El pacto antitransfuguismo y "las leyes que lo desarrollan" -la Ley Canaria de Municipios de 2015, en concreto- "son o parecen ser contrarias a la Constitución". Así lo afirmó ayer el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno autonómico, Julio Pérez, en respuesta a la diputada de CC Socorro Beato, que le preguntó por las medidas que pretende llevar a cabo el Ejecutivo para "hacer cumplir" el acuerdo que penaliza el transfuguismo político en las Islas.
Frente a la sentencia del Tribunal Constitucional esgrimida por Pérez, la parlamentaria nacionalista destacó otras -anteriores, indicó el consejero- que concluyen que la restricción de los derechos económicos de los tránsfugas es una "medida proporcionada" que no contradice la Carta Magna. "No se pueden cambiar las leyes. Deben ser aplicadas sin dilación", urgió Beato, para quien "no hay ninguna justificación ni amparo legal para una amnistía a los tránsfugas".
El consejero considera que la legislación canaria "parece ser contraria a la Constitución"
Por el contrario, Pérez advirtió que es necesario determinar si la aplicación de la doctrina más reciente del Tribunal Constitucional conduce a la derogación de los aspectos de las leyes canarias de Municipios y Cabildos que contemplan las disposiciones sobre el transfugismo y que CC ha exigido que se apliquen a los concejales que se presentaron por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. "Si es así, en pro de la seguridad jurídica, el Gobierno estudiará su derogación", adelantó el consejero regional de Administraciones Públicas.
