Coalición Canaria (CC) tachó ayer de mentirosa a la ministra María Jesús Montero y la acusó de haber enredado con falsedades a Ángel Víctor Torres en el asunto de la deuda que el Estado tiene con la Comunidad Autónoma en materia de carreteras. La diputada nacionalista Rosa Dávila, que fue la consejera de Hacienda en el anterior Gobierno regional y que tuvo que lidiar con Montero en varias polémicas, cargó contra la ministra y contra el propio Torres después de que el presidente autonómico responsabilizase al anterior Ejecutivo del bloqueo de los 500 millones de la deuda de carreteras que han acabado engordando el superávit de las Islas. Torres achacó la situación a Dávila y Fernando Clavijo y CC la atribuyó al Gobierno de Pedro Sánchez. Un cruce de reproches que se produjo en la antesala de la reunión que el propio Torres tendrá hoy con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para buscar una salida al entuerto.
Hay que recordar que el Tribunal Supremo ha obligado a Fomento a pagar a la Comunidad Autónoma 864,7 millones de euros ?más 127 por los intereses de demora? correspondientes a los incumplimientos del convenio de carreteras entre los años 2012 y 2016. Un total de alrededor de mil millones de euros. La Justicia dio así la razón a las Islas después de que el Gobierno de Mariano Rajoy decidiera unilateralmente recortar las transferencias comprometidas con la excusa de la crisis económica. Sin embargo, Fomento solo reconoce como deuda 500 millones de euros, que es la cantidad que Canarias tuvo que sufragar con fondos propios tras el incumplimiento del convenio para que no se paralizaran las obras en marcha. Los restantes 400 corresponden a trabajos que estaban previstos pero que no pudieron ejecutarse por el hachazo del PP.
El Gobierno central propuso así un acuerdo extrajudicial para el pago de esos 500 millones, con lo que la cantidad con la que contaba Canarias se reducía notablemente. El Ejecutivo que todavía presidía Fernando Clavijo rechazó la propuesta y presentó un incidente de ejecución de sentencia aún pendiente de resolución. La reacción en Madrid, por iniciativa del Ministerio de Hacienda, fue transferir de golpe y sin previo aviso los 500 millones en cuestión, que pasaron a engrosar el superávit (Canarias ingresa más de lo que gasta). Y ocurre que la ley de estabilidad presupuestaria obliga a destinar el superávit a pagar deuda. Los 500 millones quedaron de facto inutilizados.
En este contexto, Ángel Víctor Torres levantó ayer ampollas en CC al asegurar que si se hubiera firmado antes del 31 de diciembre el acuerdo que querían los ministerios de Fomento y de Hacienda, "hubiésemos recibido esos 500 millones que nos habrían venido magníficamente bien para los servicios básicos". Finalizado el ejercicio, puntualizó el presidente regional, el dinero cayó en el saco del superávit. Además, Torres también dijo en la Ser que no tiene constancia de ningún "documento" que advirtiese que firmar el acuerdo hubiera impedido reclamar los más de 400 millones que Fomento no reconoce como deuda.
Dávila, que convocó de inmediato a los medios tras las palabras de Torres, exhortó al presidente a informarse mejor y aseguró que de haberse firmado el acuerdo, los 500 millones tampoco se podrían haber usado, ya que el Ministerio de Hacienda suprimió la cláusula que liberaba el dinero del corsé de la ley de estabilidad. Es decir, que los 500 millones de euros habrían acabado contabilizándose en el superávit, igual que ahora. La Intervención General de la Comunidad Autónoma constató el 21 de diciembre que el Gobierno central efectivamente había suprimido la cláusula. Dávila también aclaró que la aceptación del acuerdo habría hecho "decaer todo el litigio", de modo que no se podrían haber reclamado los 400 millones aún en disputa. Esta fue la advertencia, explicó, de los servicios jurídicos de la región.
Fomento marca una nueva hoja de ruta
El Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento buscan una salida efectiva al conflicto sobre la deuda estatal en carreteras, de más de 1.000 millones según las cuentas de la comunidad autónoma, y al desorden que afecta en estos momentos a la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo que avalan esos impagos, y al desarrollo y aplicación del nuevo convenio firmado en diciembre pasado y que ya cuenta con retrasos en las certificaciones de obra y en los pagos por parte del ministerio. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, se reunirán formalmente por primera vez con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y confían en obtener una propuesta que garantice el desarrollo de los nuevos planes viarios, así como el cobro paulatino a lo largo de los próximos años de al menos los 600 millones que el Estado sí reconoce como deuda del anterior convenio porque Canarias los pagó con fondos propios, y sin renunciar a los 400 (incluidos intereses de demora) que, aún estando reconocidos en el plan viario incumplido por el Gobierno del PP, no se llegaron a gastar.
El nuevo Ejecutivo regional ha conseguido arrancar de entrada al Ministerio una plena disposición a estudiar sendas fórmulas técnico-jurídicas para ir adelantando los pagos de la deuda del anterior convenio para que Canarias empiece a contarlos ya desde sus próximos presupuestos como ingresos estatales, y que estas transferencias no cuenten como superávit en las cuentas regionales. De este modo, Canarias puede destinarlos a inversión o gasto social y no a amortización de deuda, como exige actualmente el Estado en aplicación de la ley de Estabilidad. Esta fórmula de "convenio finalista" en la que parece estarse pensando, sobre la que Ábalos deberá confirmar hoy su viabilidad y detalles de aplicación, fue ya propuesta por Fomento al anterior Ejecutivo regional de CC pero denegada por el Ministerio de Hacienda, según los nacionalistas. Sin embargo, el Gobierno central ha asegurado a los nuevos dirigentes autonómicos que fue el propio Gobierno de Fernando Clavijo quien rechazó esa posibilidad.
En todo caso, Torres y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, lograron el pasado jueves de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, el compromiso de estudiar una fórmula para ir abonando anualmente esa deuda reconocida sin que cuente como superávit, una vez que la consejería de Obras Públicas cierre con Fomento un acuerdo sobre el calendario y cantidades de los pagos. Eso es lo que, en teoría, deberán empezar a cerrar hoy Torres y Franquis con Ábalos, siempre con la idea de que toda esta operación es prácticamente inviable a corto y medio plazo si antes no se desbloquea la situación política estatal y se logra la conformación de un nuevo gobierno estatal plenamente operativo. La posibilidad de nuevas elecciones el 10 de noviembre si el socialista Pedro Sánchez no logra su investidura planea como una sombra sobre las negociaciones entre Canarias y el Estado.
El Ejecutivo regional da por buena la versión de Fomento sobre la propuesta para pago de la deuda del anterior convenio y espera ir avanzando en las fórmulas concretas para esas transferencias estatales, aunque mantiene que serán los tribunales quienes dictaminen sobre los más de 400 en litigio. El Gobierno canario va a "seguir discutiendo" en el ámbito judicial.
