La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no ha admitido el incidente de nulidad promovido por la defensa de Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno y hoy senador, en el caso Grúas y estima procedente que declaren distintos testigos, entre ellos el empresario José Padilla, primer propietario de la empresa que prestaba los servicios de recogida de vehículos en el Ayuntamiento de La Laguna. El incidente se planteó contra un auto emitido por la propia Audiencia el pasado 5 de julio, que daba la razón a la acusación del proceso -XTF-NC y Sí Se Puede-, en el que se consideraba pertinente llamar a declarar a testigos vinculados en su día a la empresa. Esta decisión de la Sección Segunda de la Audiencia, presidida por Joaquín Luis Astor Landete, se produce en un momento en que la causa está a punto de continuar en el Tribunal Supremo, después de que el pasado lunes la defensa del expresidente presentara un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna comunicando la condición de senador de Fernando Clavijo y que, por tanto, el proceso continúe ante el tribunal competente. Clavijo ha recuperado el aforamiento tras ser designado senador autonómico y el órgano para tramitar su procedimiento es el Tribunal Supremo.

Por tanto, el juzgado de La Laguna deberá inhibirse en el procedimiento, aunque se espera que pida previamente un informe al ministerio fiscal para determinar la jurisdicción de la causa, y con posterioridad lo derive al Alto Tribunal.

En el caso Grúas se investiga si Clavijo incurrió en presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, por su gestión en el servicio de retirada de vehículos durante su etapa de concejal y alcalde en el Ayuntamiento de La Laguna. El proceso ha sido insólito y con un complicado recorrido en los juzgados, donde ya ha pasado por el de La Laguna -dos veces-, la Audiencia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y ahora va camino al Supremo. La magistrada instructora del caso en La Laguna, Celia Blanco, lo archivó inicialmente al no apreciar delitos. Tras un recurso de la acusación, la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife corrigió a la juez y ordenó investigar indicios complementarios. Más tarde la magistrada lo trasladó al TSJC al tener en esos momentos Clavijo la condición de aforado tras convertirse en 2015 en el presidente del Gobierno, y este último tribunal lo devolvió de nuevo a La Laguna, porque con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía el presidente perdió el aforamiento. Clavijo siempre ha mantenido que es una denuncia meramente política.