El Consejo de Gobierno aprobó ayer una reserva de 4,2 millones de euros para la Consejería de Turismo ante la previsión de que la comunidad autónoma tenga que pagar si es condenada en uno de los pleitos judiciales que aún se dirimen por Tindaya.
No obstante, la prioridad del Ejecutivo ahora es la de negociar con los representantes de la parte que ha demandado a la Administración autonómica, tras la disolución de la empresa PMMT, de la que formó parte el Ejecutivo.
El portavoz, Julio Pérez, negó con rotundidad que el Gobierno reconozca cantidad alguna y hará todo lo posible por no pagar.
