La comunidad autónoma tiene actualmente 41 procesos selectivos en marcha para cubrir plazas en diferentes cuerpos, escalas y especialidades de la Administración general. La suspensión de los plazos máximos para resolver las oposiciones decretada por la Dirección General de Función Pública afecta a 17 convocatorias, por lo que hay 24 procesos que no se ven alterados por esta decisión que ahora está en manos de los tribunales, a instancias del Gobierno regional, para que se aclaren las dos sentencias que anulan un artículo de las bases generales que rigen las ofertas de empleo público. Las convocatorias realizadas entre 2015 y 2018 suman 1.058 plazas, y están afectadas por esta situación 616, por lo que hay otras 442 que siguen su curso.
En la oferta de empleo público de 2015 se convocaron 141 plazas de turno libre y 154 de promoción interna. Eran las primeras oposiciones que se lanzaban después de más de siete años de sequía debido a la crisis económica y a la ausencia de tasas de reposición, a excepción de los servicios prioritarios. En 2016 se lanzó una nueva oferta con 273 plazas de nueva creación y 90 de promoción interna y el Ejecutivo de entonces decidió unificarla con la de 2015. Por ello, el plazo teórico para finalizar las dos ofertas y adjudicar los puestos tendrá que culminar este año.
Pocos días después de publicarse la oferta unificada de empleo público de 2015 y 2016, se publicaron las bases generales para todos los procesos selectivos. Estas bases fueron negociadas y aprobadas por la Consejería de Presidencia que dirigía por entonces el socialista Aarón Afonso, ya que aún se mantenía el pacto CC-PSOE con el que se inició la anterior legislatura. Justo en esos días de diciembre de 2016 se rompió el pacto y los socialistas salieron del Gobierno, pero las bases ya estaban en vigor con el artículo tres, que ha sido anulado ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Según ha podido saber este periódico, una vez que la Consejería de Presidencia pasó a ser dirigida por Coalición Canaria, la Dirección General de Función Pública se vio en un dilema: o anulaba las dos ofertas de empleo público convocadas hasta ese momento -658 plazas en total- para cambiar las bases generales o iría resolviendo cada proceso selectivo justificando la modalidad del concurso-oposición o solo la oposición. En este sentido, el artículo 73.2 de la Ley de la Función Pública de Canarias establece que la oposición será el sistema ordinario de ingreso en la Administración, "salvo cuando por la naturaleza de las funciones a desempeñar sea más adecuada la utilización del concurso-oposición". El Ejecutivo publicó varias resoluciones argumentando la forma de acceso en cada convocatoria, y hasta el momento las únicos procesos selectivos impugnados han sido los del cuerpo de ingenieros industriales.
Más plazas
En 2017 se publicó una nueva oferta de empleo público con 280 plazas de turno libre y 70 de promoción interna, mientras que en 2018 tan solo salió una convocatoria para 50 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria. En 2019 no se ha aprobado aún ninguna oferta y será el nuevo Gobierno regional el que decida si hay nueva convocatoria o no este año. De los 1.058 puestos, 744 son por el turno libre y 314 van por la promoción interna.
Las fuentes de Función Pública consultadas niegan que los 17 procesos selectivos afectados se hayan anulado o tengan algún riesgo, ya que lo que se ha decidido es ampliar el plazo máximo para resolver los procesos, pero estos siguen en marcha hasta que llegue la aclaración de las sentencias solicitadas al tribunal. Se trata de los 17 procesos que están en fase de resolverse, aunque ya hay algunos que están a punto de culminarse. Sin embargo, el propio TSJC ya ha advertido que la decisión del anterior Ejecutivo se basa en una interpretación "excesiva" de los fallos que hacen alusión a dos procesos concretos y que, al anular el artículo 3 de las bases generales, no significa que lo hagan todos los procesos, sino que el Gobierno tiene que justificar en cada caso que unas convocatorias se rijan por el concurso-oposición y otras solo por la oposición. La primera modalidad beneficia más a los interinos y personal que trabaja en la Administración pero sin plaza, mientras que el segundo modelo favorece a los opositores que vienen de fuera y que no cuentan con experiencia laboral en el sector público.
El Gobierno anterior consideró que en el fallo judicial existe un error al anular las bases generales, cuando en realidad se trata de las bases específicas que rigen la convocatoria impugnada, en este caso del cuerpo de ingenieros industriales. Los servicios jurídicos consideran que la sentencia no puede pronunciarse sobre procesos selectivos que no han sido previamente recurridos. Por eso, el Ejecutivo ha solicitado esta aclaración oficial para continuar los procesos con normalidad y en los plazos estipulados. Sin embargo, si el Gobierno actual no corrige lo realizado por el anterior, todo apunta a que habrá demora en la finalización de los procesos afectados, porque el mes de agosto es inhábil, tanto en la Administración como en la Justicia, por lo que las aclaraciones a la situación planteada no se producirán hasta septiembre.
El PP reclama explicaciones
El PP solicitará la comparecencia urgente del Gobierno de Canarias para que explique en el Parlamento regional la suspensión de las oposiciones de la comunidad autónoma, según informa en un comunicado. Así lo ha anunciado la diputada del Partido Popular Luz Reverón. El TSJC advirtió que la suspensión de dichos procesos es un acto "de dudosa legalidad", más aún cuando algunos de ellos ya están concluidos y "cabe la posibilidad de que se bareme el concurso solo por el examen, y el proceso será perfectamente válido", indica el PP. La diputada popular considera que "la Consejería de Presidencia está obligada a solucionar inmediatamente la suspensión de los 17 procesos con todas la garantías jurídicas necesarias, tras la advertencia de ilegalidad".
