Las cuentas que elaboró el anterior Gobierno de Coalición Canaria (CC) no le cuadran al nuevo Ejecutivo cuatripartito. Fueron "demasiado optimistas" en los gastos y en los ingresos por lo que para evitar el déficit y poder elaborar un presupuesto saneado en 2020 el nuevo Ejecutivo va a tener que ajustar los gastos. El Consejo de Gobierno aprobó ayer una primera tanda de "medidas inmediatas" para contener el gasto, con el trasvase a Sanidad y Educación de 140 millones de euros presupuestados este año en distintas consejerías.

El Gabinete que dirige el socialista Ángel Víctor Torres quiere cumplir con los compromisos adquiridos para reducir la jornada laboral en el Servicio Canario de Salud y en el horario lectivo de los docentes de Secundaria, que obliga a realizar nuevas contrataciones que no estaban presupuestadas. "Ante la mala previsión de ingresos del Gobierno saliente y el alto riesgo del incumplimiento del techo de gasto se retienen 140 millones para destinarlos a Sanidad y Educación", especificó ayer Ángel Víctor Torres para aclarar por la tarde en un tuit que no son recortes presupuestarios. Desde Hacienda se precisa que "no se gasta menos sino que se retienen esos créditos para emplearlos en dónde hay insuficiencias". Los distintos consejeros están mirando con lupa qué inversiones o programas previstos pueden dejar de acometerse como, por ejemplo, obras previstas por el anterior Gobierno que carecen de proyecto o no están en la miras del nuevo.

El consejero de Administraciones Públicas, Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, explicó ayer por la mañana, tras el Consejo de Gobierno, que esta primera modificación presupuestaria estimada en 140 millones de euros - a la que él mismo tildó de "recortes en el gasto"- procede de 72 millones de partidas de distintas consejerías y de 68 millones que estaban previstos para circunstancias excepcionales e imprevistos.

El portavoz eludió detallar qué proyectos o programas se dejarán de acometer en distintas áreas para nutrir a otras. El objetivo del Gobierno es no incurrir en la desviación de la regla de gasto y en una situación de déficit este año que afectaría a la elaboración de los presupuestos del 2020 y que impediría acogerse al Fondo de Facilidad Financiera, expuso.

Esta primera modificación de las cuentas de este año de Canarias se adopta a propuesta de la Consejería de Hacienda, que presentó ayer una batería de medidas para contener el gasto, las cuales se terminarán de estudiar la próxima semana, con lo que se moverán más recursos para intentar no incurrir en déficit. Para el Gobierno es esencial cumplir con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, admitió Julio Pérez, que tampoco precisó cuánto dinero más se deberá ajustar. "Si hemos almorzado mucho entre enero y agosto, tendremos que cenar poco entre agosto y diciembre. Como nos pasemos no vamos a poder presupuestar como queramos -en 2020-", especificó.

Por ello explicó que aunque están sujetos al precepto constitucional de estabilidad presupuestaria, su intención es modificarlo, especialmente en la regla de gasto, que está produciendo restricciones presupuestarias e impide que un eventual superávit pueda dedicarse a financiar servicios públicos o políticas sociales. Pérez insistió en que la "mayor preocupación" del Gobierno canario actualmente "es el cierre de este año", ya que en el presupuesto de 2019, elaborado por el anterior gobierno de Coalición Canaria, si los "ingresos eran demasiados optimistas, los gastos también".

Reunión con el Estado

Precisamente en relación a los ingresos, el portavoz anunció que se ha previsto una reunión con el Gobierno central para finales de agosto con el fin de buscar fórmulas jurídicas para que los fondos del Estado pendientes puedan llegar a Canarias, entre los que citó los de carreteras o europeos. En concreto en carreteras esperan obtener 41 millones que están ya certificados del anterior convenio y que suavizaría el cumplimiento del techo de gasto.

El Consejo de Gobierno aprobó también las directrices para elaborar el nuevo presupuesto autonómico de 2020, con el objetivo de que en octubre pueda estar el proyecto de ley para remitirlo posteriormente al Parlamento autonómico. En el análisis económico se apunta a una desaceleración económica el próximo año pues tras un crecimiento del PIB de Canarias en 2018 del 2,4%, las previsiones establecen un aumento del 1,9% en 2019 y del 1,8% en 2020.

Según el Ejecutivo, la economía canaria se sigue enfrentando a factores limitativos del crecimiento como los efectos del brexit o porque el turismo, a pesar del ser el sector que mayor aportación va a seguir realizando al PIB, se encuentra con una reducción de la llegada de turistas extranjeros debido a la recuperación de algunos destinos competidores del Mediterráneo, como Turquía y Egipto.

De otro lado, el portavoz recalcó que este año no se tocarán los impuestos, a lo que añadió que no cree que se aumenten el próximo año. No obstante, el Gobierno deja en el aire si subirán o no los tributos o cómo van a modificarlos, pues en relación al medio punto del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) explicó que se "ha perdido un montón" dinero -con esa rebaja-" por lo que se cuestionó: "¿Habrá que recuperar ese medio punto del IGIC? Depende, habrá que analizarlo". Esa reflexión la realizó pese a que las directrices para elaborar el presupuesto contengan que habrá una política fiscal destinada "a incrementar los ingresos propios" en base a los principios de igualdad y progresividad. Asimismo, aunque también citan un tasa ecológica, Julio Pérez recalcó que aún no hay nada decidido.