Sánchez libera los fondos autonómicos en precampaña y antes de lo prometido

Pese a las explicaciones que se dan desde el Ministerio de Hacienda para justificar el cambio de posición por parte de la Abogacía del Estado, cuyos informes al respecto eran hasta ahora contrarios a los pagos, las sospechas de que se trata de una decisión condicionada por la situación política están muy generalizadas. Una de las razones que se alegan para negar el carácter electoralista de la medida es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya anunció al Gobierno de Canarias en agosto que se estaba buscando una fórmula legal y que se transferirían esos fondos antes del 15 de diciembre, es decir, dos meses después de lo que se acuerda ahora.

Fue en la primera entrevista entre el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, con Montero, celebrada el 29 de agosto, y con el escenario de fondo de un anunciado recorte del gasto en las Islas por un desfase presupuestario de 482 millones. Canarias necesitaba urgentemente que se libraran las entregas a cuentas de la financiación autonómica suspendidas por la prórroga presupuestaria estatal del 2018, y por un informe de la Abogacía del Estado, fechado el 27 de agosto, que advertía la ilegalidad de que tal pago se hiciera por parte de un gobierno en funciones. Torres y Rodríguez fueron los primeros dirigentes políticos de todo el Estado en conocer y anunciar las intenciones de la ministra de buscar una salida alternativa ante la emergencia de tesorería que ya afectaba a varias comunidades autónomas.

Que lleguen cuanto antes

En todo caso, el Gobierno de Canarias pone ahora el foco en la importancia de poder recibir esos fondos cuanto antes, "en las próximas semanas", y lo sitúa en el haber del Ejecutivo central en relación con sus compromisos con las Islas. Román Rodríguez señala que este pago, junto al acuerdo adoptado el 19 de septiembre para que Canarias reciba 37,7 millones de los 101 que se incluyen en la adenda al convenio de carreteras que expiró en 2018 (paralos 63,3 millones restantes, cuyas obras no se han certificado por el Gobierno regional, hay un acuerdo con Fomento para que se incluyan en el acuerdo actual), "va dando cumplimiento a los acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias en agosto para garantizar la estabilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma". La reclamación de estas medidas, recuerda Rodríguez, "figuraban en el paquete de propuestas aprobadas por el Ejecutivo para corregir los desequilibrios de los presupuestos regionales por vía de los ingresos y evitar un déficit excesivo".

Desde el ministerio de Hacienda se insiste en que "no hay un cambio de criterio de la Abogacía del Estado, sino que las circunstancias han cambiado y las elecciones del 10 N permiten esa salida". Según esa teoría, como ya es seguro que no habrá nuevo Gobierno este año, ya no se genera un compromiso de gastos por un Ejecutivo en funciones en el mismo ejercicio económico. Así lo establece el nuevo informe de la abogada general del Estado, Consuelo Castor, pese a las reticencias de parte de algunos de los técnicos de Hacienda.

Sin embargo, los partidos de la oposición y la mayoría de los gobiernos autonómicos, incluidos algunos socialistas, ven una clara intención electoralista en la decisión porque consideran que el Ejecutivo de Sánchez ha esperado a la convocatoria electoral para impulsar ese cambio de criterio en los servicios jurídicos del Estado. La candidata de CC al Congreso Ana Oramas calificó ayer de "total desvergüenza y un ejercicio de oportunismo" el anuncio de la Abogacía del Estado de autorizar la liberación de esos fondos, mientras que el presidente del PP, Pablo Casado, acusó a Sánchez de "usar y manosear" a la Abogacía del Estado. Desde el PSOE, la candidata al Congreso por Las Palmas, Elena Máñez, recordó a "quienes con fines electoralistas buscan intoxicar y distorsionar una medida beneficiosa para Canarias ", en referencia a las declaraciones de Oramas al respecto, que "cumplir con los compromisos con Canarias no es electoralismo sino responsabilidad".

Aún no había convocatoria

Más allá de la visión política que cada parte tiene sobre la actual situación, lo cierto es que cuando Montero anunció que pagaría los fondos antes del 15 de diciembre, es cierto que no estaban convocadas aún las elecciones, pero daba por descontado que no habría nueva sesión de investidura de Pedro Sánchez, tras la fallida de finales de julio, y que el presidente en funciones no contaba con presentarse a una nueva sesión, dando por segura la consiguiente convocatoria electoral.

La fecha del 15 de diciembre que la ministra puso como límite al pago de estos fondosera orientativa para no descartar formalmente la posibilidad de una investidura y que un nuevo gobierno la aplicara ya sin limitación de funciones. Todo ello indica que no hay garantía alguna de que esa fecha pueda servir de demostración de que el Gobierno no haya adelantado la decisión y utilizado a la Abogacía del Estado por la convocatoria electoral.

¿QUÉ SON LAS ENTREGAS A CUENTA?

Las entregas a cuenta son un mecanismo que permite que las Comunidades Autónomas de régimen común (Navarra y País Vasco tienen sus propios fueros) reciban de forma anticipada parte de los fondos que les corresponden por el sistema de financiación autonómica que engloba varios conceptos (tarifa autonómica del IRPF, Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales o Fondo de Suficiencia Global, entre otros).

¿CUÁNTO ADEUDA EL ESTADO A LAS COMUNIDADES?

Hacienda habla, y es lo previsto aprobar hoy en el Consejo de Ministros, de 4.500 millones resultante de la diferencia entre las entregas a cuenta derivadas de la prórroga de los presupuestos de 2018 y las que les corresponderían con las estimaciones de ingresos actualizadas. Las comunidades autónomas, no obstante, calculan que la deuda asciende a más de 5.100 millones.

¿Y LOS AYUNTAMIENTOS?

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) exige a Hacienda que si ha hallado la fórmula para pagar a las comunidades, abone también a los municipios los 1.203 millones que tiene igualmente pendiente con ellos por ese mismo concepto.

¿QUÉ HA SUCEDIDO?

La situación es inédita. Nunca antes un presupuesto estatal se ha prorogado durante dos años. Así que dado que no se rechazó el proyecto de presupuestos de 2019, siguen en vigor las entregas a cuenta establecidas para 2018.

¿CÓMO SE REPARTEN LAS ENTREGAS ?

De las 15 comunidades beneficiarias de esta partida y Cataluña se sitúa en primer lugar, con una reclamación de 874 millones, según los datos aportados a Efe por las Consejería de Hacienda de las distintas administraciones territoriales. Precisamente fue Cataluña, cuando anunció el pasado mes de agosto que iría a los tribunales si no les abonaban el dinero de las entregas, la que activó las reclamaciones del resto de los responsables autonómicos. Le sigue la Junta de Andalucía, con una reclamación de 1.350 millones, de los que 837 corresponden a las entregas cuenta y el resto, a la liquidación del IVA de 2017, concepto este último que también exigen cobrar las regiones; en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso amplía los conceptos de deuda y a los 733 millones de entregas a cuenta suma otros 377 por liquidación del IVA y 125 por el Consorcio regional de transportes; la Generalitat valenciana cifra en 450 millones las entregas a cuenta, en tanto que la Xunta de Galicia eleva a 330 millones por este concepto. Aragón redondea el cálculo a 400 millones, mientras que Castilla-La Mancha sostiene que le corresponden 360 millones de euros, de los que 226 son por el retraso en la actualización de las entregas a cuenta y 135 por la liquidación de la mensualidad el IVA de 2017 pendiente de recibir. Según las cuentas de la Junta de Castilla y León, el Gobierno les debe 300 millones en entregas a cuenta y 140 por liquidación del IVA; el Gobierno balear estima en 177 millones la deuda: 99 millones por las aportaciones a cuenta y 78 por la liquidación del IVA de 2017; para Asturias la deuda es de casi 200 millones de euros de los que 125 corresponden a anticipos pendientes y en torno a 72 a la liquidación del IVA; Extremadura afirma que ha perdido 220,5 millones en su financiación. Murcia reclama 148 millones por las entregas y Cantabria en unos 105, en tanto que La Rioja no da cifras porque recalcula el monto, si bien cuando gobernaba el PP pedía 89 millones.