"Sablazo", "mordida", "rapiña". Los grupos de la oposición emplearon ayer, en el Pleno del Parlamento, toda su artillería verbal para definir los intentos del Gobierno canario de obtener recursos económicos mediante, primero, la cesión de una parte de los fondos del IGIC correspondientes a los cabildos y ayuntamientos -ya descartada, tras el rechazo de estos- y, ahora, a través de un reajuste del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). El jefe del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, no solo rechazó estas acusaciones, sino que devolvió la pelota. "Quien ha sableado a los municipios ha sido el Gobierno de CC al aceptar la bajada del IGIC impuesta por el PP. Se les compensó con 41 millones de euros cuando tenían que haber sido 90", aseguró.
"Los ayuntamientos canarios le han puesto la cara colorada", espetó a Torres la portavoz del grupo parlamentario popular, María Australia Navarro, en referencia a la negativa de los consistorios a dejar en manos del Gobierno una parte de los ingresos del impuesto indirecto. "Con tal de financiar su carta a los Reyes Magos no duda en sablear a los municipios y cabildos y a los propios ciudadanos".
Sobre el Fdcan, el presidente afirmó que su gobierno "no va a aplicar el rodillo". "Acordaremos, negociaremos, a diferencia de lo que hicieron ustedes", dijo al diputado de CC Pablo Rodríguez. Aunque el Fondo fue acordado con corporaciones municipales e insulares, Torres aseguró que el anterior gobierno destinó "millones a algunos municipios por compromisos clientelares", mientras que "martirizó" al alcalde de Alajeró por su oposición, como presidente de la Fecam, a los criterios de distribución de los recursos. "Lo que hacemos ahora -explicó- es tender la mano a ayuntamientos y cabildos para adecuar la financiación a la ejecución de las obras".
Rodríguez le recomendó recurrir a la hemeroteca y recordó que "salvo algún episodio muy sonado, el Fdcan se negoció con los ayuntamientos y cabildos y también con los agentes sociales y económicos". El ex vicepresidente del Gobierno defendió la orientación que se dio a este instrumento de la acusación de que se ha empleado para "rotondas y farolas" y se refirió a algunas actuaciones medioambientales, sociales y de investigación financiadas con el Fdcan. "¿No son necesarias? ¿No generan empleo?", preguntó. Torres alegó que esos proyectos supusieron un porcentaje minoritario del Fondo y destacó que con él se han sufragado "cero infraestructuras sociosanitarias y escuelas infantiles".
El presidente de Canarias contestó también a una pregunta de su socio de gobierno Casimiro Curbelo acerca de su compromiso en la defensa del fuero isleño. Torres puso ejemplos al respecto: el convenio de Las Chumberas, las entregas a cuenta del sistema de financiación y la incorporación de 500 millones no ejecutados al convenio de carreteras. Además, garantizó la defensa de nuevos fondos ante el Estado que, aunque no estén recogidos en los presupuestos autonómicos, se incorporarán cuando se logren en forma de suplementos de crédito.
"Al menos 300" agentes autonómicos en 2023
Los aproximadamente cien agentes de los que consta actualmente la plantilla de la Policía Canaria aumentarán hasta "al menos 300" al final de la legislatura si se cumplen los planes del Gobierno regional, expuestos ayer en el Parlamento por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del grupo mixto (Ciudadanos) Ricardo Fernández de la Puente.
"Para cumplir sus cometidos, el número de efectivos de la Policía Canaria -cien en este momento, 150 dentro de poco- es insuficiente", señaló Pérez, que recalcó que "hace falta" elevar la plantilla del cuerpo policial autonómico. El proyecto de presupuestos de 2020 recoge fondos para avanzar en este objetivo, dijo el consejero, que recordó que los cabildos han demandado la presencia de estos agentes en las islas no capitalinas.
En lo que va de año, la Policía Canaria ha desarrollado 142 servicios a solicitud de los ayuntamientos y casi 1.300 relacionados con el menor y las familias, según datos expuestos por Pérez.
Fernández de la Puente animó también al Ejecutivo a "ser exigente con el Estado" para promover un incremento de los medios humanos y materiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad en las Islas, que presentan "múltiples carencias".
