El Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado este jueves en Madrid, ha aprobado el reparto por comunidades autónomas de 214,5 millones de euros para que las destinen a financiar programas de interés social dirigidas a la atención de la pobreza y la exclusión social. Este importe procede de la llamada 'X Solidaria' de la declaración de la renta, con cargo al 0,7% del IRPF y de ellos a Canarias le corresponden 7,6 millones.
Según ha explicado la secretaria de Estado de Servicios Sociales en funciones, Ana Lima, el reparto se ha aprobado por unanimidad de los representantes de las comunidades autónomas, y la cantidad corresponde al 81,14% de los fondos obtenidos de la 'X Solidaria' de la renta de 2018. La cifra supone un incremento de casi 12 millones respecto al año anterior.
El 18,86% restante de lo recaudado lo repartirá la administración central en subvenciones de ámbito estatal para desarrollar actividades sociales. En total, la 'X Solidaria' de la declaración de la renta de 2018 logró 264,4 millones de euros, un 5% más que en el anterior ejercicio.
Por comunidades, Andalucía obtendrá 45,6 millones; Cataluña, 31,5; Comunidad de Madrid, 26,5; Castilla y León, 20,3; Comunidad Valenciana, 18,1; Galicia, 13,9; Castilla-La Mancha, 11,5; Aragón, 8,9; Canarias, 7,6; Extremadura, 7,4; Región de Murcia, 7,3; Asturias, 4,4; Islas Baleares, 4; Cantabria, 2,7; La Rioja, 1,6; Melilla, 1,3; y Ceuta, 1,2. En el reparto no figuran País Vasco ni Navarra.
Plan Nacional de Alzheimer
El Consejo Territorial también ha aprobado el Plan Nacional de Alzheimer 2019-2023, que según el Ministerio "recoge objetivos y medidas transversales para mejorar el diagnóstico de la enfermedad, la atención a las personas afectadas y a los familiares que los cuidan".
El plan, tal y como ha detallado Lima, tiene cuatro ejes de actuación: la sensibilización y transformación del entorno con el propósito de cambiar la visión que la sociedad tiene del alzheimer, situar a la personas en el centro de la atención sanitaria y social, el derecho, la ética y la dignidad de la persona, y las medidas para fomentar, la investigación la innovación y el conocimiento.
La secretaria de Estado ha destacado que se trata de un plan de "largo proceso y amplio consenso" con las comunidades y los municipios, así como participado por profesionales, científicos y sociedad civil, y supondrá en la práctica una mayor coordinación entre administraciones. "Para que vayamos todos en la misma línea y no haya duplicidades", ha precisado.
Según Ana Lima, el plan no tiene un presupuesto específico y algunas de las medidas que contempla no requieren financiación, aunque espera que pueda contar con dotación para desarrollar otras medidas que no están en marcha "por falta de financiación".
Adopción internacional
Por otro lado, la reunión del Pleno del Consejo Territorial ha dado luz verde al nuevo modelo de contrato de intermediación en adopción internacional, que establece que el modelo de contrato entre las familias adoptantes y los organismo acreditativos de adopción debe ser único, así como los costes de los trámites para cumplir "los principios de igualdad y de seguridad jurídica".
Según este nuevo modelo, cada contrato se referirá a un país y a un organismo acreditado. "Además, habrá una parte común y una parte económica diferenciada en función del país de origen y los organismos acreditados de adopción", explica el Ministerio. Entre otras novedades, cada familia tendrá, a la firma del contrato, una estimación básica del coste total del expediente.
El Consejo Territorial también ha acordado el levantamiento de la suspensión de la tramitación de adopciones de niños sin necesidades especiales en Vietnam, y se ha acordado entre el Gobierno y las comunidades autónomas criterios de cobertura, calidad y accesibilidad comunes para el acogimiento familiar y en centros residenciales para menores.
Asimismo, se ha establecido un marco común en los estándares de calidad en programas de estancias temporales de personas extranjeras menores de edad. El documento técnico establece, entre otras cuestiones, los procedimientos de seguimiento y coordinación. También determina los requisitos y buenas prácticas para las peticiones que hagan de acogida tanto las personas físicas como las jurídicas.
El Pleno ha estado presidido por la secretaria de Estado ante la ausencia de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, que este jueves se encuentra en la ciudad francesa de Lyon participando en la VI Conferencia de Reposición del Fondo Global para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. Una "cita ineludible e inesperada", según Lima, que ha excusado la ausencia de Carcedo.
