05 de septiembre de 2019
05.09.2019

Valido (CC) dice al Gobierno que la renta de inclusión estaba en marcha

Afirma que el Gobierno de Fernando Clavijo tenía ya dispuesta una partida de 56 millones de euros

05.09.2019 | 16:46
Cristina Valido

La diputada del grupo Nacionalista Canario, Cristina Valido, anterior consejera de Políticas Sociales, ha dicho este jueves al Gobierno de Canarias que la transición a la renta canaria de inclusión "ya "estaba en marcha tras la aprobación de la Ley de Servicios Sociales.

En un comunicado señala que "lo que toca ahora" es gestionarla y ejecutarla "sin falsas promesas y con un modelo único y un coste real asumible", y añade que, como se anunció en su momento el objetivo del Gobierno de Fernando Clavijo era incrementar la PCI y progresivamente ir pasando a una Renta de Inclusión social para lo que dotó de una partida de 56 millones de euros en la nueva Ley.

Según Cristina Valido, como en campaña electoral "todo cabe", Nueva Canarias y Podemos presentaron una propuesta sobre la Renta de Ciudadanía "sin un detallado estudio financiero y escasa profundidad técnica que no obtuvo el apoyo de la Cámara" legislativa.

La diputada nacionalista indica que "en ese momento solo les interesaba la foto y hoy el nuevo Gobierno de Canarias habla de coordinar análisis y trabajos previos para proceder a su legislación".

Asegura que desde el Gobierno de Canarias se habla "sin tener aparentemente una idea clara, dando mensajes confusos con lo que esto para las familias vulnerables en situación crítica, generando expectativas que les conducirán a mayor frustración, desapego y enfado".

Insiste Cristina Valido en que fue el Gobierno anterior el que dio "los primeros pasos para incorporar fondos a los servicios sociales municipales y para incrementar la partida de los equipos de intervención en la exclusión, para poder realizar una atención adecuada a los nuevos perceptores, derivados de la ampliación de la PCI".

Además, prosigue la ahora diputada, "establecimos un plazo de cinco años, con cifras reales y asumibles, para llegar a 130.000 familias que podrían recuperar una vida autónoma y salir de la renta con un buen trabajo tras la inserción sociolaboral".

Ese incremente presupuestario estaba planificado en un marco de gasto sostenible y acordado en una mesa de concertación social con representación de todos los agentes sociales y económicos, en la que se acordó también la inclusión en esta renta de otros colectivos y rentas complementarias a quienes no llegan al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), prosigue.

A juicio de Cristina Valido, "ahora lo que toca es legislar, pero siempre bajo criterios técnicos rigurosos, sostenibles y garantistas".

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