La historia se repite tras el episodio de 'segunda vuelta' electoral del 2016. Un nuevo bloqueo político se ha consumado y anoche se activó de forma automática, conforme a las previsiones y plazos constitucionales, la convocatoria de nuevos comicios para el próximo 10 de noviembre. La situación abre un nuevo paréntesis en la vida política y parlamentaria y prolonga la parálisis institucional y la acción de Gobierno en el Estado, frustrando las agendas y objetivos que se habían puesto sobre la mesa el pasado 28 de abril.
Canarias y sus agentes y actores políticos en Madrid tenían importantes expectativas para esta etapa que ha quedado vieja en apenas cinco meses, y ven así trastocados sus planes, que quizá deban ser revisados o reformulados tras el 10-N en función de los resultados que se den. La convocatoria obligada de elecciones traslada ya a bien entrado el próximo año la acción política efectiva, ya que, tras la constitución de las Cortes entre el 2 y el 6 de diciembre, y el proceso de negociaciones para convocar una sesión de investidura, no se cuenta con que pueda haber nuevo Gobierno central quizá hasta finales de año. Un Ejecutivo operativo y con toda su maquinaria en marcha tardará aún algunas semanas más.
El elemento que más se va a resentir y el de mayor repercusión por su importancia es el de las relaciones entre Canarias y el Estado, cuya recomposición tras el cambio de Gobierno en las Islas se trunca y con ella la posibilidad de que avancen los asuntos bilaterales. Pero también los partidos isleños y sus representantes en Madrid ven frustradas sus estrategias para una legislatura que ofrecía muchas novedades, entre ellas un proceso de reubicación interna de sus dirigentes, diputados y senadores, como consecuencia de los cambios producidos por las convocatorias electorales o los movimientos internos en los propios partidos.
Los actores políticos canarios en la capital del Estado ven así que se abre un incómodo paréntesis en sus respectivas hojas de ruta para la legislatura frustrada y se ven obligados a una nueva campaña electoral con la que no contaban. Esta situación se produce tras la reciente formación de los gobiernos regional, insulares y locales en un proceso de pactos de gran tensión y evidente coste político para la mayoría de los partidos y para muchos de sus dirigentes.
La convocatoria electoral deja como grandes damnificados en relación con los temas canarios: la reforma de la financiación autonómica, cuyo inicio seguirá esperando unos meses más, aunque finalmente parece que al menos se palía la situación actual con la inminente liberación de 4.500 millones por las entregas a cuenta correspondiente de este año ( 223 millones a las arcas canarias); la transferencia a las Islas de todos las previsiones presupuestarias que no puede concretar un Gobierno central en funciones, así como el pago de los mil millones de deuda en carreteras.
Temor al 10-N
Si el cambio político en las Islas presagiaba una etapa de complicidad y sintonía que facilitaría los acuerdos del nuevo Ejecutivo regional del socialista Ángel Víctor Torres con el Gobierno de Pedro Sánchez si éste hubiera logrado la investidura, la convocatoria electoral abre paréntesis también sobre esta relación, y una incógnita muy grande sobre cómo afectará la batalla electoral a los partidos que comparten Consejo de Gobierno en Canarias, sobre todo a PSOE y Podemos. Este imprevisto mantiene las dudas, por tanto, sobre el devenir de la llamada agenda canaria con el Estado.
El cerrojazo a la legislatura estatal deja también suspendida la proyección de la mayoría de los diputados y senadores canarios. Dando por hecho que no habrá apenas cambios en ninguna formación respecto a las listas del 28 de abril, varios se encuentran en alto riesgo de perder un escaño que no esperaban poner en juego hasta dentro de cuatro años. PSOE y PP creen firmemente que mejorarán sus actuales cinco y tres escaños, respectivamente, en el Congreso, aunque los socialistas pueden tener más complicado mantener los ocho senadores logrados en abril. Podemos y Cs son los más temerosos sobre las consecuencias del 10-N, mientras que CC no se sorprendería de perder uno de sus dos actuales escaños en la Cámara baja.
Al margen de futuribles, la convocatoria electoral rompe la dinámica que los actuales parlamentarios trataban de emprender, sin tiempo para la mayor parte de ellos del más mínimo protagonismo. Eso ha afectado sobre todo a los socialistas canarios, que en su mayoría se estrenaban como parlamentarios, y que han estado además muy condicionados por el proceso de negociaciones para la frustrada investidura de su líder.
La estrategia del silencio
Muy pocos han tenido oportunidad de estrenarse desde la tribuna o en las comisiones de las que formaban parte, la mayoría sin que se llegara a celebrar ni una sola sesión, sino que adoptaron la estrategia del silencio en todo lo que afectara a las negociaciones con Unidas Podemos o a la propia investidura fallida. Queda en el aire el liderazgo de facto de la delegación socialista en Madrid sin que ninguno de sus dos teóricos aspirantes, la grancanaria Elena Máñez y el tinerfeño Héctor Gómez, hayan tenido tiempo, ocasión o voluntad de destaparse.
La legislatura frustrada deja en suspenso otros procesos internos en los partidos y la reubicación política de algunos de sus dirigentes, como son los casos de Guillermo Mariscal, que se ha afianzado en el entorno más cercano de Pablo Casado, presidente de un PP que trata de recomponerse tras la debacle del 28-A, o del diputado tinerfeño de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, que tras su elección como secretario de Organización de Podemos prácticamente ha desaparecido de la vida parlamentaria para centrarse en su nueva tarea. Y se abre un horizonte muy sombrío para dos pesos pesados de la llamada nueva política en el Congreso, Melisa Rodríguez (Cs) y Victoria Rosell (Podemos), que pueden ver truncada su ascendente carrera en el escenario estatal.
También pendientes de consumar su reubicación política se encuentran Fernando Clavijo, ex presidente de Canarias (CC), y Asier Antona, expresidente del PP canario, como senadores por designación autonómica, cuyo papel en Madrid está aún por interpretar en todo su sentido político más allá de que ambos son víctimas del fracaso del pacto de centro-derecha en las Islas.
Ana Oramas, por su lado, además de haber pronosticado desde el principio que habría "segunda vuelta" en las elecciones de abril y que fracasarían las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, ha sacado partido del debate de investidura de Sánchez y su dura oposición al candidato. Ha manejado los tiempos mirando en todo momento hacia las nuevas elecciones a sabiendas de que su escaño va a depender más que nunca de sí misma, y de que ya no tendrá a su favor el soporte que representaban todas las instituciones gobernadas por su partido. Hábil y oportunista, ha logrado incluso polemizar con el líder de Cs, Albert Rivera, y entrar en polémica con varios ministros. Su compañera Guadalupe González tiene difícil conservar lo que le cayó del cielo en abril.
Canarias ha logrado, pese a todo, en las escasas semanas de actividad parlamentaria, 'colar' varios debates propios. Lo hizo en el Senado durante el debate de mociones reclamando ayudas para paliar los efectos del gran fuego de este verano en Gran Canaria; también se aprobó en el Congreso la reapertura de la comisión de investigación del accidente de Spanair del 2008. La legislatura ha dado tiempo incluso a que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, abriera una nueva polémica a cuenta del 75 % de descuento en los vuelos a la Península al insinuar una posible vinculación de la subvención a la renta de los viajeros, que luego su departamento desmintió. Las consecuencias del brexit y la pérdida de conectividad de Canarias, agravada ahora con la crisis del turoperador británico Thomas Cook, son otros asuntos de preocupación en las Islas que quedan abiertos y condicionados por la situación de interinidad política.
