El Gobierno de Canarias ha informado de que tiene la voluntad de implantar el próximo año la renta ciudadana, ya que es "un gran objetivo" para el ejecutivo.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, se ha reunido este miércoles con la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, para coordinar los trabajos previos a la elaboración de la futura ley de renta ciudadana y avanzar tanto en su definición normativa como financiera.

"Queremos reafirmar la voluntad de implantar el próximo año la renta ciudadana, un gran objetivo de este Gobierno para el que hemos empezado a coordinar esfuerzos de cara a preparar el proyecto de ley", ha asegurado Rodríguez en un comunicado.

En esta fase se trata de activar los análisis y trabajos previos, en las vertientes jurídica y presupuestaria, que desembocarán en la tramitación del texto legal por parte del Gobierno antes de su remisión al Parlamento, ha precisado.

Noemí Santana ha subrayado que "hoy empieza la cuenta atrás para implantar la renta ciudadana que tanto necesita esta tierra. Es objetivo prioritario de este Gobierno mejorar la calidad de vida de la gente de Canarias."

En la misma sesión de trabajo, ambos departamentos también acordaron reprogramar, a solicitud de los cabildos, el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, de modo que se amplía la previsión plurianual de ejecución con garantías de la financiación acordada.

Según el Gobierno, este deslizamiento temporal permitirá acompasar la gestión de las corporaciones insulares.

Noemí Santana expuso los problemas de los cabildos para poder ejecutar el plan en los plazos previstos, lo que, ha dicho, aconseja la firma de acuerdos que permitan su aplicación más allá del año 2021 y que se concretaron esta mañana.

La aportación del Gobierno de Canarias asciende a 161,5 millones, a los que se suman 101,8 de las corporaciones insulares hasta totalizar 263 millones de euros.

El II Plan de Infraestructuras de Canarias prevé la construcción de nuevos centros de atención sociosanitaria, la mejora de ya existentes y un aumento de casi 5.500 nuevas plazas para personas mayores y con discapacidad.