Coalición Canaria (CC) acusa a la consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo regional, Noemí?Santana, de apropiarse de una medida del anterior Gobierno para incluir a familias con menores a cargo y sin ingresos en la prestación canaria de inserción (PCI).

Santana, en comisión parlamentaria, anunció un incremento presupuestario para 2020 con el fin de cubrir las necesidades de 5.000 nuevas familias con menores a cargo. Según explicó, con esta medida, que supondrá ampliar hasta 10.000 el número de familias beneficiarias de la PCI, se quiere atender a las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social que "no pueden esperar más, mientras se pone en marcha la renta ciudadana y se desarrolla la ley".

La reacción ante este anuncio de la que fuera consejera de Políticas Sociales en el Gobierno liderado por Fernando Clavijo,?Cristina Valido, no se hizo esperar. A través de un comunicado, la nacionalista hizo hincapié en que se trata de una medida del anterior Ejecutivo, "en marcha con anterioridad a las elecciones", y a la que el nuevo Gobierno de PSOE, NC, Podemos y?ASG "tiene que dotar financieramente porque es de obligatorio cumplimiento".

Valido destaca que la iniciativa fue una medida contemplada en la Ley de Servicios Sociales para dar carácter de permanencia a la prestación, con carácter indefinido, para aquellas personas que continuaran teniendo menores a su cargo y no tuvieran suficientes recursos económicos. "Lo que sí es responsabilidad del nuevo Gobierno es atender financieramente a este compromiso, derivado del pacto logrado en la mesa de concertación social con agentes sociales y económicos en la pasada legislatura".

CC considera, además, que la financiación necesaria para dar cobertura a esta medida asciende a un mínimo de 20 millones, sin contar con los fondos necesarios para la cobertura del personal, tanto en los ayuntamientos como en la propia comunidad autónoma.