El Gobierno de Canarias ha dado un portazo al gas ciudad y se propone como alternativa incrementar la generación de energía a través del fomento de las placas solares. Que todas las azoteas de las Islas tengan su panel fotovoltaico y que los vecinos se beneficien del menor coste e incluso lleguen a ser operadores al verter en la red lo que les sobre son objetivos de la Ley Canaria de Cambio Climático que quiere poner en marcha la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, que dirige José Antonio Valbuena, antes de finalizar 2020. La inversión inicial de las placas solares es costosa. En torno a 3.000 euros dependiendo de los metros cuadrados, calcula Miguel Ángel Pérez, viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático, pero a través de más ayudas del Gobierno canario y buscando fórmulas fiscales, como la reducción en el tramo autonómico del IRPF, o que impliquen a las corporaciones locales, como la rebaja en el pago del IBI por las instalaciones, se puede llegar a todos los vecinos para que coloquen esta energía limpia en sus hogares y reduzcan costes energéticos.

La nueva Ley de Cambio Climático de Canarias se encuentra ya en fase de consulta previa pública a la ciudadanía sobre la necesidad de dictar esta norma y recoger, al mismo tiempo, todo tipo de aportaciones para incorporarlas al texto. El plazo se abrió el martes y culmina el 6 de noviembre a través de la web del Gobierno regional.

Posteriormente, la Consejería hará una ronda de reuniones con todos los sectores, con ayuntamientos, cabildos y, fundamentalmente, se asesorará con el Observatorio Canario del Cambio Climático. La ley será elaborada por un equipo del Gobierno y solo precisará una ayuda legal externa, indica el viceconsejero. Será un norma transversal que influirá en la normativa sectorial para que se adapte a la sostenibilidad del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático, como la Ley del Sector Eléctrico, con el fomento de las placas solares en suelo urbano, entre otras medidas, o la modificación de la Ley del Suelo. En esta última, por ejemplo, cuando se actúe en los planes de mejora urbana se impondrá que se contemple la huella de carbono -controlar las emisiones de C02 en las acciones que se realicen-, que los edificios sean sostenibles o que haya más zonas verdes, explica el viceconsejero Miguel Ángel Pérez.

La norma engloba objetivos como el abandono de los combustibles fósiles, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico cien por cien renovable y que la movilidad sea sostenible, implementar mecanismos de absorción de carbono en los medios físicos de Canarias (marinos, terrestres y atmosféricos), reducir la demanda de energía hasta valores sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética, crear espacios educativos y de información para la población, así como el apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en materia de cambio climático y su impacto en Canarias.

El Gobierno regional aprobó a finales de agosto la Declaración de Emergencia Climática en las Islas donde se contempla esta nueva ley. Se trata de un acuerdo con el que se pretende comprometer y agilizar las políticas del Ejecutivo autonómico para frenar esta amenaza mundial e implementar las políticas efectivas para mitigar los gases de efecto invernadero.

"Ahora, por ejemplo, se mide la calidad del aire pero no se tiene un control exhaustivo de la huella de carbono", explica el viceconsejero para argumentar la necesidad de fomentar los mecanismos de absorción de carbono. Expone que en estos momentos se está extendiendo un movimiento popular del activismo ecológico europeo, que es conocido como "la vergüenza de volar", por el impacto que produce en el medio ambiente la quema de combustible para aviones. Esto afecta directamente a Canarias, unas islas donde la conectividad con el exterior es por aire o por mar, y puede tener efectos sobre el turismo, por lo que, según el viceconsejero, se tienen que tomar medidas como potenciar las zonas verdes o hacer corredores ecológicos que conecten los parques naturales con las zonas verdes urbanas.

Otra de las leyes que pretende poner en marcha la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el?Cambio Climático es la de Economía Circular, que, entre otras cuestiones, se centrará "en cerrar el ciclo de la basura", explica el viceconsejero Miguel Ángel Pérez. "No se puede tirar todo al vertedero; se deben recuperar al máximo los residuos y con ello se genera riqueza", expone. Para ello, tiene en mente actuar con los residuos urbanos de tal forma que el reciclaje empiece en los propios hogares y se recoja la basura "puerta a puerta" como ya se hace en otras comunidades, como en el?País Vasco, indica. El sistema puerta a puerta se tiene previamente que consensuar con los ayuntamientos. Cada familia debe seleccionar la basura, se establece un calendario y horario y se deposita en la puerta de su edificio, donde pasarán los funcionarios a recogerla. En Guipúzcoa los residuos se cuelgan en pinchos ubicados en las paredes.

Recogida de basura 'puerta a puerta'