Canarias busca fórmulas para salir del colapso en el que se encuentran los planes hidrológicos de las Islas y la falta de inversión efectiva tanto por retrasos en los proyectos, como por el bloqueo del convenio de obras hidráulicas entre la Comunidad Autónoma y el Estado desde hace más de un año. El Ejecutivo regional trata por todos los medios de agilizar junto con los cabildos insulares los proyectos prioritarios identificados en esos planes, al tiempo que rastrea de qué modo puede conseguir la financiación necesaria para su desarrollo, especialmente los 40 millones presupuestados para el 2018 y que no han hecho efectivos precisamente por la negativa de Madrid a firmar el convenio hasta que no haya un nuevo Gobierno central totalmente operativo.
La solución podría estar en las gestiones que lleva a cabo la Consejería de Transición Ecológica de Juan Antonio Valbuena, con el ministerio homónimo que dirige en funciones la ministra Teresa Ribera. La idea básica es la de lograr esa transferencia de 40 millones, o al menos parte de ellos, a través de un acuerdo alternativo con la sociedad mercantil estatal Acuaes (Aguas de las Cuencas de España), que gestiona infraestructuras hidráulicas en la península.
Se trata, señalan fuentes de la consejería, de lograr en el ministerio el visto bueno a un acuerdo directo entre Canarias y Acuaes para la financiación de las obras más urgentes, sobre todo en el marco de una posible declaración inminente de emergencia hídrica en Fuerteventura, y los problemas de abastecimiento en otras islas, sobre todo en Lanzarote. "Esos 40 millones son de estricta necesidad y tratamos de conseguirlos de la forma que sea, si no es directamente por la firma del convenio, sí al menos a través de un acuerdo de Acuaes, a la que el ministerio transferiría esos fondos", señalan desde la consejería de Transición Ecológica. Es, de hecho, la fórmula que ya han empleado algunos cabildos para avanzar en los escasos proyectos de los planes hidrológicos que cuentan en estos momentos con licitación y recursos. "El Gobierno garantiza esa inversión de una forma u otra", recalcan. Una de las cuestiones que tienen que estudiar consejería y ministerio es el porcentaje de financiación que se hace a través de la sociedad mercantil, si el 100% de los 40 millones o solo una parte, dejando la otra para el convenio con el Estado que se firmaría con quien ocupe la Moncloa después del 10 N.
Desde la consejería se reconoce que el ministerio podría objetar para dar el visto bueno a la operación que Canarias tiene aún sin ejecutar plenamente los 10 millones transferidos el 2017 del llamado convenio chico, y "si tocar" los 10 correspondientes al 2018, precisamente por el retraso de los planes hidrológicos. En todo caso, se recuerda que esas transferencias se hacen directamente a los cabildos porque se refieren a obras de depuración y saneamiento de competencia insular y contempla actuaciones por valor de 2,2 millones en Gran Canaria, 2 en Tenerife, 1,4 en Fuerteventura y La Palma, 1,3 en Lanzarote, 757.096 euros en La Gomera, y 680.000 en El Hierro.
El Gobierno regional insiste en su llamamiento a los cabildos para que avancen en sus proyectos pendientes para poder llevar a cabo lo antes posible las licitaciones de obras una vez que se disponga de la inversión prevista, ya sea a través del posible acuerdo con Acuaes para las obras más urgentes, o a través del convenio pendiente de 73 obras por valor de 296 millones en cuatro años. Se trataría del primero de los tres previstos en el protocolo de obras hidráulicas firmado por Canarias y el Estado en diciembre pasado por valor de 915 millones en doce años para un total de 186 actuaciones.
Las fuentes consultadas insisten en que "no es cierto que haya proyectos por valor de 80 millones en tres islas con todo listo para ser licitadas", como sostiene el anterior responsable de la consejería, el nacionalista Narvay Quintero, quien el lunes aseguraba que "para los dos primeros años del convenio ya hay obras para licitar", al tiempo que acusaba al Gobierno cuatripartito de "escudarse" en datos y argumentos falsos sobre el desarrollo de proyectos para "justificar la negativa de Madrid a firmar el convenio y a transferir fondos ya presupuestados".
En relación con la sanción impuesta por la UE por la falta de planificación hidrológica en las Islas, la consejería señala que "teníamos que tener ya puestos a disposición pública todos los planes y no se han terminado". "Aunque es la Comunidad Autónoma la que tiene que dar la cara, la realidad es que hay siete cuencas hidrográficas, y desde el Gobierno hacemos la coordinación, el seguimiento para que se avance y se agilice lo antes posible, pero la realidad es la que es y no se ha llegado al objetivo que se ha marcado", insisten. Aseguran que "esta sanción nos llegará tarde o temprano" y que "habrá que ir a Bruselas a explicar los procedimientos que se han seguido hasta ahora, cómo se ha trabajado y lo que nos queda por hacer".
