Canarias hará valer su condición de región ultraperférica (RUP) para mitigar los perjuicios que cause la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo hará de la mano tanto del Gobierno español como de otros territorios que comparten este estatus dentro del club comunitario, aseguró ayer la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno autonómico, Carolina Darias, quien confió en que la "potencialidad" del reconocimiento de la ultraperiferia conduzca al mantenimiento de un trato diferenciado tras el brexit. Los socios que el Archipiélago busca para acometer esta tarea son, sobre todo, las RUP portuguesas y, en particular, Madeira, con la que ya trabaja en la constitución de un "frente común".

Por segunda vez en los últimos quince días, Darias compareció en el Pleno del Parlamento de Canarias -en esta ocasión a instancias de los grupos nacionalista (CC-PNC) y socialista- para exponer los planes que maneja el Ejecutivo ante la marcha del Reino Unido de los veintiocho. La consejera adelantó que hoy y mañana mantendrá sendos encuentros en Madrid -en el seno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue) y, junto a otros miembros del gabinete, con el secretario de Estado para la UE- para "concretar" acciones con las que afrontar la negociación.

Aunque los dos sectores previsiblemente más afectados por el brexit son el agrícola -que dirige una buena parte de sus exportaciones a tierras británicas- y el turístico -que se nutre en más de un 30% de clientes de esa nacionalidad-, el plan de acción que desarrolla el Gobierno -puesto en marcha durante la pasada legislatura- se ha ampliado ahora a otros cuyos vínculos con el Reino Unido son cada vez más robustos. Es el caso, detalló Darias, de la fabricación de piezas de aeronaves, que llevan a cabo filiales de Binter y que en 2018 se situó como la segundas exportación hacia los países británicos, con 15,7 millones de euros y un crecimiento del 21,3%, frente a los 21,9 millones de los productos hortofrutícolas y las legumbres, que caen un 11,2%.

Dentro del capítulo agrícola, el tomate es el cultivo más perjudicado. La afección que representaría la desaparición de las ayudas al transporte y la comercialización, al convertirse el Reino Unido en tercer país, ya ha sido calculada por el Gobierno de Canarias, 0,17 euros por kilo, anunció la consejera.

En cuanto al transporte aéreo, si una vez consumado el brexit no fuera posible aplicar una política de cielos abiertos, Canarias prevé solicitar "medidas de contingencia", entre las que figura la rebaja de las tasas aeroportuarias.

El gas ya "no es una alternativa" para las Islas

El gas natural no forma parte de los planes del Gobierno de Canarias para paliar los efectos del calentamiento global. Así lo corroboró ayer el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, durante una comparecencia parlamentaria solicitada por el grupo Sí Podemos.

"Tenemos que apostar por las energías renovables. El gas en las ciudades no será una alternativa para la transición energética", recalcó Valbuena, quien detalló ante el Pleno el conjunto de acciones que el departamento que dirige prevé poner en marcha para que el Archipiélago se adapte y mitigue los efectos del cambio climático. Este plan de transición energética tendrá como núcleo una futura ley canaria de cambio climático, cuya tramitación comenzará en octubre con el proceso de consulta pública, que se desarrollará en paralelo con una agenda de encuentros con entidades públicas y privadas.

La intención del Ejecutivo autonómico es "pasar de las opciones a las obligaciones", aunque estas últimas "puedan doler", avisó el consejero. El paquete normativo en el que se plasmará este plan se completará con una ley de economía circular, programas específicos de adaptación al cambio climático y modificaciones "puntuales" de la Ley del Suelo, que serán abordadas una vez se recabe el parecer de los agentes afectados, en especial los ayuntamientos. "La transición energética es la revolución de nuestro tiempo, y la tenemos pendiente", advirtió el diputado de Sí Podemos Manuel Marrero, que defendió una apuesta por la energía distribuida que deje claro que "el sol y el viento son de todos y no se puede permitir que unos pocos se adueñen de ellos".

La decisión del Gobierno canario de afrontar las consecuencias del calentamiento global recibió el respaldo de los grupos parlamentarios, si bien el PP, pese a compartirla, le recriminó que en la declaración de emergencia climática -que el Ejecutivo adoptó a finales de agosto- haya "faltado consenso".