10 de septiembre de 2019
10.09.2019

Canarias sigue sin recuperar el nivel de gasto social de antes de la crisis

El Archipiélago destinó en 2018 a políticas sociales 43,5 millones menos que en 2009

10.09.2019 | 01:35
Zona de Urgencias del Hospital de La Candelaria.

El Gobierno aspira a usar parte de los 500 millones adeudados en carreteras

La recuperación económica de los últimos años en España y en Canarias no ha dado para alcanzar aún el nivel de gasto social que las administraciones mantenían antes de las crisis y de los recortes en educación, sanidad y servicios sociales. Pese al avance inversor producido desde el 2014 en este terreno, se continúa aún en cifras por debajo del 2009. En Canarias, el dato concreto señala que el presupuesto social del 2018 fue inferior en 43,5 millones al de hace una década, una pérdida del 0,86 %, según acaba de constatarse en un informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales sobre la inversión pública en los servicios básicos prestados a los ciudadanos (sanidad, educación y servicios sociales).

Canarias se sitúa en este denominado Indice DEC de 2018 en el medio de la tabla del conjunto de comunidades autónomas respecto a la recuperación del nivel de gasto social, aunque se mantiene en los últimos puestos en el cómputo global por habitante. Según el documento, el gasto autonómico en sanidad, educación y servicios sociales el año pasado en el conjunto del Estado desciende un 0,4% respecto al 2017, pero aún un 3,6% respecto al 2009, en el inicio de la crisis. El gasto social medio por habitante en España fue de 2.420 hace un año, por encima de los 2.340 que se computaron en las Islas, cuyo importe total representó el 60,2% del total del presupuesto de la Comunidad Autónoma, frente al 60,7% de media en el conjunto de las regiones.

En el informe se afirma que en 2013 se registró el nivel más bajo de gasto autonómico en servicios esenciales, con 100.000 millones, cantidad que fue creciendo paulatinamente hasta alcanzar los 112.662 del año pasado. Un esfuerzo, no obstante, que no alcanza aún los niveles del 2009, cuando ese presupuesto fue de 117.000 millones. Los autores destacan en él que el estancamiento político y la ausencia de unos nuevos presupuestos estatales "ponen en serio peligro" el sostenimiento de los servicios esenciales en el próximo futuro, fundamentalmente por la asfixia financiera a que se ven sometidas las comunidades autónomas por la imposibilidad del Estado de transferirle los más de 5.000 millones correspondientes a las entregas a cuenta de financiación autonómica del 2019.

Canarias tiene pendiente una transferencia estatal en este capítulo de 223 millones, una de las principales circunstancias que han llevado al actual Ejecutivo de Ángel Víctor Torres a aprobar una no disponibilidad presupuestaria de 170 millones precisamente para garantizar el gasto previsto en políticas sociales. En el mismo sentido, Canarias aspira a poder destinar a gasto social gran parte de la deuda estatal de 500 en carreteras que el Estado reconoce y que ahora mismo está computada como superávit regional y por tanto con destino teórico, cuando se produzcan esos pagos, a amortizar deuda autonómica. De que el Ministerio de Hacienda acceda o no a que esa cantidad pueda ser objeto de un convenio finalista para gasto social, dependerá que los servicios esenciales canarios recuperen o incluso mejoren la situación de antes de la crisis.

Ahora mismo, el informe conocido ayer señala que el Archipiélago tiene que seguir, y mucho, trabajando en esta materia. Del conjunto de las comunidades, nueve han recuperado en términos absolutos el gasto social previo a los recortes provocados por la crisis (Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Cantabria, Murcia, La Rioja, Asturias y Extremadura). Las comunidades que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos diez años, a pesar de la recuperación, son Cataluña y Castilla-La Mancha, de un 19,91% y 15,46%, respectivamente. Por debajo de Canarias, también con déficit de gasto el año pasado respecto al 2009, se sitúan Castilla y León (-0,98%); Madrid (-1,73%), Aragón (-2,97%), y Galicia (-3,75%). En pasivo se mantiene también Andalucía, aunque un puesto por encima de Canarias (-0,22%).

En cuanto al gasto por habitante, la cifra canaria del año pasado (2.340 euros) es la cuarta peor del conjunto de comunidades, solo por encima de Andalucía (2.311 euros), Cataluña (2.181 euros) y Madrid (2.109 euros). Nueve de ellas han conseguido superar en 2018 el gasto social por habitante que tenían hace una década, como son los casos de Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria, Asturias, Castilla y León, País Vasco, Navarra, La Rioja y Extremadura, con porcentajes respectivos entre el 9,6% y el 1,9%. Por el contrario, Cataluña acumula una disminución del gasto per cápita del 21,7% en estos diez años, y Castilla-La Mancha del 13,8. También Canarias, con un 5,6%, y Madrid, con un 5,5%, acumulan disminuciones destacadas.

Recomendaciones

En el capítulo específico destinado a Canarias, el Indice DEC 2018 elaborado por los profesionales del sector otorga a Canarias el puesto decimocuarto (del total de 17 comunidades autónomas) en el desarrollo de su sistema de servicios sociales, aunque destaca una "clara mejoría" en los últimos años al incrementar su evaluación global 1,35 puntos desde el 2015 y 0,45 puntos desde los 3,30 del año pasado hasta lograr una puntuación global en 2018 de 3,75 puntos. "En definición de derechos y ordenación del sistema, la mejora viene derivada de la integración de las entidades locales en el sistema de atención a la dependencia", señala el informe, aunque añade que "sigue adoleciendo de todo el entramado legislativo, normativo y planificador de su sistema público de servicios sociales". Advierte no obstante que el informe no ha podido tener en cuenta aún la puesta en marcha de la Ley de Servicios Sociales de Canarias recién aprobada.

También reseña que la cobertura efectiva de prestaciones y servicios "sigue siendo muy baja en relación con la media estatal", pues "solo destaca positivamente en servicios para personas con discapacidad", y cuyo déficit más acusado es la debilidad de sus estructuras básicas en el ámbito local (un profesional cada 3.155 habitantes).

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