El Gobierno de Canarias ha de redistribuir otros 60 millones de euros para hacer frente a gastos en sanidad y educación en el capítulo de personal, a fin de no incurrir en déficit y evitar una eventual intervención de las cuentas de la Comunidad Autónoma por parte del Estado. Estos recursos se suman a los 140 millones que el Consejo de Gobierno del pasado jueves aprobó trasvasar de distintas consejerías a ambos servicios públicos para ajustar el presupuesto "heredado por Coalición Canaria".

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Ejecutivo autónomo, Román Rodríguez, aseguró ayer que las medidas adoptadas en el último Consejo para garantizar el cumplimiento del precepto constitucional de estabilidad presupuestaria "no supondrán ningún tipo de recortes en las cuentas públicas sino, al contrario, lo que estamos haciendo es retener determinados créditos no esenciales para poder redistribuirlos". El vicepresidente recordó que las medidas aprobadas en el Consejo del Gobierno, a las que se incorporarán otras nuevas la próxima semana, obedecen a la necesidad "inexcusable" de reequilibrar unos presupuestos elaborados "con notables desajustes" por el anterior Gobierno para evitar que el Estado intervenga las cuentas canarias.

En este sentido, el consejero aprovechó para recordar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) ha alertado del "riesgo alto" de incumplimiento de la regla de gasto con datos del primer trimestre, recomendando la adopción de medidas correctoras, a lo que deben responder antes del 18 de agosto. Asimismo, indicó que a dicho informe se le añade una carta remitida por la Secretaría de Estado de Hacienda y recibida por el consejero el pasado 7 de agosto en la que, como trámite de audiencia, pide información sobre las causas de la "posible desviación en el cumplimiento de las reglas fiscales, así como de las medidas que tuviera previsto adoptar la comunidad para su corrección antes del cierre del presente ejercicio". Agregó que dicha información debe ser remitida al Estado antes del 10 de septiembre.

Por ello, Rodríguez justifica el acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno del pasado jueves, ya que "va en la línea de mitigar la desviación en la regla de gasto, medidas que tendrán continuidad en la próxima sesión, si bien a ellas se añadirán otras enfocadas a mejorar la perspectiva de ingresos".

En relación al trabajo que está haciendo la Consejería de Hacienda, indicó que el último informe técnico, fechado este 7 de agosto, ha establecido una necesidad de financiación de la Comunidad Autónoma de un 0,64% del PIB, cuando el límite fijado para 2019 se encuentra en el 0,10%. A ello, agregó que la desviación en la regla de gasto a final de año sería de un 5,6%, por encima del umbral del 2,7% establecido inicialmente para el presente ejercicio económico.