11 de octubre de 2019
11.10.2019

Los gerentes de las empresas públicas autonómicas se elegirán por concurso

La convocatoria pública será la "regla general" para seleccionar a los directores de las entidades empresariales Los nuevos funcionarios no tendrán plaza definitiva al menos hasta el año 2021

11.10.2019 | 04:23
El portavoz del Gobierno, ayer tras la reunión del Consejo.

El Gobierno de Canarias cambiará el sistema de selección de los gerentes de sus empresas públicas para que sean designados por concurso y no, como hasta ahora, mediante criterios de derecho privado. Las consejerías de Hacienda y Administraciones públicas preparan una norma que establecerá que, "con carácter general", los directores de las entidades públicas empresariales accederán a sus puestos a través de convocatorias en las que se respeten los principios de "libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad".

"Hay una discusión sobre si estos puestos deben o no ser objeto de concurso público y si les son aplicables los mismos principios que a la administración", expuso ayer el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Pérez admitió que se trata de un asunto "polémico", sobre el que hay distintos criterios, pero defendió la intención de la Administración de aportarle "claridad" con la aprobación de una norma que ajuste los procedimientos para la incorporación del personal gerencial de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma a los preceptos recogidos en la Constitución.

"Sea o no sea exigible hasta este momento, lo será a partir de la aprobación del decreto", recalcó el también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que explicó que el cambio se ha planteado con la llegada del nuevo Gobierno, momento en el que procede la sustitución de los miembros de los consejos de administración de estas entidades.

El departamento que dirige Pérez es también el impulsor del primer decreto ley que tramita el nuevo Gobierno de Canarias, una de las novedades que presenta la reforma del Estatuto de Autonomía. Con esta norma con rango de ley -que aprueba el Ejecutivo en casos de extraordinaria y urgente necesidad y debe convalidar el Parlamento-, la Consejería pretende intervenir en los procesos selectivos que desarrollan la oferta de empleo público de los años 2015, 2016 y 2017 -de las que quedan aún 912 de sus 1.008 plazas por adjudicarse- con la idea de conciliar los intereses de quienes sean nombrados nuevos funcionarios y de los que ya ejerzan la función pública y no han tenido la oportunidad de acceder las plazas que desean al no haberse convocado concursos de traslados.

La normativa se publicará hoy y supondrá que los aspirantes que obtengan plaza mediante los procesos selectivos no la tengan en adscripción definitiva, sino provisional, sin que ello conlleve una merma de sus derechos (al cómputo de la antigüedad o a la consolidación de su grado). Cuando se resuelvan todos los procesos en curso y se aprueben las relaciones de puestos de trabajo pendientes, el Gobierno convocará los concursos de traslados. Será entonces cuando los funcionarios de nuevo ingreso tendrán la oportunidad de optar a una plaza definitiva y los más veteranos -algunos de los cuales llevan "diez u once años" sin poder participar en estos procesos y "atrapados" en sus puestos- puedan intentar acceder a las plazas a las que aspiran. "Esperamos que sea antes del verano de 2021 y que así podamos tener una administración estable", apuntó el consejero.

Según Pérez, la figura del decreto ley permitirá acometer "de manera clara" la regulación de esta situación, al dotarla de mayor seguridad jurídica y así blindarla ante posibles impugnaciones judiciales. El titular del departamento de Administraciones Públicas recordó al respecto que en algunas ocasiones -"en otras no"- la adscripción provisional de funcionarios de nuevo ingreso ha sido considerada "no del todo correcta" por los tribunales, que han anulado decisiones de la Comunidad Autónoma por este motivo. Al mismo tiempo, la Consejería entiende que esa seguridad jurídica facilitará una incorporación "inmediata" de los nuevos empleados públicos.

Las oposiciones convocadas en abril de 2018 han reunido unas 22.000 solicitudes, la gran mayoría de las cuales se concentra en los cuerpos administrativo y auxiliar. Con ellas -y con las que se deriven de las nuevas ofertas de empleo que prevé aprobar el Ejecutivo-, se trata de dar respuesta a las vacantes que han proliferado por las restricciones a la convocatoria de plazas y de reducir la elevada tasa de interinidad que padece la Administración autonómica.

También se dirige a este propósito una segunda medida prevista en el decreto ley: la ampliación del número de plazas en algunas especialidades cuando no se cubran todas las asignadas a los turnos de discapacidad y promoción interna.

Finalmente, la norma contempla la introducción de sistemas excepcionales para que los ayuntamientos y cabildos puedan contar con secretarios e interventores, plazas para funcionarios con habilitación nacional que en Canarias, por sus condiciones, resultan de difícil cobertura. Para ello, permitirá nombramientos interinos -durante cinco días al mes- y que los municipios cercanos compartan un mismo secretario o interventor.

El TSJC anula las bases de Ingenieros Industriales

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado una demanda de los colegios de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife y Canarias Oriental para anular una de las bases del proceso selectivo convocado en 2017 por el Gobierno regional para ingresar en la especialidad de Ingenieros Industriales del cuerpo de facultativos. La sentencia deja sin efecto la base que exigía como requisito de titulación académica "estar en posesión o en condiciones de obtener el título de ingeniero industrial o título universitario de grado correspondiente", al entender que se debe mantener la dualidad de titulaciones máster-grado como equivalentes a licenciatura-diplomatura.

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