Las irregularidades en la gestión de dos vertederos insulares y la inacción ante la actividad de un centro de desguace y reciclado de vehículos presuntamente contrario a la normativa pueden costarle once años de cárcel, así como cuantiosas sanciones económicas, a dos exconsejeros del Cabildo de El Hierro -Javier Armas y Claribel González- y a una funcionaria de la institución, María Fabiola Ávila. Esta es la pena que la Fiscalía pide para tres de los acusados en un proceso que arrancó hace ya más de trece años y que comenzará a resolverse en un juicio que arrancará el próximo 29 de noviembre en Valverde.
El procedimiento también implica al patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de El Hierro y dimitido presidente de la Federación Regional de Cofradías, Fernando Gutiérrez, acusado por regentar un centro de desguace y reciclado de vehículos fuera de uso, una actividad que, según el escrito del fiscal, se desarrolló prescindiendo de los requisitos normativos y ocasionando un grave riesgo de contaminación por el vertido de los líquidos de los coches almacenados al subsuelo. Para Gutiérrez la pena solicitada asciende a cuatro años de prisión y una multa de diez euros diarios durante veinte meses (6.000 euros en total).
Algunos de los hechos que se juzgarán se remontan a hace más de veinte años, pero fueron dos denuncias interpuestas por la asociación cultural Ossinisa en 2006 y 2009 las que los ha trasladado al ámbito judicial. Este colectivo alertó, primero, de dos puntos de vertido que, a su juicio, atentaban contra el medio ambiente: un vertedero incontrolado en la zona de La Dehesa, gestionado por el Cabildo dentro de un espacio natural protegido, y el vertedero en el punto limpio de El Majano, donde se ejercía la actividad de acumulación, desguace y enterramiento de vehículos. La segunda denuncia se refería a otro vertedero ilegal a cargo de la propia administración insular, en este caso en la montaña La Cumbrecita.
"Todas estas acciones de atentados contra el medio ambiente han podido llevarse a cabo a través de la inacción y el consentimiento de los propios acusados", sostiene el fiscal en el escrito en el que concreta las acusaciones contra Armas, González y Ávila. En el caso de El Majano, afirma, "han permitido, durante el ejercicio de sus cargos, que Fernando Gutiérrez desarrollara su actividad aun careciendo de las respectivas autorizaciones y con plena conciencia de que con su conducta estaban atentando contra los recursos naturales". Respecto al vertedero de La Dehesa, González, hizo "caso omiso" a la notificación judicial que establecía la suspensión cautelar y "ha consentido el vertido constante de residuos en la zona". Finalmente, en Las Cumbrecitas "los tres acusados eran plenamente conocedores de que el vertido comenzaba su actividad sin autorización ambiental y sin estudio de impacto medioambiental, permitiendo con sus omisiones que se vertieran residuos que atentan notablemente contra el medio ambiente, causando daños irreversibles".
La Fiscalía detalla cada uno de los casos. El de El Majano se remonta a 1999, cuando el Cabildo cedió unos terrenos a Gutiérrez situados en la zona del punto limpio -en suelo rústico de protección paisajística- para la recogida y acopio de vehículos fuera de uso. Cuando comenzaron las obras del complejo medioambiental, la actividad se trasladó a una parcela cercana propiedad de Gutiérrez. Desde 2005 continuó llevando a cabo allí -relata el fiscal- "el compactado de parte de los vehículos sin previamente despojarlos de los elementos peligrosos".
Las diversas inspecciones -del Seprona de la Guardia Civil y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN)- se suceden desde el año 2008, y a ellas se suman los informes cursados por los técnicos del Cabildo herreño y el Ayuntamiento de Valverde. Esta actuación administrativa permite constatar que en el lugar llegaron a almacenarse alrededor de 600 vehículos y restos de otros y que los residuos peligrosos -aceites, baterías de plomo, líquidos de freno...- afectaron al suelo y se filtraron al subsuelo. Además, la instalación carecía de diversas autorizaciones, caso de la licencia de apertura y de obras, y ejercía su actividad en un espacio en el que no estaba permitida.
En cuanto a los vertidos en La Dehesa, que sí se ubican en el interior del parque rural de Frontera -un espacio natural protegido-, la Fiscalía distingue tres fases. En la primera, el procedimiento empleado por el Cabildo consistía en la apertura de zanjas donde eran introducidos los residuos, que posteriormente eran quemados. Además de varias carencias -entre ellas, la ausencia de medidas de impermeabilización del suelo-, "la instalación y las actividades no contaron con las correspondientes autorizaciones e informes de compatibilidad". La segunda fase comenzó con la redacción de un proyecto de acondicionamiento, concluido en 2005, pero mientras este se desarrollaba, no se varió el método utilizado, que, de hecho, se siguió practicando en algunas zonas del complejo en fechas tan avanzadas como 2012, causando un daño "irreversible al suelo".
También el vertedero "incontrolado" de La Cumbrecita, en Valverde, era gestionado por la corporación insular y se sitúa en suelo rústico de protección paisajístico, aunque no en un espacio natural protegido. De los informes recabados, concluye la Fiscalía, "se desprende que desde el año 2007 se realizó por el Cabildo una actividad continua en la zona de vertidos de todo tipo, incluidos los tóxicos y peligrosos, de manera incontrolada y sin autorización". El Juzgado dictó dos órdenes de paralización pese al informe contrario de la Administración insular.
