El Ejecutivo canario pretende poner en marcha un plan de estabilización del empleo temporal, ya contemplado en la Ley de Presupuestos del pasado año, con el objetivo de rebajar la tasa de interinidad al 8%.

Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, aprovechó la rueda de prensa en donde anunció que el Gobierno levantaba la suspensión del plazo máximo para resolver los procesos selectivos en curso de la Administración Pública, para señalar su preocupación por los trabajadores interinos.

"Hay un problema de interinidad, hay personas que llevan diez años en esa situación y no podemos permitirlo", apuntó Pérez. Las tasas son diferentes dependiendo del sector en cuestión. Las áreas más afectadas son la Sanidad y la Educación, en donde "más de un 40% de la plantilla está sujeta a elementos de temporalidad", reconoce.

El consejero asegura que la intención del Ejecutivo en esta nueva legislatura es que los procesos de selección "sean continuos" y que no se acumule el tiempo entre convocatorias. La idea es que se convoquen menos plazas pero de forma más seguida, como ocurre en otros cuerpos de funcionarios públicos. "Tiene que existir claridad en los criterios de selección y seguridad jurídica", aclara Pérez.

Sistemas de selección

La cuestión surgió con un debate sobre los sistemas de selección para los empleados públicos. En España está prohibido recurrir al concurso puro -los méritos- en los procesos de selección. En Canarias, la ley vigente de 1987 establece que el sistema general es la oposición y que con justificación puede añadirse el concurso.

Entre los méritos a valorar está el trabajo en la administración, la interinidad. "No se puede desaprovechar la experiencia de los interinos", apunta Pérez quien asegura que la clave está en decidir cuáles son los méritos que "añadimos al concurso y cuál es el valor que se le otorga a esos méritos".

El consejero insistió en los efectos negativos que implica tener altos porcentajes de interinos en la comunidad autónoma. "La interinidad es un mal para el propio interino, para la administración, y para el ciudadano, que no recibe los servicios con la misma calidad". Este debate "no es de Canarias ni de la Administración Pública, es de la sociedad", concluyó el consejero.