22 de octubre de 2019
22.10.2019

Los municipios dan la espalda al Gobierno y se niegan a cederle 'su' recaudación

El plan de la Consejería de Hacienda no pasa el corte en la Federación Canaria de Municipios por el rechazo de los ayuntamientos de Coalición Canaria y Partido Popular

22.10.2019 | 03:55
Reunión del PSOE celebrada ayer en Las Palmas de Gran Canaria.

Los ayuntamientos del Archipiélago le dieron ayer un revés al Gobierno de Canarias al rechazar su propuesta de reparto del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC). La Federación Canaria de Municipios, entidad que aglutina a los consistorios de la Comunidad Autónoma, rechazó modificar el sistema de reparto del medio punto del IGIC que el Ejecutivo aumentará el año próximo al elevar su tipo general del 6,5% al 7%. Se impuso así el criterio de los alcaldes del PP y CC, que ya habían avisado que no estaban dispuestos a ceder parte de los fondos que les corresponden.

La negativa de la Fecam supone que el Ejecutivo autonómico pierda 25 millones de euros, que es la suma que esperaba obtener de la cesión de los ayuntamientos. La idea era que esa cantidad ayudara a sacar adelante la ambiciosa agenda social del Gobierno de Canarias, que ahora depende básicamente de dos vías de financiación: del dinero que se logre con el reajuste del gasto público ?Ángel Víctor Torres quiere que la prioridad sean las políticas sociales en detrimento de cualquier otro desembolso más o menos prescindible? y de la controvertida subida de impuestos.

Un 58% de la recaudación

En estos momentos, los ayuntamientos y los cabildos se quedan con un 58% de la recaudación del IGIC. El restante 42% nutre los presupuestos de la Comunidad Autónoma. La solicitud del Ejecutivo era que esos porcentajes se invirtieran, es decir, que el Gobierno se quedara con el 58% y que las entidades locales e insulares se repartieran el 42%.

Pero eso sí, únicamente durante un ejercicio, el del próximo año, y lo que es más importante: solamente para la recaudación extraordinaria por el incremento del tipo general del IGIC del 6,5 al 7%. Dicho de otro modo: los ayuntamientos y los cabildos seguirían recibiendo 58 de cada cien euros recaudados por el AIEM ?el polémico Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías?, por el impuesto de matriculación e incluso por la mayor parte del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). El Gabinete de Torres calcula que la subida de medio punto del IGIC reportará en 2020 a las arcas públicas unos 153 millones de euros, y es de ese extra del que Hacienda pretendía retener 89 millones ?el 58%? y transferir a consistorios y cabildos los otros 64, esto es, el 42%. Pero ni por esas. La Fecam no quiere ni oír hablar de perder parte de su trozo del pastel.

La Federación de Municipios aseguró que tiene plena disposición para colaborar con el Ejecutivo y "solventar el problema puntual y estructural" que complica la elaboración de los presupuestos regionales para el próximo ejercicio. Los ayuntamientos incluso se muestran convencidos de que el Gobierno tiene suficiente margen de maniobra para arañar recursos extraordinarios con el reajuste de la anualidad del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) de 2020. Y contará con su apoyo siempre que no cruce la línea roja de los porcentajes de reparto de los recursos del REF. "Hemos planteado que se busque conjuntamente con los cabildos y el Gobierno alguna solución, con el convencimiento de que hay posibilidades en la reestructuración de la anualidad de 2020 del FDCAN". Pero ?continúa la Fecam? "sin tener que modificar los porcentajes de distribución del bloque de financiación". Los consistorios justifican su negativa a los planes de la Consejería de Hacienda en "las diferentes casuísticas y dificultades de financiación de los 88 ayuntamientos", lo que se traduce en el triunfo de las tesis de CC y el PP.

Aunque la propuesta del Ejecutivo autonómico se circunscribía a esos 153 millones de euros por la subida de medio punto del IGIC, nacionalistas y populares acusaron al Gobierno de Torres de pretender "apropiarse" de un dinero que les corresponde a las corporaciones municipales e insulares. El principal argumento de los dos grandes partidos de la oposición es que si se aceptara la petición de la Consejería de Hacienda, se produciría un desequilibrio en las finanzas de ayuntamientos y cabildos que incluso comprometería la prestación de los servicios públicos.

Además, la negativa de CC y el PP a los planes del Gobierno para el IGIC se extiende también a la reorientación del FDCAN. En consecuencia, y a pesar de la "máxima voluntad" de la Fecam de colaborar en los "ajustes" del Fondo de Desarrollo de Canarias para que puedan salir adelante los presupuestos autonómicos, la unanimidad está muy lejos de conseguirse. La idea del Ejecutivo es ampliar el plazo que tienen las entidades locales para justificar las obras que llevan a cabo con los dineros del FDCAN, lo que implicaría que el Gobierno también les abonaría los fondos más tarde de lo previsto.

Una medida de ganadores

En Hacienda entienden que es una medida que solo tiene ganadores. Hay que recordar que las entidades locales acumulan ocioso en los bancos un superávit milmillonario que en principio solo puede destinarse para dos cosas: pagar deuda y ejecutar las llamadas inversiones financieramente sostenibles, es decir, trabajos que no comprometan futuros presupuestos. El caso es que casi ocho de cada diez obras que se han sufragado con el FDCAN podrían haber pasado como financieramente sostenibles, de modo que cabildos y ayuntamientos pudieron haberlas ejecutado con el superávit, lo que a su vez habría implicado que el Gobierno se ahorrara ese dinero. El argumento no solo es el del actual Ejecutivo, sino también el de la propia Audiencia de Cuentas. Así que consistorios y corporaciones insulares podrían hacer mejor uso de los recursos ?de los propios y de los del FDCAN? y Hacienda se ahorraría en 2020 unos 80 millones, que es la cantidad que tendría que transferir para sufragar los trabajos del Fondo de Desarrollo si finalmente no convence a la Fecam y la Fecai para redefinirlo.

Populares y nacionalistas han tocado a rebato y ya han anunciado iniciativas en ayuntamientos y cabildos en oposición a que se cambie el FDCAN. Mientras, desde el PSOE, Elena Máñez mostró su satisfacción por el hecho de que la Fecam esté dispuesta a cambiar el Fondo de Desarrollo.

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