10 de septiembre de 2019
10.09.2019

El juez Alba alega que "no podía callar" ante las "irregularidades" de Rosell

El magistrado, suspendido de sus funciones, afirma que se le acusa de haber conspirado en base a pruebas 'manipuladas'

10.09.2019 | 15:23
El juez Alba alega que "no podía callar" ante las "irregularidades" de Rosell

El juez Salvador Alba ha defendido este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que se le acusa de haber conspirado contra Victoria Rosell con pruebas "manipuladas", cuando él "no podía permanecer callado" ante las "irregularidades" que observó en el trabajo de su colega.

Alba ha relatado al tribunal que se "alarmó" cuando un empresario investigado en una causa en el juzgado de Victoria Rosell por fraude fiscal, Miguel Ángel Ramírez, entonces dueño de Seguridad Integral Canaria, le contó en su despacho que "era socio" en varios negocios del periodista Carlos Sosa, pareja de la juez, y cuando comprobó que esas diligencias avanzaban poco y que no se ampliaban para indagar otros delitos, como un posible blanqueo de capitales.

El magistrado -suspendido de sus funciones desde que se le abrió juicio por estos hechos- ha alegado que no tenía nada contra Rosell y que quizás pecó de "prudente" al limitarse a enviar "informes" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre cuál había sido su desempeño en la causa contra Ramírez y sobre las relaciones de este con su pareja, cuando lo que "le pedía el cuerpo" era denunciar esos hechos por la vía penal en una exposición razonada al Supremo.

La Sala de lo Penal del TSJC ha comenzado a juzgar este lunes al juez Salvador Alba por una serie de decisiones que tomó en 2016, cuando Victoria Rosell fue elegida diputada en el Congreso por la provincia de Las Palmas en representación de Podemos y él la sustituyó en su Juzgado, haciéndose cargo, entre otros, del procedimiento de fraude fiscal abierto contra Miguel Ángel Ramírez.

La Fiscalía y el resto de acusaciones sostienen que Alba manipuló ese procedimiento para perjudicar a Rosell tanto en su imagen profesional como política, en un momento en el que el exministro José Manuel Soria (PP) se había querellado contra ella en el Tribunal Supremo para acusarla de retrasar de forma maliciosa la investigación de los delitos que se achacaban a Ramírez.

Rosell salió indemne de esas acusaciones -archivadas tanto en la vía disciplinaria como en la penal-, pero la decisión del Supremo de admitir la querella de Soria y de abrirle una investigación la obligó a no presentarse a las elecciones generales de 2016.

La Fiscalía pide diez años de cárcel contra Salvador Alba porque considera que cometió delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y revelación de secretos, una afirmación que sustenta, entre otras pruebas, en la grabación que Ramírez hizo de una reunión que mantuvo con Salvador Alba antes de que este lo llamara a declarar.

Según el Ministerio Fiscal, esa grabación prueba que Alba dio instrucciones a Ramírez de lo que tenía que decir cuando declarara formalmente para dañar a Victoria Rosell, a cambio de posibles beneficios procesales en su causa de fraude fiscal, que incluso podía verse tachada por dudas de nulidad.

Salvador Alba ha defendido en su declaración que esa grabación está manipulada, que se han cortado frases suyas de esa reunión y de otras conversaciones diferentes para hacer ver que dice cosas que -según su versión- nunca dijo; pero, sobre todo, ha insistido en que no fue él quien preparó ese encuentro, sino que lo solicitó Ramírez.

De acuerdo con el procesado, él no le dijo a Ramírez lo que tenía que declarar, sino más bien lo contrario. Era ese empresario, ha argumentado, quien le decía lo que le tenía que preguntar, hasta el punto de que llegó a sentirse "molesto" con su actitud.

Alba sostiene que aceptó esa reunión celebrada en horas de trabajo y en su despacho, "por lo que difícilmente puede calificarse de clandestina", porque Ramírez le había contado que era socio de la pareja de la juez Rosell, afirmación que le pareció "muy grave", puesto que, si era así, esta no debió instruir su caso.

El juez ahora procesado asegura que tenía sospechas al respecto, pero no pruebas, por lo que decidió sentarse con Ramírez para que le entregara sus contratos con Carlos Sosa y para que le explicara por qué en la contabilidad de Seguridad Integral Canaria había una tarjeta de crédito que disfrutaba el medio de comunicación de este y que pagaba el empresario investigado por la juez Rosell.

También dijo sentirse "alarmado" cuando Miguel Ángel Ramírez le contó en esa reunión que invitaba al palco de la Unión Deportiva Las Palmas, club que preside, y hacía otros favores a sus compañeros de la Audiencia Provincial Emilio Moya y Carlos Vielba.

A su juicio, se trataba de algo grave, casi constitutivo de tráfico de influencias, porque esos dos magistrados luego resolvían las apelaciones de Ramírez contra los diferentes casos que le afectan en juzgados de instrucción.

Cuando el fiscal del caso le ha preguntado por qué insistió tanto en preguntar a Ramírez por algo que, en principio, no tenía que ver con su posible fraude fiscal (sus relaciones comerciales con Sosa), Salvador Alba ha respondido que porque "le parecía un disparate".

"Es que el señor Ramírez me estaba contando que había comprado acciones de una empresa de Carlos Sosa, la pareja de la juez. Claro que tenía interés en saber sobre eso. Yo era entonces el instructor y no podía mirar para otro lado. Muchísimo interés. Si se acreditaba que ese señor era socio de la pareja de la juez todo era un disparate como la copa de un pino", ha señalado.

También ha contado que hace unas semanas ha sabido por Héctor de Armas, un antiguo socio de Ramírez, que este supuestamente planeó grabarle en una reunión diciendo cosas que pudieran comprometerle para "chantajearlo", como forma de obtener ventajas en su proceso.

"También me ha dicho que tenía grabado a medio edificio judicial, lo que tampoco me extraña, porque este señor era el responsable de la empresa de seguridad (que vigilaba la Ciudad de la Justicia) y entraba y salía de allí como Pedro por su casa. Y que la grabación de su reunión conmigo se manipuló en presencia de Carlos Sosa y Victoria Rosell", ha señalado.

La vista oral continúa esta tarde con la declaración como testigo del empresario Miguel Ángel Ramírez.

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