05 de septiembre de 2019
05.09.2019

El acuerdo de carreteras abre una revisión de pagos para 2.200 millones

Fomento asume una deuda de 400 millones de euros que abonará en un nuevo plan viario junto a los 1.200 millones firmados en diciembre y los 101 de la adenda aún en vigor

05.09.2019 | 01:35
Ángel Víctor Torres y Sebastián Franquis el martes en el Ministerio de Fomento.

Un nuevo horizonte se abre en el convenio de carreteras entre Canarias y el Estado, uno de los principales instrumentos de inversión estatal en las Islas y sujeto en los últimos años a un conflicto como consecuencia de los incumplimientos y recortes efectuados por el Gobierno central del PP entre los años 2012 a 2016. El principio de acuerdo alcanzado el martes entre los actuales ejecutivos regional y central, este en funciones, para reordenar sus relaciones en esta materia, tanto las inversiones comprometidas en el actual convenio en vigor firmado en diciembre pasado, como la deuda pendiente del anterior, supone de facto la apertura de un proceso de revisión de toda esa inversión en los próximos años de en torno a 2.200 millones.

A los 1.200 millones previstos en el actual convenio hasta el 2025, se añaden ahora los cerca de 1.000 millones que suma la deuda total del anterior, de ellos 864,7 correspondientes a las anualidades no satisfechas y reconocidas por cuatro sentencias del Tribunal Supremo, y en torno a 125 millones de unos intereses de demora que, según distintos cálculos oficiosos, se incrementan en 1,2 millones por cada mes de retraso; así como otros 101 millones de la adenda que hacía de puente entre el anterior y el nuevo convenio y que en realidad sigue en vigor para las obras que están actualmente en ejecución. Todas estas cantidades se ven ahora sujetas a una nueva negociación para su transferencia a Canarias y suman de facto el montante total sobre el que ambas administraciones deben pactar anualidades y calendario de pago, aunque no todas ellas están en la misma situación ni tendrán el mismo tratamiento en las futuras negociaciones.

Esta situación está marcada en todo caso por el contexto político y su resolución dependerá de que se conforme o no un nuevo gobierno central en las próximas semanas si el socialista Pedro Sánchez se somete a un a nueva investidura y la supera, o si el bloqueo político obliga a unas nuevas elecciones el 10 de noviembre. En el primer caso, los dos ministerios afectados por el pago de la deuda en carreteras con Canarias, el de Fomento y el de Hacienda, iniciarían de inmediato la negociación sobre la base de los acuerdos alcanzados por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con los titulares en funciones de esos departamentos, José Luis Ábalos y María Jesús Montero, respectivamente. Si se va a elecciones, ya todo dependerá de su resultado.

A ocho años vista

El cambio de escenario sobre el futuro de este conflicto se debe al reconocimiento por parte de Fomento de toda la deuda del anterior convenio reclamada por la Comunidad Autónoma, tanto los 500 millones que salieron de las arcas regionales (416 presupuestados y más de 80 de intereses) para ejecutar las obras recortadas por el Estado entre 2012 y 2016, como los 345 (que alcanza los 400 si se suman los intereses) que, pese a estar presupuestados, no se llegaron a ejecutar y no cuentan por tanto con las obligadas certificaciones de obra.

La primera de estas cantidades, que siempre asumió Fomento como deuda, están ahora sujetas a que el Ministerio de Hacienda acceda a que no se contabilice como superávit de la Comunidad Autónoma y se traspasen a las Islas a través de un convenio finalista que contemple claramente que se podrá destinar a gasto social y no a amortizar deuda o a inversiones financieramente sostenibles como obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es por tanto una negociación con Hacienda, aunque de facto forma parte del rediseño del sistema de pagos emprendido por ambas administraciones. El nuevo Ejecutivo regional asegura que esa cantidad nunca ha estado en discusión, que llegará a Canarias "sí o sí", y que Hacienda, cuando ya no esté en funciones, buscará una solución legal.

Respecto a los 400 millones que ahora Fomento reconoce como deuda pendiente con Canarias, el acuerdo alcanzado el martes por Torres y el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, con Ábalos es que se incorporen al convenio en vigor para redistribuir su pago en las nuevas anualidades y un nuevo calendario que se van a pactar para el plan viario firmado en diciembre, el de 1.200 millones hasta 2025. Es decir, serán por tanto 1.600 millones los que tendrán que redistribuirse en los futuros proyectos de obras, aunque el consejero amplió el plazo del actual documento y habló de un horizonte de "los próximo ocho o diez años", es decir, prácticamente hasta 2028 o 2030.

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