Podemos insta a Torres a saldar la deuda histórica con los represaliados

Manuel Marrero considera en un comunicado que con este objetivo debe haber una partida presupuestaria concreta en 2020 para tal fin que permita poner en marcha tanto la Comisión técnica de la Memoria Histórica como la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad.

Por ese motivo, en el pleno de control al Ejecutivo que se celebrará el martes preguntará al presidente Ángel Víctor Torres "qué planes tiene" para desarrollar ambas legislaciones, en virtud a los compromisos adquiridos en la investidura.

"El franquismo tiene una sombra muy alargada. En las islas hubo una gran represión y a la detención de miles de personas, desaparecidas, fusiladas o esclavizadas en batallones de trabajo forzado hay que sumar la represión que significó separar a las madres de sus recién nacidos, ya fuese por extirpar el gen rojo de las madres republicanas o como consecuencia de la pobreza y la miseria omnipresente en nuestra tierra", afirma Marrero.

Para Marrero, es indispensable que la Ley de Memoria Histórica, aprobada hace 11 meses por el Parlamento, quede adscrita a una Consejería y "dotarla de personal al efecto", además de incluir una partida presupuestaria de 2020 "para los fines previstos en la Estrategia anual para la Memoria Histórica de Canarias".

"Las víctimas y sus familiares necesitan de un espacio físico y de un personal adscrito al mismo y crear la Comisión técnica de la Memoria Histórica, que debiera haberse constituido en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la Ley", afirma.

"Este Gobierno debe saldar la deuda que la sociedad tiene con las personas detenidas en Fyffes La Isleta o Gando, entre otros lugares, fusiladas en el Barranco del Hierro, lanzadas al vacío en la Sima Jinámar, recluidas en la colonia penitenciaria para homosexuales en Fuerteventura, desaparecidas en los pozos de Arucas, en los montes de La Palma o en las costas tinerfeñas", asegura Marrero.

Del mismo modo es fundamental crear bases de datos, impulsar el Centro Virtual de la Memoria Histórica, poner en funcionamiento el banco de ADN, o exigir la retirada de la simbología franquista que aún pervive en nuestras ciudades.

Por lo que se refiere a la Ley de Menores Robados, que es "la primera y única ley que se ha aprobado al respecto en el Estado español" y que fue impulsada por Podemos Canarias en la pasada legislatura, afirma que "de forma inmediata" debe crearse la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad, que tiene entre sus funciones la elaboración de un informe anual.

Para el portavoz parlamentario de la confluencia, es "urgente que haya un registro público, una base de datos, bajo el control de las administraciones públicas, de los niños que pudieran haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada o sustitución de identidad".

"La Administración tiene que facilitar el acceso a los archivos y garantizar la tutela judicial. Y para ello debe contar con la financiación suficiente y necesaria. No podemos permitirnos que haya personas que aún continúan buscando su identidad", concluye.