Algunas de las leyes aprobadas cuando la pasada legislatura autonómica se encontraba en su recta final han sido objeto de reparos por parte del Gobierno central, que ha activado el proceso para tratar de resolverlos. Las administraciones canaria y estatal publicaron ayer en sus respectivos boletines (BOC y BOE) las resoluciones por las que se hace público el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación para crear un grupo de trabajo que aborde aquellos aspectos en los que el Estado considera que el Ejecutivo regional ha invadido competencias que no le corresponden o traspasado los preceptos constitucionales. Este procedimiento es el paso previo, en caso de que persistiese el desacuerdo en alguno de los puntos, a la interposición de un recurso en el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central.
Las discrepancias de la Administración del Estado se refieren, en concreto, a la Ley de Calidad Agroalimentaria, la modificación de la Ley de Pesca para abrir al turismo la actividad pesquera, la Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma -conocida como Ley de las Islas Verdes- y la Ley de Patrimonio Cultural.
La Administración estatal aún no ha remitido al Gobierno de Canarias las observaciones en las que detalla los motivos por los que ciertos artículos o disposiciones de las citadas leyes necesitan aclaraciones interpretativas, pero sí a qué aspectos en concreto se dirigen sus reparos.
Así, en cuanto a la Ley de Calidad Agroalimentaria, además de al artículo que recoge las definiciones de algunos conceptos, las objeciones del Gobierno central se refieren al vino de frutas. Establece la norma que "los operadores podrán hacer uso del término vino para la comercialización de productos obtenidos a partir de la fermentación de frutas distintas de la uva siempre que esté acompañada del nombre de la fruta o frutas utilizadas en forma de denominación compuesta". También parece haber dudas con la forma en que la ley autonómica regula la gestión de las figuras de calidad, las certificaciones de calidad y la suspensión y retirada de estas últimas.
No han planteado problemas, en cambio, algunos de los contenidos más ambiciosos de la norma, caso del desarrollo de las políticas necesarias para hacer efectiva la declaración, acordada hace ya más de una década, de Canarias como zona libre de cultivos transgénicos.
El objetivo de la Ley de Pesca 15/2019 era revisar la normativa vigente para crear una oportunidad al sector para diversificar sus ingresos mediante modalidades pesqueras vinculadas con el turismo. En este sentido, el Estado pone pegas al artículo en el que se dispone que estas actividades deben desarrollarse "a bordo de embarcaciones propias de la actividad de pesca o de acuicultura, inscritas en el censo de flota pesquera operativa, si se trata de la actividad de pesca-turismo, turismo acuícola o turismo marinero" y "a bordo de embarcaciones de transporte de pasajeros o en tierra si se trata de las actividades de turismo acuícola o marinero".
Otra de las objeciones está relacionada con el requisito, para las tres modalidades incorporadas a la ley, de condicionar su ejercicio a la previa solicitud de inscripción en el registro de actividades que al respecto habilite la Consejería del ramo. Los procedimientos de autorización, las artes de pesca permitidas y el volumen de ingresos que deben reportar estas actividades para ser consideradas como complementarias de la pesca -no más de un 40% del total- forman parte también de los aspectos que han suscitado las suspicacias del Ministerio.
La Ley de Islas Verdes ha generado polémica en el Archipiélago, aunque finalmente los partidos que la censuraban -NC y Podemos, sobre todo- han accedido a mantenerla intacta para facilitar la decisiva presencia de la ASG de Casimiro Curbelo en el pacto de gobierno. El único reparo del Estado tiene que ver con la posibilidad -introducida mediante la modificación de otra ley aprovechando el proceso- de prorrogar las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre otorgadas a los puertos deportivos antes de la entrada en vigor de la norma. Según la nueva ley, "la duración de esta prórroga en ningún caso podrá ser superior a la mitad del plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general del Estado".
La cuarta norma que discutirá el grupo de trabajo entre Canarias y el Estado es la de Patrimonio Cultural. En concreto, el Gobierno central plantea sus dudas sobre la posibilidad de que el procedimiento de recaudación de deudas tributarias se suspenda desde que el deudor presente una oferta para satisfacerla con bienes culturales, aunque luego se reanude si se deniega el pago.
Las claves
- Vino de frutas. Las objeciones del Estado a la Ley de Calidad Agroalimentaria tienen que ver con el producto llamado vino de frutas y con la gestión y las certificaciones de calidad.
- Pesca turística. La modificación de la Ley de Pesca para introducir las modalidades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero también han suscitado las dudas de la Administración central.
- Prórroga de puertos. El Estado y Canarias abordarán las discrepancias del primero sobre la posibilidad de prorrogar las concesiones de puertos deportivos.
- Pago de deudas. De la Ley de Patrimonio Cultural, el Ejecutivo central pone objeciones al procedimiento establecido para la satisfacción de deudas tributarias con bienes culturales.
