La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, y parte de su equipo han mantenido este lunes un encuentro con los consejeros insulares de Bienestar Social para comprobar el estado de ejecución del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, donde admitió que deben buscar "una salida" para que las instituciones insulares justifiquen las transferencias realizadas por el Ejecutivo regional en los años 2017 y 2018.
Este segundo Plan está dotado de un presupuesto de casi 263 millones de euros, de los que el Gobierno canario aporta unos 161 millones de euros hasta el año 2021, y de los que para 2019 se preveía transferir a los cabildos unos 43 millones de euros "pero hay que justificar 2017 y 2018".
Al respecto, Santana aseguró que desde su departamento se va a poner toda la voluntad "para que esto salga adelante", ya que se trata de un plan necesario "ante el envejecimiento de la población", si bien reconoció que los cabildos "han tenido ciertas dificultades" para poder ejecutar las obras y para la justificación del convenio.
Por ello, apuntó en declaraciones a los periodistas, que hay que "intentar buscar una salida" a esta situación, ya que el 31 de octubre es la fecha fijada para realizar la primera justificación. Agregó que una posibilidad para resolver esta situación es la firma de una nueva adenda al convenio, que permita "flexibilizar un poquito".
Santana expuso que "muchas veces" el retraso "no es por falta de dinero", ya que el Gobierno canario transfirió las partidas de los años de 2017 y 2018, sino que se debe a otro "tipo de escollos que se han encontrado por el camino".
Al respecto, y a modo de ejemplo, apuntó que "ellos quieren que los gastos del terreno se puedan incluir como gastos justificables a través del convenio", a lo que agregó que en la adenda pasada también se incluyeron los gastos de personal.
Por último, este II Plan preveía hasta 2021 crear unas 5.466 plazas para la atención de personas mayores y con discapacidad, sobre lo que la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Gema Martínez, explicó que era pasar de las 3,5 camas por cada 100 habitantes que recogía el primer convenio, a 5 camas por cada 100 personas, que admitió "sigue siendo insuficiente", si bien expuso que en ocasiones depende de cuestiones como "la capacidad de construir nuevas infraestructuras".
