Canarias recibirá el próximo año 908,9 millones de euros para costear los servicios públicos procedentes del sistema de financiación autonómica, 222,8 millones más con respecto a la liquidación anterior, realizada este año, debido al buen comportamiento de la recaudación de los impuestos estatales. La liquidación refleja la diferencia entre las entregas a cuenta y el importe definitivo que les corresponde a las comunidades autónomas en aplicación del modelo de financiación y que se liquida dos años después. Por ello se trata de fondos que corresponden al ejercicio 2018, un año de crecimiento económico y creación de empleo, por lo que ha sido favorable a las comunidades.

El Consejo de Ministros dio también el visto bueno definitivo a las entregas a cuenta de este año mediante un decreto-ley que otorga a las Islas 207 millones de euros, unos fondos bloqueados hasta ahora por la prórroga de los presupuestos de 2018 y por la imposibilidad de que un gobierno en funciones pudiese realizar el traspaso a las autonomías. Una vez que se ha encontrado la fórmula jurídica, y ya en plena precampaña electoral, el Estado transfiere a las regiones 4.682 millones de euros que servirán para aliviar la recta final del año a las arcas autonómicas.

La parte proporcional del IVA

Los 207 millones de euros que reciben las Islas no es la cantidad total que le corresponde a la Comunidad Autónoma porque no se ha aplicado la parte proporcional del IVA, que también incluye a Canarias. No obstante, el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, garantiza que llegarán todos los fondos cuando haya Gobierno estable tras las elecciones del 10 de noviembre. La Comunidad Autónoma había calculado 223 millones pero pueden superar los 230, según las estimaciones de Torres. El jefe del Ejecutivo recuerda que no se puede transferir el 100% de los fondos porque no lo permite la ley. La que está menos afectada por la parte del IVA que no se puede transferir todavía es Canarias, pero Torres advierte que se trata de una "liquidación objetiva", por lo que el dinero llegará tarde o temprano.

En concreto los 16 millones que restan hasta los 223 se transferirán cuando se actualice el sistema de información del IVA una vez que tome posesión el nuevo Gobierno estatal. De hecho la suma total son 2.500 millones de euros que no se han podido transferir a las comunidades debido a que no se ha actualizado el sistema del IVA, aunque Canarias es una de las regiones menos perjudicadas por esta situación.

Los 207 millones aprobados por Hacienda suponen una inyección de liquidez para la tesorería de la Comunidad Autónoma. Con estos fondos se aligera la situación financiera y se camina hacia la estabilidad presupuestaria, uno de los principales objetivos del cuatripartito ante el desfase presupuestario que se encontró al llegar al Gobierno.

"Si no nos llegaba podía complicar las cosas", admite Torres, ya que reduce las "tensiones de tesorería" que se podrían producir. "Este dinero supone un alivio en la tesorería, tener dinero en los bancos para las operaciones que quedan de este año y poder llegar a los parámetros de estabilidad presupuestaria, que vamos camino de lograrlos con las decisiones que hemos tomado, entre ellas las retenciones de crédito que se han realizado para pagar las nóminas de Sanidad y Educación".

Acusaciones de "electoralismo"

Torres también se refirió a las acusaciones de "electoralismo" lanzadas por la oposición. El presidente se mostró "sorprendido" porque "es una magnífica noticia para todas las comunidades autónomas". Insistió en que "me da la razón el tiempo porque me tocó a mí anunciar el 29 de agosto que habría transferencias antes de finales de año. No es que esté defendiendo a la ministra, es que fue absolutamente honesta y sincera. No hay electoralismo alguno", resaltó. "Nos alivia las cuentas de este año porque tenemos un desfase importante. Los que utilizan esto electoralmente son otros en sus ataques a una decisión del Gobierno que nos beneficia a todos", subrayó Torres.

La corrección del déficit una vez ingresados estos fondos puede situarse en unos 100 millones de euros si se añade la retención de crédito que decidió el Ejecutivo por valor de 170 millones precisamente, según Torres, para afrontar el pago de las nóminas debido a la contratación de personal.

Dudas con los fondos de las vías

El presidente canario no fue muy claro al valorar la posibilidad de que la medida admitida por la Abogacía del Estado pudiera ser utilizada para el pago a Canarias de la parte del convenio de carreteras que el Estado contabiliza como superávit de la Comunidad Autónoma. Según dijo, "el problema es que cuando acaba el 2018, esa parte de la deuda (que asciende a casi 400 millones) pasa obligatoriamente y por ley a superávit y por eso se debió firmar antes de final de ese año. Eso se destina a deuda o a inversiones financieramente sostenibles". En todo caso, recordó que "como estamos hablando de carreteras y son inversiones finalistas, la ministra de Hacienda nos trasladó ese mismo 29 de agosto la voluntad de buscar fórmulas para que pudiéramos nosotros ejecutarlo en varios años". "Esos 400 millones son superávit si o si, pero los otros 500 correspondientes a las sentencias y que no están ejecutados, pasarán automáticamente al nuevo convenio cuando haya gobierno ordinario y en plenas funciones". Torres insistió en reclamar que el Ejecutivo que salga de las urnas del 10 N "respete el acuerdo que hemos cerrado con el actual gobierno".