No hay "ni un solo daño jurídico o material" a los opositores, pues con la suspensión del plazo de los procesos selectivos "se ha buscado proteger sus derechos", afirmó ayer el exconsejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias José Miguel Barragán, en alusión a la sentencia dictada el 14 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha afectado a 17 procesos de selección con 616 plazas, a las que aspiran más de 15.500 personas.

El mencionado fallo anulaba la fase de concurso en la selección de Ingenieros Industriales y "se circunscribió solo a ese proceso selectivo, con un pronunciamiento en el que se hace referencia a las bases generales y no a las específicas de esa convocatoria", lo que generó incertidumbre jurídica, afirmó Barragán a través de un comunicado. "La realidad es que la Dirección General de la Función Pública no ha anulado ningún proceso selectivo ni ninguna fase de concurso", añadió el actual secretario general de CC.

Barragán recordó que cuando su equipo se incorporó a la Consejería en enero de 2017 se encontraron "con unas bases generales negociadas y aprobadas en diciembre de 2016 por el PSOE, cuyo artículo 3 impuso como sistema selectivo para todos los procesos de selección el de concurso-oposición", lo que podía contravenir la Ley de la Función Pública Canaria que establece como sistema general la oposición. Además, en ese momento no se había iniciado ninguna actuación en orden a la ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2015 la cual caducaba en 2018.

Desde Función Pública se tomó la decisión de "justificar en cada convocatoria el sistema de concurso - oposición, porque si bien el artículo 3 de las Bases Generales así lo decían, sabíamos que ese artículo podía ser anulado, como de hecho sucedió", apuntó.

El TSJC anuló, "como era de esperar", advirtió Barragán, el artículo 3 de las Bases Generales que establece como único sistema selectivo el concurso-oposición, sin perjuicio de la validez de las convocatorias efectuadas en las que se justificase ese sistema.

Ante dicha sentencia, Función Pública pidió a los Servicios Jurídicos que solicitase al TSJC una "aclaración o rectificación de la misma a fin de proporcionar absoluta seguridad jurídica", subrayó Barragán.

Ante esta situación, se tomó la decisión de suspender cautelarmente el plazo máximo para resolver los procesos en curso. Es decir, "suspender el plazo, que no los procesos selectivos", matizó el anterior consejero de Presidencia.

Por tanto, "nadie se ha visto excluido, ni impedido de realizar las pruebas o de presentar sus méritos. Los tribunales de selección han seguido trabajando", aclaró Barragán, para quien "únicamente se aplaza el momento de la resolución final de algunos procesos selectivos, válidamente celebrados".

Barragán aclara que el actual equipo de la Consejería "ha dicho públicamente en medios de comunicación que no le gusta la decisión -a nosotros tampoco-, pero que es válida porque se ha dictado en garantía de todos los opositores. De hecho, pudo haber ordenado dejar sin efecto la suspensión, y no se ha hecho".