Santa Cruz de Tenerife, donde no se ha determinado ni siquiera su ubicación". "Es imprescindible la modernización tecnológica, porque ahora el sistema genera distorsiones". Aboga por la formación del personal de la Administración de justicia. La puesta en marcha de la Oficina de Asistencia a las víctimas, la publicación de las memorias a su tiempo, la actualización de un página web porque la actual está desfasada, y por el portal de transparencia" ciudadanos.

Mota: "Revisar criterios de asignación de ponencias". El magistrado del TSJ de Galicia apostó por "establecer calendarios estables de reuniones que permitan la participación de los miembros de la Sala de gobierno teniendo en cuenta la singularidad geográfica de Canarias", asó como por "revisar los criterios de asignación de ponencias y fomentar cualquier actuación que facilite la transparencia de las actuaciones de la Sala de Gobierno".

También apostó por hacer un estudio y ver las posibilidades para regular y mejorar el régimen de sustituciones, también las voluntarias. Otras propuestas más relacionadas con la competencia serían incidir en la creación de una Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife "dada la dispersión actual de órganos".

En cuanto a la Oficina de Asistencia a las víctimas incidió en "garantizar la protección debida a las víctimas de determinados delitos y a víctimas especialmente vulnerables". "Es necesario trabajar el aspecto emocional y debe llevarse su asistencia a los órganos judiciales y a los espacios de enjuiciamiento".

En materia de modernización, dijo que "el empleo de dispositivos tecnológicos tiene que estar en perfectas condiciones de funcionamiento", y en cuanto al expediente judicial electrónico destacó que "debe ser una herramienta útil y no debe limitarse a una mera acumulación de acontecimientos.

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