El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) considera que el Gobierno de Canarias ha hecho una interpretación excesiva y "de dudosa legalidad" al anular las pruebas selectivas de la función pública.

El TSJC se refiere a las dos sentencias emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo que cuestionaba que el sistema utilizado para acceder de forma genérica al procesos selectivo de la escala e ingenieros, especialidad Ingenieros Industriales, que tiene en marcha la Comunidad Autónoma sea de forma generalizada el de concurso-oposición y no por oposición.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC critica que el Ejecutivo, basándose en las sentencias -una de las cuales todavía no es firme; está pendiente de aclaración- haya dictado una orden "suspendiendo un gran número de procesos selectivos, la mayoría de los cuales todavía no estaban impugnados, algunos ya concluidos".

Asimismo, aclara que el tribunal no ha suspendido ningún proceso selectivo de la función pública, y que si alguien lo ha hecho ha sido la administración autonómica con un acto "de dudosa legalidad".

La Sala lamenta que desde algunos foros se haya señalado que es el tribunal quien cuestiona las oposiciones a funcionarios y genera inseguridad jurídica, "cuando lo único que ha anulado el tribunal son dos puntos de dos procesos que se pueden solucionar perfectamente en ejecución de sentencia".

Por ejemplo, ha añadido, cabe la posibilidad de que se bareme el concurso sólo por el examen, y el proceso será perfectamente válido.

El TSJC destaca que lo que genera falta de seguridad jurídica es "la suspensión de todos los procesos selectivos que se ha hecho de oficio".

Además, enfatiza, "cuando hay actos declarativos de derechos, la suspensión de un acto administrativo requiere de unos procedimientos que están tasados por ley, la revisión de oficio o el recurso de lesividad".