El primer decreto-ley de la legislatura fue convalidado ayer por el Parlamento. La norma persigue introducir "mejoras cuantitativas y cualitativas en el ámbito de la función pública", en particular la incorporación "inmediata" de mil nuevos funcionarios sin que ello suponga perjudicar las aspiraciones de acceder a las plazas deseadas por quienes ya se encuentran dentro del sistema y llevan "diez o doce años" sin tener la oportunidad de participar en un concurso de traslados, explicó ayer el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez.
El decreto-ley prevé que los nuevos empleados públicos accedan a sus puestos en adjudicación provisional, pero sin merma de sus derechos, mientras se convocan los citados concursos. La normativa ha recibido el visto bueno del Consejo Consultivo que, sin embargo, advierte de que no concretar la fecha de los concursos de provisión genera "inseguridad jurídica". Esta puntualización fue alegada por los grupos de la oposición para abstenerse en la votación.
También recoge medidas el decreto-ley para facilitar la incorporación de funcionarios de habilitación nacional -secretarios e interventores- a las administraciones locales. Lo hace permitiendo nombramientos excepcionales por un máximo de cinco días al mes. No obstante, algunos grupos -Podemos y Nueva Canarias- advirtieron de que los problemas para contar con estos funcionarios persistirán, por lo que recomendaron negociar con el Estado medidas para que Canarias pueda articular un sistema propio.
