La Delegación del Gobierno nacional en Canarias ordenó ayer el traslado de 51 migrantes que han llegado en las últimas semanas a las Islas de forma clandestina a un centro que tiene la Cruz Roja en La Montañeta (Garachico). Lo hizo de forma urgente y provisional, casi sin tiempo de preparar este recinto garachiquense, debido a que el único Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) que está abierto en el Archipiélago, el de Hoya Fría de Santa Cruz de Tenerife, está colapsado.

Además, más de 20 inmigrantes adultos que también llegaron por vía marítima han sido acogidos por varias ONG y la comunidad senegalesa en el sur de Tenerife, mientras que los menores -unos 60- se encuentran tutelados por los servicios sociales del Cabildo de Tenerife. Estas medidas excepcionales se han tomado después de que haya repuntado la llegada de embarcaciones a Canarias en las últimas semanas. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, el pasado mes de octubre arribaron a las costas isleñas 469 subsaharianos y magrebíes sin documentación, más de la mitad el pasado sábado. Hasta septiembre habían sido 975 personas. Es decir, el número de migrantes en este 2019 supera los 1.400. De ellos fallecieron cuatro.

En espera de que se reabra el CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria, todas estas personas están siendo derivadas a Tenerife, y al no caber en el CIE de Hoya Fría, se les ha tenido que buscar una solución urgente para garantizar la asistencia humanitaria. Después de que la noche del miércoles se barajaran diferentes alternativas, la Delegación del Gobierno nacional, en coordinación con Cruz Roja, eligió las dependencias de esta última ONG en La Montañeta, un núcleo poco poblado en pleno pinar de Garachico.

Este campamento, usado para actividades lúdicas y de formación por parte de Cruz Roja, ya se utilizó de forma provisional hace 13 años para acoger a un grupo de inmigrantes menores de edad, que fueron recibidos de forma hostil por algunos vecinos en mayo de 2006. Pero desde entonces no se usaba para este fin. Anoche, los voluntarios de Cruz Roja seguían trabajando para dar la mejor atención a las 51 personas que han sido acogidas en La Montañeta, principalmente jóvenes subsaharianos y magrebíes de entre 19 y 25 años. Ahí seguirán en los próximos días o semanas hasta que se reabra el CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, algo que según la Delegación del Gobierno central ocurrirá de forma inminente.

El portavoz del Gobierno regional y consejero de Seguridad, Julio Pérez, admitió ayer la creciente preocupación en el Ejecutivo por el repunte en la llegada de migrantes a Canarias desde la costa africana y apuntó la necesidad de que, en coordinación con las distintas administraciones, se recuperen los mecanismos que se aplicaron durante la gran oleada de 2006, cuando se alcanzó la cifra no superada hasta ahora de 39.180.

Durante la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Pérez se refirió a lo que está sucediendo en los dos últimos meses en islas como Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, pero puso especial énfasis en esta última por la gran preocupación y los contactos directos que ha establecido el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, con el máximo responsable del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, en las últimas jornadas. Según remarcó, se están reforzando las tareas de coordinación para buscarles una acogida adecuada en lo que se analiza cada caso, priorizando la atención sanitaria.

El Gobierno se plantea reforzar no solo los recursos de atención en las Islas, sino la vigilancia temprana en el mar para evitar ahogamientos, las acciones en las costas de los países emisores en coordinación con sus autoridades políticas y policiales, así como la coordinación con todos los países de la UE y, sobre todo, el Gobierno central. Pérez dejó claro que Canarias tiene las competencias sobre menores, pero no sobre el resto, más allá de la solidaridad y motivaciones humanitarias. Además, remarcó que tramitarán también, como obliga la ley, las repatriaciones y, ya en declaraciones a EL DÍA, lamentó que la mayoría de estos migrantes desconozcan que ponen su vida en riesgo y se endeuden sin saber que serán devueltos a sus países o al lugar de donde salen.

30 millones para un plan social de empleo

El Gobierno aprobó ayer delegar en la consejera de Empleo, Carolina Darias, las funciones competentes del plan de empleo social que, con 30 millones de euros, se desarrollará desde ahora con el fin de favorecer la integración laboral de los sectores con más dificultades, como los jóvenes o mayores de 45 años que lleven un tiempo muy prolongado sin trabajo. Se trata de un proyecto elaborado por esta consejería que pretende favorecer a justamente 1.562 desempleados, aunque la cifra definitiva dependerá de cada uno de los 88 municipios. El proyecto ha sido coordinado y consensuado con la Fecam y los consistorios, que percibirán porciones de esos 30 millones según su población parada. Se ha denominado Reincorpora-T y, según remarcó Julio Pérez, se fijan dos condiciones en busca de que se extienda todo lo posible, de manera que haya rotación en los beneficiarios, así como que los contratos se limiten a un integrante de la misma familia. El consejero es consciente de que cumplir totalmente estos requisitos no resulta fácil, pero subraya que tratarán de ser lo más ecuánimes posible y que, en aquellos casos en los que el afectado siga cursando formación para mejorar su empleabilidad, sí se podrá renovar los contratos sin esperar a nuevos turnos. El Gobierno remarca también que este tipo de planes los financiaban antes los ayuntamientos, pero, ahora, el Ejecutivo aportará el 60%. Pérez se mostró convencido de que los municipios cumplirán con su parte y aprovecharán al máximo los recursos. Además, se ha acordado con la Intervención General de la Comunidad un sistema de control permanente que hace muy rápido el trámite.

500 euros para afectados por Thomas Cook

Entre los acuerdos de ayer, el portavoz remarcó la entrega de una ayuda de 500 euros por cada trabajador en la Islas que se pueda ver afectado por un ERE o ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) por la quiebra de Thomas Cook. Según explicó, se trata de una medida "complementaria" a los 15 millones que destinará el Gobierno central a Canarias por este motivo. El Ejecutivo usará 2 millones de su presupuesto para esta subvención que, si bien se sabe insuficiente, trata de paliar los efectos de esta crisis. Eso sí, el consejero se alegró de que, durante el consejo, se apuntara que algunas de las empresas que habían anunciado un ERTE o ERE por esta razón ya han dicho que finalmente no recurrirán a esa reducción de plantilla, aunque aclaró que no era algo confirmado definitivamente.

Mejoras turísticas y camas sociosanitarias

En el ámbito turístico, también se aprobó cambiar una partida del presupuesto para poder destinar 800.000 euros a mejoras de infraestructuras. No obstante, Pérez puso más énfasis en la ampliación de la vigencia de los convenios con los cabildos para la ejecución del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, con el que se pretende dotar a Canarias de 5.500 nuevas plazas en centros residenciales y diurnos. Se trata del segundo reajuste de las anualidades y cuantías del acuerdo inicial. En esta ocasión, la fecha se lleva al 31 de diciembre de 2022 en Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, mientras que en La Gomera y El Hierro se coloca en el 31 de diciembre de 2021, la misma que mantiene Lanzarote.

Servicio público en los viajes por mar a El Hierro

El Ejecutivo aprobó ayer, asimismo, la búsqueda de las soluciones que se precisen para garantizar el mantenimiento del servicio público en los viajes a El Hierro por mar. Se trata de subvenciones a las compañías para que presten líneas que, de por sí, no les son rentables, pero que precisan los residentes a precios asequibles por simple igualdad. Pérez anuncia nuevos convenios para esto, si bien aún faltan informes de las unidades económicas de la consejería de Hacienda, porque están a punto de vencer los vigentes. Asimismo, José William Montesdeoca fue designado ayer nuevo delegado del Ejecutivo en la Oficina regional de Caracas, mientras que Gabriel Mejías entra en Sodecan.