Plan relámpago para relanzar la vida política española, garantizar el desarrollo de la próxima legislatura, aprobar de inmediato nuevos presupuestos estatales y dar respuesta urgente a las reclamaciones financieras de las Comunidades Autónomas, entre las que Canarias tiene una amplia agenda de asuntos pendientes con el Estado y cuyo desbloqueo se produciría en un margen temporal de pocos meses. Este es el escenario que dibuja el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a las próximas elecciones del 10 N, Pedro Sánchez, si gana los comicios y logra la investidura y formar gobierno.
El líder socialista presentó la pasada semana la hoja de ruta con la que pretender evitar un nuevo bloqueo político en el Congreso si él resulta vencedor en las urnas, que incluiría proponer en 48 horas al resto de formaciones una negociación con el objetivo de formar Gobierno en el plazo de un mes, e iniciar el año con una intensa actividad política y legislativa que conllevaría la presentación en enero de un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, los correspondientes ya al 2020 y con el que se pasaría página a la doble prórroga de los de 2018, con la idea de tenerlos aprobados en el primer trimestre y con entrada en vigor, a ser posible, en abril. Ese plan, obviamente condicionado al éxito electoral que le pronostican las encuestas, tendría consecuencias importantes en Canarias y en sus expectativas de ir avanzando en los asuntos pendientes con el Estado una vez se supere la parálisis política.
Pendientes de Madrid
El Gobierno de Canarias y su presidente, el socialista Ángel Víctor Torres, llevan prácticamente desde el momento en que tomaron posesión en julio pendientes de que se forme Gobierno en Madrid y se retomen las negociaciones o se reactiven las decisiones que se interrumpieron cuando el actual Ejecutivo de Sánchez entró en funciones desde la anterior jornada electoral del 28 de abril. Aunque se han aprobado algunas medidas en este tiempo pese a esa circunstancia, como el traspaso de los 42 millones de euros para el PIEC, o los 223 millones adicionales de las entregas a cuentas del 2018 respecto a las calculas inicialmente por el Ministerio de Hacienda, la mayoría de los asuntos que constituyen las relaciones de futuro a corto y medio plazo entre Canarias y el Estado siguen pendientes de que se formalice un nuevo gobierno central y nuevos equipos en las sedes ministeriales.
El plan lanzado por Sánchez para el caso de que logre mantenerse en la Moncloa conllevaría una dinamización de la agenda canaria, sobre todo por la hipotética aprobación inmediata de unos nuevos presupuestos. Ese paso implicaría retomar las negociaciones entre ambos Ejecutivos sobre la financiación de los convenios de infraestructuras firmados o pendientes de rubricar, como el de obras hidráulicas o infraestructuras turísticas y otros, o los compromisos presupuestarios de las anteriores cuentas estatales que no se han transferido, como el fondo para la pobreza, recogido además en la reforma del REF. La redefinición de las relaciones financieras y la situación de los pagos estatales pendientes es sin duda el gran argumento que tendrán que abordarse en el corto plazo entre los gobiernos de Torres y Sánchez si éste logra su objetivo y pone en marcha el plan con el que acude a la cita del 10 N.
Si es así, el nuevo Ejecutivo socialista tendría que dar carta de naturaleza al compromiso ya asumido por el actual en funciones a los más de 600 millones de deuda en carreteras correspondiente al anterior convenio a que se refieren varias sentencias del Tribunal Supremo. Se trata de los fondos correspondientes a proyectos no ejecutados que el Ministerio de Fomento no asumía hasta que hace unas semanas pactó con el Gobierno regional que incorporaría esa cantidad a al nuevo convenio, de 1.200 millones hasta el 2025, aunque reprogramando proyectos y anualidades. Con nuevos presupuestos en marzo, ambos Ejecutivos estarán en disposición de negociar, paralelamente al conjunto del nuevo convenio, la primera de las anualidades a incorporar a esas cuentas del 2020.
Con un gobierno totalmente operativo en enero, según el plan de Sánchez, se podrá también empezar a despajar ya en ese momento la fórmula legal, que el Ministerio de Hacienda actualmente en funciones se ha mostrado dispuesto a estudiar para que los otros 400 millones del convenio de carreteras, correspondientes a obra ejecutada por Canarias y que el Estado debe restituir incluidos intereses de demora, no computen como superávit en las cuentas canarias y puedan, por tanto, destinarse a cubrir servicios básicos y no a amortización de deuda o a inversión financieramente sostenible.
Esta cuestión quedó bloqueada por la negativa del anterior Gobierno de Canarias a firmar un acuerdo en diciembre de 2018 para recibir ese pago porque Fomento le obligaba a no reclamar por vía judicial los otros 600. El presidente de Canarias y el vicepresidente, Román Rodríguez, pactaron en agosto con la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, buscar algún mecanismo para que al menos parte de esa cantidad no vaya a superávit.
El otro gran asunto que la hoja de ruta de Sánchez dejará supuestamente encaminada en los primeros meses del año en relación con Canarias sería la nueva financiación autonómica. Además de comprometerse a poner sobre la mesa de forma inmediata una propuesta para empezar a negociar el nuevo sistema, algo que Canarias viene pidiendo urgentemente, el candidato socialista a la Moncloa cuenta con enviar a las comunidades 10.000 millones más de financiación procedentes de la liquidación del 2018, lo que complementaría los 4.600 (cerca de 230 para Canarias, según cálculos del Gobierno regional) que ya liberó el viernes pasado sobre las entregas a cuenta de este año bloqueadas por no tener presupuestos.
Con estos fondos estatales y la agilización de los otros asuntos pendientes en los ministerios, el Gobierno Canarias lograría en el primer semestre del año un avance importante de su agenda pendiente con el Estado, lo que sería de gran ayuda para poder complementar los presupuestos regionales que ya está elaborando "a ciegas" por las dudas de las entregas estatales, pero que se podrán retocar a medida que se despejen éstas.
Un horizonte socialista
El Ejecutivo de Torres ha buscado en estos meses de interinidad gubernamental en Madrid ir desbrozando los distintos temas para tener trabajo avanzado, primero por si había investidura y nuevo Ejecutivo en la pasada y frustrada legislatura, o en todo caso para cuando eso se produzca tras el 10 N, si es que no hay nuevo bloqueo. Torres trabaja con el horizonte de un Gobierno socialista en Madrid y por tanto con una buena sintonía con él, y considera que el plan avanzado por Sánchez ayudará a las Islas a enfilar la nueva etapa política manteniendo los objetivos con los que en julio pasado echó a andar el gobierno de progreso que él preside.
Entregas a cuenta, en dos plazos
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, anunció ayer que el importe correspondiente a la actualización de las entregas a cuenta de la financiación autonómica llegará a las comunidades de forma fraccionada al 50 % en noviembre y diciembre, salvo que a alguna comunidad la urja y necesite que sea de una sola vez. La ministra espera que no se tache de electoralista que la primera parte llegue antes del 10 N.
