01 de septiembre de 2019
01.09.2019

La incertidumbre nacional condiciona que Torres cumpla con su programa

La agenda social y la política de inversiones comprometidas por el Gobierno de Canarias quedan pendientes de que se produzca la investidura de Sánchez o haya nuevas elecciones

01.09.2019 | 01:22
Reunión el pasado jueves entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el centro, con Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez en Madrid.

Canarias sigue esperando que las cosas se muevan en Madrid. El inicio del curso político en las Islas y en el Estado está completamente condicionado por la situación de interinidad del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez y por el bloqueo de su investidura tras las elecciones de hace ya cuatro meses. La incertidumbre sigue dominando el escenario por las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos para un pacto de investidura o gobernabilidad, y las expectativas en estos momentos se acercan más a unas nuevas elecciones el 10 de noviembre, que a la formación de un nuevo Gobierno que salve la legislatura y ponga en marcha una agenda política para los próximos cuatros años.

En este contexto, el nuevo Gobierno de Canarias presidido por Angel Víctor Torres (PSOE) se ve peligrosamente condicionado para aplicar su propio programa pactado con sus tres socios políticos porque gran parte del mismo está directamente vinculado a las relaciones con el Estado y a la llegada de fondos estatales. Sin un Ejecutivo central plenamente operativo, y sin una ley de Presupuestos que active las transferencias tanto de financiación autonómica como de inversión, Canarias seguirá también sin poder levantar el vuelo de su propia legislatura, empezando por la elaboración "a ciegas" de las cuentas regionales de 2020, como ha reconocido el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez.

La agenda social y la política de inversiones comprometidas por el Gobierno de progreso se verá por tanto condicionada por la evolución de la política estatal porque necesita de un nuevo Ejecutivo y unas cuentas estatales que pongan en marcha todos los mecanismos de colaboración y de transferencia de fondos estatales, algunos pendientes de los Presupuestos de 2018 prorrogados este año, y otros necesitados de que vuelvan a recogerse y garantizarse en unas nuevas cuentas públicas. La agenda canaria en Madrid tiene por tanto el freno de mano echado y sin poder abrir por ahora una dinámica de resolución de muchos asuntos que la integran.

El Gobierno regional trata en este marco de adelantarse a los acontecimientos y quiere tener sus deberes hechos para que, en caso de desbloqueo político, de investidura de Sánchez y de conformación de nuevo Ejecutivo central, no perder ni un minuto en prolegómenos. Torres inició en julio los primeros contactos oficiosos con los ministerios, y él mismo y su vicepresidente han abierto el curso político en Madrid el pasado jueves con una importante reunión con la ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, para tratar de encauzar dos de los principales asuntos pendientes entre ambas administraciones, los 223 millones de entrega a cuenta de la financiación autonómica correspondiente a este año, y el pago de 600 millones de la deuda en carreteras (de casi 1.000 millones en total) a lo largo de los próximos años y que no cuente como superávit de la comunidad autónoma, lo que permite gastarlo en gasto social o inversión y no en amortización de deuda.

Los dos máximos mandatarios del Ejecutivo han logrado buenas palabras y compromisos, pero no soluciones efectivas y prácticas, y ambos reconocen que hay dificultades técnicas y legales para cada uno de estos asuntos, y que sin la conformación de un nuevo Gobierno central se dificulta enormemente su resolución. De entrada, los actuales presupuestos estatales, de junio de 2018, se verán prorrogados automáticamente en diciembre por segundo año consecutivo haya o no nuevo Ejecutivo en breve, primera vez que ocurre en democracia, y podrían seguir operativos muchos meses más si finalmente hay elecciones en noviembre. La situación tiene un efecto directo sobre las propias cuentas canarias del 2020 y el programa del Gobierno de progreso, máxime a partir del hecho de que el nuevo equipo de Hacienda se ha encontrado con un déficit de 470 millones y la necesidad de hacer una no disponibilidad de recursos de 170 millones. Una situación que urge a una reforma del sistema de financiación autonómica, precisamente uno de los grandes asuntos de la nueva agenda política entre el Estado y las regiones que está paralizado por el bloqueo político en el Congreso.

Los fondos estatales, el incendio de este verano y el 'brexit', en la agenda bilateral

La redefinición de las relaciones financieras y la situación de los pagos estatales pendientes es sin duda el gran argumento de la agenda canaria en Madrid. Según el anterior Ejecutivo nacionalista, hay 1.500 millones de deuda estatal con las Islas, más de 200 correspondientes a partidas presupuestarias sin ejecutar, y 864,7 del anterior convenio de carreteras (sin contar intereses de demora) que sentencias del Tribunal Supremo obligan a pagar. Es uno de los asuntos espinosos en la nueva dinámica de relaciones entre dos gobiernos que, por ahora, son ambos de signo socialista. En la reunión del martes próximo entre Ángel Víctor Torres y el consejero de Obras Públicas y Transportes, Sebastián Franquis, con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se tratará de poner orden y calendario a esos pagos, pero queda por ver si el ministerio sigue sin reconocer la diferencia entre lo conveniado y no pagado, tal como pide Canarias, o sólo accede a pagar lo que la comunidad autónoma gastó de su bolsillo en obras (600 millones). La diferencia es de en torno a 400 millones incluyendo los intereses de demora.

Otro asunto que desgraciadamente se ha colado en la agenda canaria en Madrid tiene que ver con los terribles incendios de este verano en Gran Canaria, sobre los que hay un pleno consenso de que deberán arbitrase medidas urgentes que palíen los efectos que la tragedia medioambiental tenga sobre los sectores primario y turístico. Ambos ejecutivos deberán ponerse de acuerdos y coordinar qué medidas aprobará cada uno sobre la materia así como los calendarios para su puesta en marcha.

Por otro lado, Canarias también se encuentra pendiente de la inminente entrada en vigor de un brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre, si no hay novedades en las relaciones entre Londres y Bruselas, y necesita con urgencia medidas que ayuden a los sectores agrícola y turístico unos efectos que ya se están dejando notar y que se incrementarán gravemente con la nueva situación.

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