La ultraperiferia tiene muchos costes que en ocasiones pasan desapercibidos. La lejanía y la fragmentación territorial del Archipiélago actúan como un factor que dificulta el nombramiento de funcionarios con habilitación nacional, los que deben ocupar algunos de los puestos claves en los ayuntamientos y cabildos, en especial los de interventor y secretario, que realizan, respectivamente, las funciones de asesoramiento legal y y fiscalización de la gestión económica, financiera y presupuestaria. Si a esas especiales condiciones geográficas se suma la escasa convocatoria de plazas durante los últimos años, el resultado difícilmente puede ser otro que el que reflejan los datos oficiales: el 54% de los puestos destinados a habilitados nacionales está vacante en Canarias. En el caso concreto de las intervenciones y secretarías la situación es aún más grave, puesto que el 62% de las plazas no tiene un titular.
Ante los problemas para que estos cargos sean cubiertos por funcionarios con habilitación nacional -seleccionados por la Administración del Estado-, las corporaciones municipales e insulares recurren a distintas fórmulas para que alguien desarrolle las funciones que les corresponden, puesto que, según dispone la Ley de Bases del Régimen Local, son de necesario cumplimiento. Así, los puestos se proveen mediante nombramientos interinos de funcionarios seleccionados por la Comunidad Autónoma, nombramientos accidentales de funcionarios de la propia administración local, comisiones de servicios o nombramientos por acumulación, un sistema que permite a dos consistorios cercanos compartir un habilitado.
Según los datos de la Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno canario -a fecha del pasado 4 de octubre-, 146 de los 269 puestos reservados en las Islas a funcionarios con habilitación nacional se encuentran vacantes. Dentro de este grupo figuran 168 plazas de secretarios e interventores, de las que 104 permanecen sin un titular. Que esos puestos se encuentren vacantes no significa que nadie ejerza esas funciones, sino que no han sido ocupados con carácter definitivo por habilitados nacionales mediante los sistemas de concurso o libre designación. En la mayoría de los casos son desarrolladas a través de los procedimientos de provisión no definitivos a los que recurren las corporaciones locales, aunque en la estadística facilitada por el Ejecutivo regional figuran varios casos en los que no consta ninguna forma de cobertura.
Solo tres cabildos -Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura- tienen todos las plazas de secretario e interventor cubiertas con habilitados nacionales, mientras que hay 45 ayuntamientos -20 en Tenerife, 15 en Gran Canaria, cinco en La Palma, cuatro en Fuerteventura, tres en Lanzarote, dos en La Gomera- que palían las vacantes mediante medidas excepcionales.
El decreto ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Empleo Público en las Administraciones Canarias aprobado el pasado jueves por el Consejo de Gobierno -y publicado el viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC)- incluye, además de actuaciones encaminadas a regular los nombramientos de los nuevos funcionarios de carrera que salgan de los procedimientos selectivos en curso, una ampliación de los sistemas de provisión excepcional que emplean los cabildos y ayuntamientos para incorporar personal que asuma las tareas propias de los secretarios e interventores. Cuando el régimen establecido por el Estado no permita garantizar la cobertura de los puestos de secretario e interventor, y "en casos de ausencia, vacante, enfermedad u otras causas", la Comunidad Autónoma podrá realizar "nombramientos excepcionales y circunstanciales" de otros funcionarios de la corporación, que tendrán efectos de duración no superior a cinco días en cada mes.
"Ni accede a nuestras corporaciones personal de secretaría e intervención con carácter definitivo, ni es posible acordar acumulaciones circunstanciales que al menos palíen la falta de aquellos, ni hay en muchos casos personal funcionario cualificado a quien quepa designar del modo provisional actualmente previsto en las normas", sostiene el Gobierno de Canarias en la exposición de motivos del primer decreto ley de esta legislatura. La situación, advierte para justificar la adopción de las nuevas medidas, "conduce a una situación de grave compromiso para la prestación de los servicios públicos esenciales de competencia municipal".
