Los abogados generales de la Unión Europea (UE) han echado un jarro de agua fría a los casi 27.600 interinos de la Administración autonómica, cabildos y ayuntamientos. O más bien un doble jarro de agua fría. Ni tienen derecho a percibir indemnización por despido ni el hecho de que encadenen contratos temporales necesariamente obliga a la institución a convertirlos en trabajadores fijos. Al menos esa es la opinión del polaco Maciej Szpunar y de la alemana Juliane Kokott, dos de los once letrados del cuerpo de abogados generales de la UE, cuya misión es aportar su parecer a los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con plena imparcialidad e independencia. Los dictámenes de los abogados generales no son vinculantes, es decir, no condicionan en modo alguno las posteriores sentencias del TJUE, pero es igualmente cierto que suelen marcar el rumbo al tribunal con sede en Luxemburgo, que en el caso de los interinos españoles se pronunciará definitivamente en los próximos meses.

La causa de que el régimen de los funcionarios interinos esté bajo la lupa de las instituciones comunitarias está en los juzgados de la Comunidad de Madrid. Tres juzgados madrileños elevaron al TJUE sendas cuestiones prejudiciales ?una cuestión prejudicial sirve para que el tribunal de Luxemburgo resuelva las dudas de los órganos de Justicia de los Estados miembros sobre la interpretación del derecho comunitario? tras las denuncias de varios empleados públicos. En uno de los casos, una antigua interina del Ayuntamiento de Madrid reclama una indemnización de 20 días de salario por año trabajado por haber cesado en el puesto, puesto que fue cubierto por un funcionario de carrera siete años después. El Consistorio le denegó la indemnización. Los otros casos son los de varios interinos que tras años encadenando contratos temporales solicitaron que se les reconociera como trabajadores fijos. También se les denegó la petición.

De que prosperen o no los recursos de estos empleados o ex empleados públicos depende en gran medida que los interinos del resto del país puedan exigir una indemnización por despido o su conversión a trabajadores indefinidos tras años de labor en las instituciones. El dictamen de los abogados generales del TJUE complica el panorama, pero el colectivo aún conserva la esperanza de que los magistrados del tribunal de Luxemburgo no sigan el parecer de los letrados.

En el caso de la Comunidad Autónoma, y según los datos del último Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, que actualiza semestralmente el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, los trabajadores pendientes de lo que ocurra en Luxemburgo son, exactamente, 27.596. Una cifra que incluye los tres niveles institucionales.

Fue el propio consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, quien informó el mes pasado en el Parlamento de que hasta un 30% de la plantilla autonómica está formado por interinos. Eso suma 18.645 de los 62.149 funcionarios dependientes del Ejecutivo regional y de todo su entramado institucional. Pero, además, también ronda el 30 el porcentaje de interinos en la Administración local, esto es, en los cabildos y ayuntamientos. Serían otros 8.948 trabajadores de un total de 29.828. Y a todos ellos se suman otros tres en nómina de la Universidad de La Laguna, siempre según los datos del boletín del Ministerio.

Szpunar asegura que la normativa comunitaria "no se opone" a la española, que no prevé indemnizaciones por despido a los interinos que dejen el puesto por la incorporación de un funcionario de carrera. Por su parte, Kokott agregó que tampoco cabe imponer per se que se haga fijo al empleado que encadene contratos de interinidad.

Canarias busca estabilizar la plantilla

Julio Pérez explicó en una reciente comparecencia parlamentaria que el Gobierno canario apuesta por estabilizar el empleo público, de modo que a medio y largo plazo se reduzca considerablemente el actual 30% de trabajadores que se desempeñan como interinos y, por tanto, sin derecho a indemnización por despido y sin garantía de convertirse en fijos por más que lleven diez, 20 o 30 años en el mismo puesto. El consejero reconoció que el plan de estabilización es "urgente".