23 de octubre de 2019
23.10.2019

El rechazo de los alcaldes deja sin 25 millones al Gobierno para gasto social

El área de Hacienda no los había contabilizado pero sí confiaba en tenerlos para vivienda y la prestación de inserción

23.10.2019 | 00:20
Ángel Víctor Torres, ayer en Madrid para firmar el convenio de Las Chumberas.

Los municipios recibirán 97 millones más por el IGIC

La negativa de los alcaldes a ceder parte de los fondos que les corresponden a los ayuntamientos por la subida de medio punto del IGIC impide destinar 25 millones de euros más a políticas sociales, entre ellas en vivienda y en la prestación canaria de inserción. Era una partida que no estaba dibujada en el proyecto de presupuestos de 2020 que ultima la Consejería de Hacienda, pero sí existía la confianza de que los municipios atendieran esta petición para reforzar el gasto social de la Comunidad Autónoma.

Una de las hipótesis en las que trabajaba el Ejecutivo hasta ahora era la de alcanzar un acuerdo con las corporaciones locales para modificar de forma puntual la distribución de la subida del IGIC y reestructurar el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), con el fin de engrosar las partidas del presupuesto autonómico y así no tener que elevar la presión fiscal más de lo estrictamente necesario. De hecho el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, indicó tras reunirse con los ayuntamientos y cabildos que si aceptaban su propuesta "con ese dinero podríamos dejar de retocar algún impuesto".

Pero el órdago lanzado por el Ejecutivo a los ayuntamientos no ha funcionado como se preveía. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) funciona habitualmente por consenso en sus decisiones y el comité ejecutivo celebrado el lunes era el primero de la nueva etapa de la entidad ahora dirigida por María Brito, alcaldesa socialista de Candelaria. El órgano municipalista se reunió conociendo la rotunda oposición de los alcaldes de CC y del PP a aceptar la fórmula coyuntural planteada por Torres para el próximo año, mientras que los alcaldes socialistas, que son mayoría en la Fecam, se debatían entre la defensa de sus ayuntamientos y la disciplina debida al partido.

Tras un intenso debate la Fecam aprobó por consenso que el reparto del 58% para los ayuntamientos y el 42% para la Comunidad Autónoma se mantenga como está sin cambios y, en todo caso, negociar una reestructuración del FDCAN de 2020 para que el Gobierno pueda disponer de esos fondos. Pero esto tampoco está claro del todo porque Coalición Canaria también se opone a priori a introducir cambios en un mecanismo que diseñaron los nacionalistas en la pasada legislatura. El vicepresidente primero de la Fecam y alcalde de La Orotava, el nacionalista Francisco Linares, es claro: "Los ayuntamientos no estamos dispuestos a renunciar bajo ninguna circunstancia a la distribución de los recursos del IGIC porque se trata de una conquista histórica para el municipalismo canario".

Sobre los fondos del FDCAN

En relación con el FDCAN, Linares puntualizó que los ayuntamientos tampoco van a renunciar a las actuaciones que tienen en marcha con las partidas de este fondo y que será a principios del próximo año cuando se revise la ejecución del 2019 y el momento en el que se podría abordar una revisión que el Gobierno no ha dejado claro por dónde iría, según el regidor de CC. "Si tenemos que prolongar el FDCAN un año más hasta el 2026 para ceder alguna partida al Gobierno o reorientar los ejes estamos dispuestos, pero no sabemos todavía qué es lo que quiere reformar el actual Gobierno".

El vicepresidente primero de la Fecam recordó que la entidad siempre ha tomado sus acuerdos por consenso y que en esta ocasión también ha sido así a la hora de rechazar la propuesta del Gobierno. Linares aseguró que el día que la Fecam tome una decisión por una mayoría partidista y no por el interés de los municipios la organización dejará de tener sentido.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Fecam y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, apuntó la posibilidad de que los 25 millones de euros que busca el Ejecutivo para incrementar el gasto social procedan del ajuste del FDCAN que se realice el próximo año de lo no ejecutado por los ayuntamientos y cabildos de este ejercicio. Lo que sí deja claro Hernández es que debe ser el Gobierno el que aclare a qué quiere dar prioridad en el FDCAN dentro del eje 2 (inversiones) y el eje 3 (empleo), ya que el Ejecutivo solo dejó sobre la mesa que quiere reformular estos dos ejes pero no en qué sentido.

Hernández rechazó que se pueda culpar a los ayuntamientos de que el Ejecutivo deje de invertir 25 millones en gasto social. "Los ayuntamientos somos las instituciones que más invertimos y aplicamos las políticas sociales en muchas ocasiones con nuestros propios recursos", aseveró el regidor de Agüimes, que cree que el Ejecutivo debe redefinir el objetivo de lograr más fondos pero con otras alternativa y no con una financiación que pertenece en un 58% a las corporaciones locales.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, acudió ayer a la sede del Consejo Económico y Social (CES) para explicar las cuentas autonómicas de 2020 a sus miembros. Rodríguez manifestó su "respeto" a la decisión de los ayuntamientos de no admitir cambios en el reparto de la recaudación del IGIC por un año como les había planteado el presidente Torres: "han decidido que no y no se discute", añadió.

El dirigente nacionalista aseguró que la Consejería no había contabilizado los fondos derivados de ese posible cambio en el proyecto de presupuestos y que, por lo tanto, el Ejecutivo seguirá adelante con las cuentas desarrollando el marco de sus competencias.

El Ejecutivo ha adelantado que la prestación canaria de inserción (PCI) contará con un incremento de 18 millones de euros en 2020. Si los ayuntamientos hubiesen aceptado la propuesta de Torres el también llamado salario social hubiese recibido entre 15 y 20 millones más con el fin de incorporar a varios miles de beneficiarios más. En este marco también figuran el aumento de los fondos destinados a luchar contra la pobreza y la política de vivienda.

Una vez cerrado el debate sobre el reparto del IGIC los ayuntamientos verán incrementados sus ingresos como consecuencia de la subida de medio punto del tipo general de este impuesto. Con la propuesta del Ejecutivo los municipios hubiesen recibido 67 millones de euros más que en este ejercicio, pero con el rechazo a tal petición el aumento de los fondos se eleva hasta los 97 millones de euros.

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