La diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, urgió al Gobierno de Canarias, con ocasión de la sesión plenaria celebrada esta última semana, a instar al Estado a que incremente el número de inspectores de Hacienda, para de esta manera poder reforzar la labor en la lucha contra el fraude fiscal en las Islas.

Para la diputada de ASG, resulta indispensable que se afronte este problema con más medios y recursos humanos, pues según explicaba Mendoza, "17 inspectores para toda Canarias son, a todas luces, insuficientes".

En este sentido, la diputaba explicaba que si bien "todos los gobiernos reconocen la existencia del problema", no se toman las medidas necesarias para luchar contra ello, destacó. No obstante, valoró la previsión del Ejecutivo autonómico en cuanto a la posibilidad de ampliar los efectivos de la plantilla del personal correspondiente a la agencia canaria.

Asimismo, también solicitó al Gobierno regional que informe acerca de las personas o empresas que hubieran incurrido en deuda por actividades no declaradas a Hacienda y, asimismo, qué número de procedimientos siguen abiertos correspondientes a ejercicios anteriores.

Por otra parte, hizo especial énfasis en la economía sumergida que afecta a las Islas, que se sitúa entre el 28% y el 31% del PIB, según el informe elaborado por la Fundación de Cajas de Ahorro, lo que en su opinión denota un bajo nivel de conciencia fiscal en España, con respecto a otros países de Europa. "Estamos hablando de mucho dinero, un tercio de la riqueza que se genera cada año no tributa, por lo que en vez de ir destinado a los servicios públicos básicos que benefician al conjunto de la ciudadanía, se está quedando en el bolsillo de quienes actúan irresponsablemente", comentó, a la vez que añadió que "no se trata de una actitud irresponsable sino insolidaria".

Por ello, solicitó aunar esfuerzos para implantar medidas efectivas que luchen contra la economía sumergida, algo que, a su juicio, debe ir acompañado de mayor voluntad política para crear un sistema fiscal justo que repercuta en la mejora de los servicios públicos esenciales.