El Ministerio de Fomento da por finiquitado el convenio de carreteras de 2009, pero Canarias considera que no se puede liquidar porque quedan cantidades por certificar de las obras que aún se están ejecutando del anterior acuerdo. En la comisión bilateral que se ha convocado para este jueves, el Gobierno regional llevará las certificaciones de unos 60 millones de euros correspondientes a 2018 para que esos fondos se incluyan en la deuda que mantiene el Estado con las Islas y no se pierdan en medio de la compleja negociación que rodea el convenio de carreteras.

El consejero de Obras Públicas del Ejecutivo canario, Sebastián Franquis, advirtió ayer que, según Fomento, el convenio anterior se extinguió en febrero de este año después de que se firmara la adenda por el Gobierno anterior. Sin embargo, el actual Gabinete cree que no se puede liquidar sin más porque todavía hay infraestructuras que no han finalizado y que vienen del anterior convenio, sujetas a una financiación que se ha prorrogado para poder culminarlas. El actual equipo de la Consejería de Obras Públicas tendrá que llevar el jueves a la comisión las certificaciones correspondientes a 2018 que demuestren que aún hay unos 60 millones de euros pendientes de ingresar de esas obras y que el Gobierno de Coalición Canaria no justificó ante Fomento. El gasto demostrado del ejercicio anterior es de unos 38 millones de los 101 millones de euros que figuran en la adenda para acabar las carreteras pendientes.

La comisión bilateral tiene un carácter eminentemente técnico y se convoca tras la reunión política celebrada a principios de mes entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su equipo con el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, y el consejero Franquis para resolver el conflicto sobre la deuda de carreteras. Según el titular de Obras Públicas se acordó convocar la comisión "para estudiar la liquidación del convenio anterior de 2009 porque hay obras todavía pendientes y solo se certificaron unos 38 millones de la anterior anualidad de los 101 totales".

Certificaciones pendientes

Si no hay certificaciones de obra, no hay dinero. Por eso el equipo del departamento autonómico llevará las certificaciones pendientes para negociar que los 60 millones de euros cuyo gasto no está justificado se sumen a la negociación de la deuda global para reconfigurar el convenio.

Franquis sí reconoció ayer durante su visita a la isla de La Palma que la renegociación futura del convenio tendrá que esperar a que haya un Gobierno, ya que el actual, al estar en funciones, no tiene la plena competencia para negociar y tomar decisiones de este calibre. El marco general fue pactado en el encuentro al más alto nivel celebrado a principios de mes, pero ahora de lo que se trata es de resolver a nivel técnico el escollo que supone justificar las cantidades pendientes de la anualidad de 2018 correspondientes al convenio anterior.

En las negociaciones de CC cuando gobernaba el PP para el respaldo de los presupuestos del Estado se acordó, además de firmar un nuevo convenio, una adenda para dotar de fondos a las carreteras que provienen del acuerdo anterior que están sin finalizar y el pago de las cantidades adeudadas tras las sentencias del Tribunal Supremo que dan a la razón a la comunidad autónoma, en el litigio por los recortes del convenio realizados entre los años 2012 y 2016. La adenda se dotó con 101 millones de euros anuales hasta 2021.

Entre las carreteras que están pendientes de finalizar se encuentran la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, el eje Norte-Sur de Fuerteventura, dos vías en La Palma o el cierre del anillo insular en Tenerife.

El principio de acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional pasa por reprogramar las anualidades y cantidades del actual convenio en las que se incluirían los cerca de 400 millones -con intereses de demora- del anterior convenio que Fomento no reconocía por no tener certificaciones de obras y que la comunidad autónoma mantiene que se ha gastado de su presupuesto.

Mientras no haya nuevo Gobierno estatal totalmente operativo, no se puede avanzar en las negociaciones, aunque sí se mantienen los trabajos previos de análisis de lo que podría ser la reconfiguración del convenio. La convocatoria de la comisión bilateral de seguimiento del convenio de carreteras forma parte de estos contactos para resolver flecos, entre ellos la justificación de la anualidad de 2018.