08 de agosto de 2019
08.08.2019

El Ejecutivo quiere rebajar la tasa de interinidad al 8% con un plan de estabilidad

En Sanidad casi la mitad de la plantilla está sujeta a elementos de temporalidad

08.08.2019 | 02:23

La Dirección General de la Función Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, ha decidido levantar la suspensión del plazo máximo para resolver los procesos selectivos en curso de la Administración Pública. Una situación que afecta a 15.000 opositores, que tras siete días de dudas ya saben que continuarán 16 de los 17 procesos afectados. El único que se mantendrá suspendido es el del Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros Industriales, que fue justamente el proceso que abrió el pleito judicial.

Con esta decisión del Gobierno se reduce a 15 el número de personas afectadas y a 14 el número de plazas en juego, que antes llegaba a 600. Julio Pérez, nuevo consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, explicó ayer junto al viceconsejero y director general de la Función Pública, Alejandro Rodríguez, la decisión del Ejecutivo canario de continuar con los procesos. "Creemos que la sentencia que ha dado lugar a esta situación no afecta al resto de los procesos selectivos en curso, solo influye en el transcurso que ha dado lugar al pleito", expuso Pérez.

La primera decisión de paralizar los procesos la tomó Francisco Javier Rodríguez, el que hasta ese momento era el director general de la Función Pública en funciones, el pasado 19 de julio, aunque hasta el 31 no se publicó en el Boletín Oficial de Canarias. La medida la tomó al conocer que existían dos sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que cuestionaban el uso del sistema concurso-oposición para acceder a las plazas convocadas de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

La decisión de Francisco Javier Rodríguez y los fallos del TSJC pusieron en cuestión las oposiciones convocadas desde 2015. Julio Pérez prometió solucionar la situación "lo antes posible". Finalmente el TSJC responsabilizó al Gobierno regional de la inseguridad jurídica generada por su decisión, que calificó de "dudosa legalidad". El tribunal aseguró que se había hecho una "interpretación excesiva de las dos sentencias".

La normativa aplicable

La Ley de la Función Pública de Canarias establece que la oposición será el sistema ordinario de ingreso salvo cuando, por la naturaleza de las funciones a desempeñar sea más adecuada la utilización del concurso-oposición. Cuando se dé este último caso la Administración tendrá que justificar la razón de haber escogido el sistema que también valora los méritos del opositor.

La justificación que ofreció la Administración en el caso del proceso selectivo de los ingenieros no fue aceptada por el TSJC, por lo que es ese el único proceso que continúa afectado. La Administración basó su justificación en que los 14 seleccionados ocuparían plazas de jefatura, por lo que valorar los méritos "tenía relevancia". El TSJC consideró que la justificación no fue suficiente. Esa decisión podrá ser recurrida por el propio Gobierno antes del 4 de septiembre.

Julio Pérez explicó que la justificación en cada caso es distinta, por lo que el riesgo de que afectara a todas las oposiciones y que llevó a Javier Rodríguez a suspender todos los procesos, es "inexistente".

El consejero aseguró que su prioridad ha sido "resolver lo más rápidamente el asunto" y "evitar el desasosiego a los opositores implicados". Reflexionó, además, sobre los sistemas actuales de selección explicando que lo único que está fuera de la ley es "valorar solamente por concurso y que el mérito resulte determinante en la selección", por lo que aseguró que no "hay que demonizar" ninguno de los procesos existentes. "No es posible alcanzar ningún objetivo en una sociedad sin una buena Administración Pública", subrayó el consejero y recordó que en Canarias "es posible mejorar esta área".

Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno canario, opinó sobre este asunto ayer, en la toma de posesión de los siete nuevos cargos públicos vinculados a Presidencia del Gobierno.

Este era un problema jurídico y técnico y por suerte de manera inmediata hemos podido buscar la mejor salida para calmar a esos opositores". El presidente aprovechó para criticar la actitud del responsable en dar la primera orden de suspensión. "Entendemos que por la magnitud y la importancia de esa resolución debió haberse consultado", apuntó Torres.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook