Fomento da un giro al conflicto sobre la deuda en carreteras con Canarias y empieza a asumir las posiciones de la Comunidad Autónoma sobre los fondos a que se refieren las sentencias del Tribunal Supremo en las que se obligaba al pago de todas las anualidades previstas en el anterior convenio. Así al menos lo explicaron ayer el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, tras su primera reunión formal con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para intentar buscar una salida al conflicto, que pasa, anunciaron, por una reprogramación de anualidades y cantidades del actual plan viario, firmado en diciembre pasado, en la que se incluirían los casi 400 millones (incluidos intereses de demora) del anterior convenio que Fomento no reconocía por no tener certificaciones de obra.
El principio de acuerdo está pendiente, sin embargo, de que se desbloquee la situación política en el Estado y se conforme un nuevo gobierno central para que el Ministerio de Fomento pueda tener plena competencia de negociación y de tomar decisiones que se trasladen al Consejo de Ministros. Mientras no haya nuevo Ejecutivo estatal totalmente operativo, no se puede avanzar en las negociaciones, aunque sí se iniciarán los trabajos previos de análisis de lo que podría ser ese nuevo convenio a través de una convocatoria, para dentro de quince días, de la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio de carreteras entre Canarias y el Estado.
Torres y Franquis consideraron un éxito la reunión de ayer con Ábalos y con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y aseguraron que con este compromiso se pone fin a la "polémica de las carreteras" y al conflicto político en esta materia entre ambas administraciones. "Nos vamos con la satisfacción de que este es el camino, sentarnos a negociar y que con ese convenio vigente podamos tener resuelta una situación que se ha dilatado en el tiempo que y no ha sido buena para la gestión de las carreteras en Canarias", recalcó Torres tras la reunión.
El presidente canario aclaró que "la partida de más de 300 millones más los intereses que corresponde a lo no certificado, esa que no reconoce el ministerio de Fomento y que genera el conflicto, la podemos solventar a través de una negociación del actual convenio de 1.200 millones hasta el 2025, sentándonos a renegociar las anualidades y las cantidades con el objetivo de que llegue a Canarias toda la deuda en carreteras y no se pierda ni un solo euro". Tras resaltar que se había trasladado al equipo de Fomento que "el Gobierno de Canarias reclama todas las cantidades de todos los convenios firmados entre ambas administraciones por los incumplimientos del PP", insistió en que "todo es todo, hasta el último euro", y que esa posición se mantendría incluso en el ámbito judicial si así hiciera falta. Así, Torres aseguró que "en tanto en cuanto nosotros no tengamos el acuerdo, vamos a mantener la iniciativa judicial que en su momento se inició por los incumplimientos del PP". Matizó no obstante que "la iniciativa judicial [ante la Audiencia Nacional para la ejecución de sentencia del Supremo] está viva, pero si vamos a negociar, esa iniciativa ya no tiene ningún sentido". Es decir, se mantiene expectante sobre lo que pueda dictaminar el organismo judicial, pero no presentará por ahora nuevos recursos. "Si hay nuevo gobierno, el acuerdo será mucho más rápido; si no, tendremos que ir a elecciones y si entre tanto hay sentencia , habrá ejecución de sentencia y será lo que el juez diga", afirmó el jefe del Ejecutivo regional.
En funciones
Franquis, por su lado, resaltó que "hemos abierto escenarios de acuerdo y deseamos que haya cuanto antes un gobierno en plenas funciones para empezar a negociar acuerdos y trasladarlos al Consejo de Ministros". "Confiamos en que tengamos gobierno en las próximas semanas para estar en condiciones de empezar a negociar con claridad en el escenario del convenio vigente y acabar con un debate sobre el que se ha hecho mucha política", afirmó el consejero. "Es el momento de acabar con la polémica y que empecemos a hablar de soluciones, garantizar los recursos y que vayan destinados a lo que estamos defendiendo desde Canarias. El trabajo del Gobierno es ahora producir proyectos para que lo que tenemos garantizado lo podamos invertir en los plazos que acordemos para los próximos ocho o diez años en Canarias", resaltó Franquis.
De esta forma, la reprogramación de cantidades y anualidades del nuevo convenio para poder ajustar los plazos a la situación real, dado que ha empezado a ejecutarse con retraso y no hay certificaciones para el primero año de vigencia (el 2019), servirá para negociar el pago de esos casi 400 millones pendientes que Fomento no reconocía.
Respecto a la cantidad prevista para este primer año del nuevo convenio, el Ejecutivo regional considera que, "aunque no hay nada ejecutado, tenemos que ir a una redefinición de las cantidades y entendemos que el convenio de 101 millones ([la adenda firmada en diciembre de 2017 de prórroga del anterior convenio] está vigente y puedan adscribirse a él las obras que están en marcha porque de esa cantidad quedan 60 millones que no se han certificado".
Esa será otra de las cuestiones que abordará la comisión de seguimiento del convenio. "Vamos a analizar las certificaciones que se han ido presentando en los últimos tiempos para intentar que el dinero correspondiente a esas certificaciones se traslade cuanto antes a Canarias", avanzó el consejero.
Torres y Franquis dieron por hecho además que Fomento ha asumido desde el principio el pago de los otros 500 millones a que se refieren las sentencias del Supremo y que eso está ahora pendiente de que el Ministerio de Hacienda encuentre una fórmula legal para que puedan ser transferidos en distintas anualidades y mediante convenio finalista para que no computen como superávit en las cuentas regionales y pueda destinarse a gasto social.
CC resta validez al acuerdo
"Poca validez". Esa es la conclusión que sacó ayer el diputado de CC y consejero de Obras Públicas en el anterior ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, de la reunión mantenida entre el presidente de Canarias, Ángel Victor Torres, y el ministro en funciones, José Luis Ábalos. El nacionalista considera que todo queda en meras intenciones dado que por un lado no estaba presente en la cita en el Ministerio de Fomento la ministra de Hacienda, "que es quien debe validar cualquier acuerdo económico", y por otro lado "todo queda supeditado a una investidura [la de Pedro Sánchez] que tampoco está claro que vaya a suceder". Para el exresponsable de Obras Públicas la de ayer ha sido una nueva reunión que "no ha servido para nada" y que, por contra, deja entrever que el gobierno de Torres está dispuesto a renunciar a parte de la deuda que el Gobierno de España tiene con Canarias". "Cualquier proceso de diálogo nos parece adecuado", señala, "pero siempre y cuando no se quiten recursos que ya son para Canarias un derecho y que poco tienen que ver con la investidura. La ejecución de cuatro sentencias firmes del Tribunal Supremo están por encima de cualquier circunstancia política".
