11 de septiembre de 2019
11.09.2019

El juez Salvador Alba irá a la cárcel por maquinar contra Victoria Rosell

El TSJC considera probados los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental

11.09.2019 | 01:31
Salvador Alba y Victoria Rosell en la sede del TSJC durante el juicio que se celebró el pasado mes de julio.

No podrá ejercer durante 18 años por intentar desprestigiar a la también juez y política

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condena al magistrado Salvador Alba a seis años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación al considerar probados tres de los cinco delitos por los que estaba procesado. El fallo recoge que Alba cometió prevaricación, cohecho y falsedad en documento público durante los seis meses (entre noviembre de 2015 y mayo de 2016) que ocupó la titularidad del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de la magistrada Victoria Rosell, a la que intentó perjudicar con actuaciones "ilícitas" y la instrumentalización deliberada de las diligencias que se instruían en el Juzgado contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por presuntos delitos contra la Hacienda pública.

El tribunal declara a Alba de forma unánime culpable de un delito de prevaricación en concurso con otro de cohecho -por los que le impone tres años de cárcel y 15 de inhabilitación- y de otro delito de falsedad en documento oficial, que importa una condena de tres años y seis meses de prisión y tres de inhabilitación especial. Además, la sentencia impone a Alba multas por un valor total de 12.150 euros y le obliga a indemnizar a Rosell con 60.000 euros por los daños ocasionados. La condena implica que Salvador Alba queda fuera de la carrera judicial, si bien puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

Durante el relato de los hechos, el ponente del TSJC -José Félix Mota Bello- vincula las actuaciones realizadas por Salvador Alba en los meses que asume el Juzgado de Instrucción número 8 a intentar desacreditar a Rosell, por entonces diputada de Podemos en el Congreso, y para ello se vale del empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, con quien se reunió sin su abogado con la intención de incorporar a la causa los contratos que unían a las empresas de Ramírez con el periodista y pareja sentimental de Rosell, Carlos Sosa, con el fin de demostrar la presunta parcialidad de la magistrada y dañar su carrera. Al mismo tiempo, Alba se comprometía a favorecer a Ramírez declarando la nulidad de las actuaciones que se seguían en su contra.

Animadversión

Para el TSJC, se ha probado que existía una animadversión entre Alba y Rosell y también que el procesado "torció" un procedimiento penal para obtener de forma ilícita contratos que pudieran incriminarla. De esta forma, ofreció a Ramírez la posibilidad de archivar su caso no solo por una mera nulidad formal, sino entrando "al fondo del asunto" de forma que quedara definitivamente a salvo de las reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social por el presunto fraude en las cotizaciones de sus empleados.

En varias partes de la sentencia, el TSJC menciona al exministro y expresidente del PP, José Manuel Soria, que había presentado una querella contra Rosell ante el Tribunal Supremo. De hecho, en el fallo se recoge que Alba ocultó de forma deliberada al Supremo el acuerdo que había alcanzado con Ramírez cuando Soria amplió la querella por las vinculaciones de Sosa con el empresario. Posteriormente el Alto Tribunal admitió la querella contra la magistrada, lo que provocó su dimisión como diputada.

La Sala de lo Penal desestima la petición de la defensa de Alba relacionada con la grabación que realizó Ramírez de su entrevista con el magistrado, solicitando que se denegara como prueba. Sin embargo, la sentencia no sólo la admite sino que considera que es un medio de prueba "fiable" en base a los informes de los peritos de la Guardia Civil. El tribunal considera "intolerable" e "impropio" de un juez que utilice su posición sobre un investigado para realizar una instrucción arbitraria con una clara intencionalidad. El fallo menciona que hubo un "intercambio de favores" que se evidenció en la posterior declaración de Ramírez ante Alba unos días después de su reunión privada.

Una de las principales conclusiones del fallo es que "desde el principio de las actuaciones se ha observado la realización de actos procesales dirigidos a obtener información que pudieran comprometer la imparcialidad de la Sra. Rosell, con instrumentalización del procedimiento a tal fin; se alcanzó un acuerdo ilícito dirigido a obtener la nulidad del cierre del procedimiento, con la escenificación de la entrega voluntaria de información con el objetivo de perjudicar a la anterior instructora, teniendo presente el procedimiento penal, pendiente de admisión por la Sala Segunda en el Supremo. Querella que, por lo demás, va a ser admitida previo informe del juez instructor, dirigido al Tribunal Supremo, con omisión de datos relevantes relacionados con la actuación descrita".

En su cuenta de Twitter, el secretario general de Podemos, formación de la que es diputada de nuevo Victoria Rosell, Pablo Iglesias, señaló que "no es frecuente que se haga justicia pero a veces ocurre". "Intentaron destruir a la magistrada Rosell por presentarse a las elecciones con Podemos. Hoy las cloacas pierden a uno de los suyos", añade. La propia Rosell se mostró satisfecha después de "tres años de sufrimiento": "Es una sentencia magnífica, incluso en lo que no me favorece como es en el delito de revelación de secretos, porque admito como magistrada que es difícil de comprobar", subrayó.

La descripción de los delitos

¿Qué es la prevaricación judicial?
El artículo 446 del Código Penal dispone que comete prevaricación el juez o magistrado que, a sabiendas, dictare una sentencia o resolución injusta. En este caso, el TSJC considera que Salvador Alba en su actuación se aparta de los principios estatutarios y de imparcialidad y se sirve arbitrariamente de ellos para la consecución de otros fines ajenos a su función.

¿Qué es el cohecho?
En el artículo 419 del Código Penal se describe que comete delito de cohecho "la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare dádiva, favor o retribución de cualquier clase que aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo...". La Sala considera que Alba ha cometido cohecho pasivo al solicitar la colaboración del empresario investigado Miguel Ángel Ramírez para prestarle la información y los documentos que precisaba para su propósito final, que no era otro que perjudicar a la magistrada Rosell y así contribuir con más argumentos para que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella interpuesta por el exministro José Manuel Soria.

¿Qué falsedad documental cometió Alba?
En el informe del magistrado de 20 de abril de 2016 remitido al Tribunal Supremo, Salvador Alba oculta deliberadamente que los hechos narrados por Miguel Ángel Ramírez en relación con su vinculación contractual con la pareja sentimental de Victoria Rosell, el periodista Carlos Sosa, eran fruto de la reunión previa entre ambos en el despacho del juez sin presencia de abogados ni ningún otro testigo, entrevista que fue grabada por Ramírez. El informe de Alba fue determinante para que el Supremo admitiera a trámite la querella de José Manuel Soria.

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